El 17 de abril de este año la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó por segunda vez (con el voto de mayoría de los vocales Miguel Giorgio y Gisela Schumacher y la disidencia del vocal Germán Carlomagno) la condena a Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, a la pena de ocho años de prisión por peculado reiterado. [1] La pena se encuentra muy cerca de quedar firme pues solo falta que se trate del recurso extraordinario federal. Si se rechaza, Uribarri irá a prisión.

Unas semanas antes de que se dictara esta sentencia los defensores históricos de Sergio Urribarri informaron que dejaban el patrocinio pues se habían enterado por los medios de que Fernando Burlando había sido contratado como defensor.

Al tiempo que asumió el equipo de Burlando algunos portales de Internet comenzaron a difundir información falsa vinculada a la intimidad de los magistrados (ver acá y acá). Además, antes de dictarse el fallo condenatorio, la nueva defensa recusó a los dos jueces que luego conformaron la mayoría denunciando una maniobra urdida entre numerosos actores (ver acá).

Luego de dictada la condena, los fiscales del proceso solicitaron la prisión preventiva para Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera, y que empiece a cumplir pena el condenado Pedro Báez (sus defensores no interpusieron el recurso de queja, por lo que la sentencia se encuentra firme en lo que a él respecta). Hasta hoy, estos pedidos no están resueltos debido a las sucesivas recusaciones que han impedido que se conforme el tribunal.

A su vez, dos días después de dictado el fallo, Urribarri presentó denuncia ante el fiscal Guillermo Marijuán, aludiendo a una supuesta “mesa judicial” que había “armado” las causas en su contra. En esa denuncia menciona al periodista de investigación Daniel Enz (sus notas derivaron en la apertura de algunas de las 5 causas por las que terminó condenado), a los fiscales Gonzalo Badano, Patricia Yedro, al Procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amilcar L. García, a las 3 juezas de Casación que confirmaron la sentencia condenatoria, Dras. Davite, Badano y Bruzzo, y a quien suscribe esta nota.

Insólitamente, Marijuán consideró que la justicia federal de CABA sería competente porque el “hecho podría estar aconteciendo dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que se hace referencia a que la revisión de procesos penales seguidos contra su persona -y que habrían concluido con una condena a su respecto- se encontrarían radicados ante los Tribunales de esta Ciudad”.

Luego del sorteo de la causa, el Fiscal Stornelli consideró incompetente a la justicia federal de CABA y requirió la remisión de la denuncia a los tribunales ordinarios de la provincia de Entre Ríos.

Sin embargo, y pese a que el caso transcurrió exclusivamente en Entre Ríos, la jueza María Romilda Servini de Cubría, dispuso el 7 de mayo -previo a resolver sobre la competencia- requerir los expedientes en trámite en Entre Ríos. Esto constituye, indudablemente, una interferencia de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires sobre asuntos que son de exclusiva competencia de la justicia provincial. Conlleva, por un lado, un claro intento entorpecer el trámite normal de la causa y así dilatar el inminente cumplimiento de la pena por el exgobernador y, a su vez, expresa una práctica difamatoria de funcionarios honorables, no sólo para intranquilizarlos e intentar interferir en sus decisiones futuras, sino también bajo la idea de equiparar a todos los actores del proceso en el fango de la inmoralidad, desacreditando falazmente su labor.

Todos los casos -provinciales y federales- pueden llegar hasta la Corte Suprema una vez tramitados ante los tribunales inferiores, pero intentar atajos como el que procuran con la denuncia penal formulada en el caso Urribarri, no hace más que hacer evidente un burdo e ilegal intento de interferir externamente en el trámite de una causa judicial que ha respetado todas las garantías del debido proceso en las cuatro instancias de investigación y juzgamiento transitadas en el Poder Judicial de Entre Ríos.

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[1] La exdefensora de Sergio Urribarri, Claudia Mizawak, es vocal en esa Sala Penal, pero se encuentra excusada de intervenir en sus causas.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.