Lo que sigue es un relato muy difícil y sombrío sobre las consecuencias de tener una justicia y un poder político desconectados de la necesidades de los grupos sociales más vulnerables. La descripción de los hechos revelará una trama en la que, durante muchos años, distintos protagonistas fueron adoptando decisiones para perjudicar a miles de personas de tercera edad para evitar que cobren sus reclamos judiciales. Muchos de ellos mueren sin finalizar sus respectivos litigios. Si la narrativa revela un grado de insensibilidad difícil de comprender es porque es doloroso pensar en esas situaciones y en que algunas personas motoricen planes para llegar a estos límites.

Para entender el estado de cosas actual hay que remontarse a 1989. Durante el gobierno de Alfonsín se creó la Cámara Federal de la Seguridad Social que entendería en las apelaciones de los trámites administrativos. Se le remitieron 20.000 expedientes. En 1995, en el marco de la ley de solidaridad social, se crea la doble instancia, en virtud de la cual cada expediente debe tramitar ante primera y segunda instancia. Sumado a todas estas maldades, se dispuso que los expedientes tramitarían por la vía ordinaria, pese a que -en general- son procesos que no requieren ningún tipo de prueba compleja y que se declaran de puro derecho.

Al año siguiente se crearon los diez juzgados de la seguridad social que están hoy en funcionamiento. En esa época ingresaban al fuero 40.000 demandas, por lo que cada juzgado debía agregar 4.000 expedientes a su “stock” anterior. En 2010 ese número se incrementó a 100.000 demandas mensuales. Para entender el motivo hay que saber que la ANSeS liquida erróneamente casi todos los trámites de jubilación y pensión.

De hecho, para guardar la cantidad de expedientes se alquiló un edificio entero (al que llamaban el freezer). Al tiempo, se declaró que había peligro de derrumbe y debieron adoptarse medidas de seguridad en el edificio. Eran toneladas de papel correspondientes a 80.000 expedientes esperando a que alguien las saque del freezer para revisarlas.

A principios de la década de 2010, la Sala II del fuero comenzó a dictar medidas cautelares para que ANSeS aplicara -mientras tramitaban los reclamos- el recálculo de las jubilaciones en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de multas personales a su director, Diego Bossio. La lógica detrás de las decisiones estaba basada en que eran fallos análogos a otros resueltos a favor de los demandantes por parte de la Corte Suprema. A partir de allí, ANSeS comenzó a recusar sin causa a Luis Herrero, uno de los integrantes de la Sala y denunció a él y a Emilio Fernández -el otro camarista que dispuso las cautelares- ante el Consejo de la Magistratura. Finalmente, la Corte dispuso que era improcedente el dictado de las medidas cautelares por parte de la Sala y de las recusaciones sin causa contra Herrero. En el Consejo de la Magistratura no prosperaron las denuncias. Pero como corolario de las disputas, los jubilados y pensionados debieron seguir aguardando el final de los juicios sin cobrar nada.

Históricamente, los expedientes demoran entre 4 y 9 años, y la gran diferencia depende del juzgado y la Sala de Cámara que salga sorteada. Son plazos irrazonablemente extensos teniendo en cuenta que se tratan de discusiones de puro derecho y con características iguales a las de muchísimas decisiones previas.

De los 10 cargos de jueces, hay 6 que se encuentran vacantes y cubiertos por subrogantes. De los 9 cargos de camaristas, hay 2 vacancias cubiertas por subrogantes. Los concursos (N° 440 para jueces y N° 441 para camaristas) tramitan desde 2020 con un ritmo muy pausado. En el concurso de jueces se están resolviendo las impugnaciones y en el de camaristas convocaron a entrevistas personales. Teniendo en cuenta los ritmos del Consejo, del Poder Ejecutivo y del Senado, en el mejor de los casos, faltan como mínimo dos o tres años para que se produzcan las designaciones.

Es claro que el sistema de seguridad social de nuestro país está roto y estas demoras no son casuales. El Estado, primero, realiza liquidaciones incorrectas de prácticamente todas las jubilaciones y pensiones. La mayoría no litiga y pierde lo que les corresponde. Pero, con quienes deciden pleitear, busca intencionalmente dilatar los procesos, incluso con apelaciones que son inconducentes. Todo esto constituye un trato completamente alejado del que merecen los adultos mayores, a quienes corresponde otro destino. Si no hubiera suficientes fondos para que cobren lo que les corresponde, habría, en todo caso, que blanquear la situación y llevar adelante una discusión parlamentaria para que se transparente el problema.

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