Quienes tengan casos en la justicia ya lo empiezan a notar porque la crisis institucional, que viene desde hace bastante tiempo, empieza a llegar inevitablemente a los trámites de los expedientes. Lamentamos decir que la situación va a empeorar cada vez más rápido porque cuando se acelera el problema “arriba” se potencia en los juzgados.

El problema “arriba” es una crisis muy profunda que no tiene visos de ser resuelta ni en el corto ni en el mediano plazo. Algunas de las razones son bien conocidas porque el juicio político a la Corte Suprema sólo vino a explicitar un enfrentamiento de público conocimiento que existía hace varios años.

Por ejemplo, desde JusTA hace mucho tiempo que venimos insistiendo en la gravedad de la partidización de todo el Consejo de la Magistratura (acá sobre cómo los sectores de la grieta se quedan con todos los cargos que le tocan al Congreso, acá sobre cómo el resto de los sectores se partidizó). Esa situación, que es causa y consecuencia de la nefasta polarización en la que vivimos, ha impedido que se generen los consensos necesarios para que la justicia pueda funcionar.

Esa falta de consensos, incluso internas dentro de la coalición gobernante, es la que ha impedido también siquiera proponer en el Congreso el nombramiento de quien debe reemplazar a Elena Highton en la Corte y del responsable del Ministerio Público Fiscal (hace más de cuatro años que los fiscales funcionan sin titular designado). Para peor, el titular interino Eduardo Casal se niega a designar fiscales con el argumento de que él no es el fiscal titular (ver acá cuestionamiento que hicimos hace ya un año, la situación lejos de mejorar se agravó).

El juicio político a la Corte, incluso iniciado en sesiones extraordinarias como si no hubiera otras urgencias en el país que requieran la intervención del Congreso, no hace más que echar muchísima leña al fuego y hacer que las esperanzas de que se regularice la situación en el corto plazo se conviertan en cenizas. El nivel de agresiones, odio y tiempo que se dedica a tratar de aplastar al otro sector crece exponencialmente y nos hace suponer que incluso en un nuevo gobierno la situación continuará.

La justicia está funcionando actualmente con restos de lo que queda de épocas en las que había cierta convivencia y podían, aunque muy defectuosamente, ponerse de acuerdo en determinados nombramientos y definiciones sobre la administración de recursos y obras. Pero eso se va a ir acabando paulatinamente y cada vez habrá más tribunales sin cubrir, menos obras para paliar el déficit estructural, peor tecnología, entre muchos problemas que irán surgiendo.

¿Quiénes son las víctimas silenciosas?

Ni más ni menos que las de siempre. Jubilados y pensionados a quienes les deben pagos y actualizaciones y que, cada vez más, no llegarán a recibir los beneficios de esas sentencias. Trabajadores y trabajadoras que ahora están esperando más de seis años para recibir sentencias en juicios laborales. Personas con discapacidad que están esperando varios años para amparos por prestaciones de salud. Víctimas de delitos que ya deben aguardar varios años para que se realicen los juicios orales. Personas privadas de libertad sin sentencia a quienes se les viola el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Y también se resiente la economía. Muchas empresas dependen de la justicia para dilucidar conflictos societarios. Es uno de los aspectos que advierten las compañías para decidir invertir en un país y el nuestro ya no tenía buenas credenciales. Los profesionales de la abogacía también sufren por cumplir una labor que es cada día más ingrata y cuyos resultados les son ajenos.

¿Y quienes son los victimarios? Son funcionarios públicos que han sido elegidos para cumplir funciones fundamentales relacionadas con la justicia. Para designar, en el Congreso, a quien dirija la oficina a cargo de todas las fiscalías, para tratar, en el Consejo de la Magistratura, las denuncias contra jueces y juezas, para analizar los concursos para nuevos cargos de camaristas. Pero se levantan a la mañana y no piensan en esa tarea, piensan en cómo intentar destruir al sector político de enfrente.

Es así de sencilla la ecuación, podrán disfrazar el asunto de otra forma diciendo que ese otro sector es el responsable de obstaculizar el funcionamiento de estos órganos judiciales. Pero quienes hemos tenido acceso a la cotidianeidad de esas instituciones hemos visto a personas que no dejan de dormir por los gravísimos problemas que enfrenta la justicia y no sienten gran responsabilidad por la situación.

2023 se presenta como un año durísimo para quienes necesitan la justicia. Veremos reuniones (no muchas) en las que los responsables se echen las culpas unos a otros pero no veremos ningunas decisiones trascendentes para modificar el status quo. 2024 puede ser diferente aunque por la gravedad que han tomado los enfrentamientos tampoco parece traernos buenas perspectivas. En este contexto, nos cabe definir nuestro rol desde la sociedad civil. Somos pocos pero necesitamos de todas las personas que estén dispuestas a combatir contra estos molinos de viento. La esperanza es lo último que debemos perder.

• Esta nota fue publicada el día 24 de febrero de 2023 en el Diario La Nación.