Sólo tres de cada 100 jueces y fiscales santafesinos reciben protección policial en un contexto de presiones intensas sobre el Poder Judicial: la magistratura federal goza del mayor blindaje. En paralelo, existe una disputa política por los recursos que necesita la Policía para las custodias. La violencia escala y los Tribunales de Rosario se miran cada vez más en el espejo de ciudades de la región cuyas instituciones fueron tomadas por la narcocriminalidad.

En Santa Fe, solamente el 3% de los fiscales y jueces están protegidos con custodia policial, con una preeminencia llamativa de la magistratura federal. En 2018 hubo una ola de atentados contra la Justicia y, desde entonces las amenazas persisten, aunque ya no con disparos de por medio. Mientras que en varios países de la región se replican los casos de intimidaciones seguidas de asesinatos, en Rosario se debate cómo administrar los recursos de las fuerzas de seguridad para contener la violencia narco, que ya se cobró 133 víctimas en los primeros cinco meses de 2023.

La Justicia provincial de Santa Fe tiene en total 460 jueces -108 de ellos con asiento en Rosario- y sólo siete reciben algún tipo de custodia. Una relación similar se da con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación: apenas cuatro de los 160 disponen de una consigna para su protección. Y de esos cuatro, dos trabajan en Rosario, según se pudo reconstruir a partir de distintas solicitudes de acceso a la información pública.

En el mismo sentido, de los 11 fiscales federales que tiene Santa Fe, tan sólo uno está custodiado. El único ámbito donde cambia esta tendencia es en el de los jueces federales: gozan de custodia 22 de los 36 en funciones. Cabe destacar que las causas de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos financieros son de competencia federal.
Otra particularidad del Poder Judicial de la Nación en Santa Fe es que desde 2017 -es decir antes de la ola de balaceras- la cantidad de jueces custodiados permanece prácticamente inalterada. Desde ese año hasta hoy, en Rosario siempre hubo 15 magistrados con custodia. Si se mira la totalidad de la provincia, en 2017 eran 21, y desde 2018 esa cifra se mantuvo en 22 cada año.

Por razones de seguridad, ningún organismo está autorizado a revelar quiénes son esos magistrados, pero varias fuentes judiciales consultadas coinciden en que el número que se repite durante los últimos seis años no es casualidad, sino que serían siempre los mismos jueces los que reciben esta protección.

Las custodias en la Justicia provincial funcionan de una forma más dinámica y efímera. Si se produce una amenaza, el Estado responde con una evaluación de riesgo que realiza la Unidad Especial de Protección de Testigos y Víctimas Vulnerables de la Policía santafesina. Según el grado de peligro se decide qué tipo de protección se aplica.

Aunque el riesgo sea extremo, en todos los casos la custodia debe ser consensuada con quien la tendrá. Y sucede que, por distintos motivos, la magistratura suele ser reacia a recibir protección. Entre otros motivos, porque oficiales e incluso brigadas enteras de la Policía de Santa Fe se vieron involucradas en tramas de corrupción con el crimen organizado.

“En parte, estás poniendo el lobo dentro del gallinero. Pero uno tiene que creer que no todo está perdido. Hay un sector de la policía que no está podrido”, consideró al respecto el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, Gustavo Salvador, quien, además, fue presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe hasta abril de 2023. Salvador estuvo custodiado cuando se hizo cargo del expediente por el asesinato del exlíder de la barra brava de Newell's, Roberto “Pimpi” Camino.

El año pasado, 122 policías de la provincia de Santa Fe fueron separados de la fuerza por la connivencia con organizaciones criminales. Y hasta la mitad de 2023 ya eran más de 70 los desvinculados, casi siempre con causas por cobro de coimas y cohecho.

A la hora de aceptar una custodia también pesan las complicaciones de vivir escoltado por guardaespaldas. La presencia policial constante se vuelve invasiva, y es complejo que un fiscal o un juez pueda llevar una vida social y familiar estándar cuando hay un patrullero parado frente a la puerta de su casa, o cuando dos agentes tienen la misión de no perderlos de vista. Por esto, muchas veces los funcionarios rechazan las custodias o se limitan a aceptarlas durante diez días.

De balaceras a amenazas por Zoom

En 2018 hubo una ola de atentados a jueces y fiscales mientras la Justicia avanzaba contra Ariel Máximo "Guille" Cantero, líder de la banda Los Monos, y otros 24 integrantes de esa organización. Tras dictarse las sentencias, el 24 de mayo de ese año, Cantero fue trasladado hacia el Penal Federal de Resistencia, en Chaco. Ese mismo día comenzó un plan de ataque, que concluyó con 14 atentados durante los siguientes tres meses.

El modus operandi se repetía: balear el frente de edificios judiciales y domicilios vinculados a jueces, fiscales y expolicías que habían participado del juicio contra Los Monos. En 2021, “Guille” Cantero fue llevado nuevamente a juicio y condenado a otros 22 años de cárcel por ordenar siete de esas balaceras. Y durante este proceso se reavivaron los tiroteos.

En la primera audiencia del juicio por los atentados, Cantero lanzó su célebre frase: “contrato sicarios para tirar tiros a jueces”. Lo dijo cuando se le consultó de qué trabajaba. Esa declaración se convirtió en el método con el que hoy los criminales mantienen vigentes sus amenazas contra la Justicia: amedrentan por sesiones virtuales, desde la cárcel, del otro lado de la computadora y a kilómetros de distancia de los Tribunales.

Para el camarista Gustavo Salvador es un error subestimar estas intimidaciones, aunque sean por Zoom: “en el inconsciente de todos nosotros transitaba la idea de que perro que ladra no muerde. Hoy esa idea no es tan así. Lamentablemente los límites se están corriendo muchísimo y es factible que en algún momento pueda llegar a suceder (Nota de la Redacción: que se concrete un crimen contra un funcionario judicial). Son los caminos que recorren aquellos países que pasaron por lo que estamos pasando en este momento nosotros”.

Las amenazas no se ven solo en los juicios virtuales. En febrero, al senador provincial de la UCR, Lisandro Enrico, le llegó un mensaje intimidante por WhatsApp. Los destinatarios fueron el propio Enrico; el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal del Juzgado Federal, Javier Arzubi Calvo; la fiscala provincial Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

“Están todos metidos en la bolsa, son todos corruptos. Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, prometía el texto, que incluía la foto de un arma. Se cree que lo mandó desde el penal de Rawson el cabecilla de una banda narco de Venado Tuerto.

“A la luz de lo que está pasando en Rosario, si no hay un riesgo real, hay un riesgo potencial muy claro. Cada vez se pasan más límites, pero uno trata de pensar que esto no va a ocurrir”, reflexionó al respecto el senador Enrico, a cinco meses de recibir la amenaza.

El caso movilizó a la comunidad judicial, y motivó un llamado entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, donde este se comprometió a reforzar los recursos para garantizar la integridad de jueces y fiscales.

Sin embargo, el senador Enrico plantea que pese a la exposición y los riesgos que él mismo reconoce, debe reverse la cantidad de consignas judiciales. El bloque que Enrico representa en el Senado cree que esos hombres y móviles deberían estar patrullando las calles.

La disputa política

En marzo el ministro de Seguridad santafesino, Claudio Brilloni, se reunió en el Senado con legisladores de la oposición. El objetivo fue destrabar la Ley de Emergencia, que está en la comisión y sobre la que se pretende introducir un artículo que le brinda al Ministerio una potestad que hoy no tiene: decidir si cumple o no con la orden judicial de activar una custodia, entre otras disposiciones que puede hacer un juez y que afectan los recursos de la Policía.

“No puede venir la Justicia a manejarte el Ministerio de Seguridad y ordenarte el patrullaje, porque desestructura todo el trabajo”, declaró al respecto Lisandro Enrico, quien impulsa esta medida.

Al momento de elaborarse esta investigación, en Santa Fe había 347 consignas judiciales activas, entre custodia de imputados, testigos, víctimas, funcionarios e inmuebles. La Policía de Santa Fe cuenta con 19.000 agentes, de los cuales 5.070 están en Rosario. También tienen apoyo de la Policía de Acción Táctica, que aporta 700 efectivos. La Policía Comunitaria contribuye con otros 600. Aparte, hay 2.000 policías de la Agencia de Investigación Criminal y de la Agencia de Control Policial.

Consultado sobre esta disputa, el ministro Brilloni reconoció que las custodias insumen una cifra significativa de recursos -en algún momento en Rosario se llegó a utilizar la mitad de los patrulleros disponibles-, pero rechazó que sea necesario limitarlas. “Forma parte del trabajo policial el cuidar desde a un fiscal hasta a una víctima de violencia de género. Es un objetivo de interés institucional para el cumplimiento de la misión que tiene asignada la Policía. Los jueces tienen que tener la plena seguridad de que si deben bajar el martillo con una pena dura, el Estado les va a ofrecer todas las garantías para cuidarlos”.

Hasta julio de 2023, ningún juicio se retrasó o sufrió excusaciones como consecuencia de amenazas. Tampoco se le negó la custodia a ningún juez o fiscal que la haya solicitado. Pero Salvador advirtió que, si bien el poder de fuego del crimen organizado se redireccionó, las balas pueden volver en cualquier momento.

“Y no estamos lejos, porque el clima de pánico que se está viviendo en la calle tiene que ver con el descontento de gente que está dentro de las cárceles. Se les está restringiendo privilegios a los que estaban acostumbrados. Por ejemplo, tener celular, y organizar extorsiones y homicidios desde adentro. Esas restricciones van a generar más enojo y ese enojo se va a traducir en más tiros. Como los que ordenan esas restricciones somos nosotros puede suceder que empiecen de nuevo los atentados”, analizó el expresidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe.

En contraposición, el ministro Brilloni descree que jueces y fiscales puedan ser víctimas de otra ola de violencia al menos en lo inmediato: “No tenemos advertencias que nos permitan inferir posibles ataques como los de 2018. Esos hechos, además, nos han dejado enseñanzas de cómo llevar adelante las tareas de inteligencia criminal, de investigación judicial y de despliegue preventivo”. Lo cierto es que las directivas del crimen organizado se siguen dando desde la cárcel, aunque hoy el blanco no son los jueces y fiscales, sino que las armas apuntan hacia escuelas, comercios y clubes de barrio.

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Iago Vieyra elaboró esta investigación en el ámbito del programa de Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red desarrollado por el Foro de Periodismo Argentino, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia durante 2023.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.