Camila Solange Medrano fue detenida por haber estado en una casa de un barrio porteño donde pasaba la droga, pero ella logró demostrar que su vida y la de sus hijas estaban en riesgo. Paradójicamente, fue un hecho de violencia extrema el que terminó por salvarla.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Camila Grigera Naón elaboró esta crónica con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (Julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

Entre 2019 y 2023, hubo 153 condenas de mujeres por microtráfico de drogas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las mujeres son el 33 por ciento de las personas condenadas por ese delito en los últimos cinco años en la CABA, según la investigación de la Red Federal de Periodismo Judicial.

Camila Solange Medrano, 30 años, fue una de ellas. A pesar de que la policía le encontró más de tres kilogramos de cannabis y cocaína (una cantidad que no figura en el expediente), pudo recuperar su libertad y ser absuelta.

El 7 de junio del 2018, Medrano fue detenida en la calle mientras salía de un kiosco. Pasó casi dos meses privada de la libertad en tres centros de detención distintos. Pasó tres años y medio con una pulsera electrónica ajustada al tobillo hasta que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín la condenó a seis años de prisión por tráfico de marihuana y clorhidrato de cocaína.

Entonces se intensificó uno de los períodos más dolorosos de su vida y de la de su familia. Pero, pese a esa derrota, Medrano no bajó los brazos. Tampoco los bajó Florencia Hegglin, su defensora pública. Mediante un recurso de casación consiguió hacerle entender a los jueces que había sido obligada a participar del delito por coacción. Bajo violencia de género.

Pasó otro año y medio hasta que Medrano fue absuelta y logró deshacerse del antecedente penal que ponía en peligro la posibilidad de obtener un trabajo formal. Pero Medrano ya había perdido mucho. Mientras estuvo con arresto domiciliario, no pudo llevar a sus hijas al colegio de manera regular; no logró acompañar a su madre a sus turnos médicos mientras recibía quimioterapia por un cáncer de colon terminal, ni tampoco pudo terminar la secundaria. Había sufrido lo que en la jerga jurídica se denomina como daño irreparable. Le tocó una vida difícil. Desde chica tuvo que ingeniárselas para subsistir en un ambiente hostil.

A los 13 años, Medrano terminó en un hogar para menores porque sus padres estaban en conflicto por la separación. Recién dos años después, su madre recuperó la custodia de sus hijos. A los 15 años, volvió a encontrarse a la deriva tras repetidas violaciones sexuales de su padrastro y abuelastro.

Ese mismo año, con sólo 16, Medrano conoció al padre de sus hijas, con quien compartiría los próximos ocho de su vida. Víctor Augusto Polo Castañeda le llevaba casi dos décadas de edad.

El primer episodio de violencia que sufrió Medrano en sus manos ocurrió cuatro meses después de salir con él. Utilizó un palo para pegarle y casi le fractura la muñeca. Al principio los arrebatos fueron esporádicos, pero pronto se convirtieron en un hábito.

En 2012, a los 18 años, Medrano tuvo su primera hija. En marzo del 2014 ya era madre por segunda vez. En abril del año siguiente, dio a luz a su hija más chica. Para entonces los episodios de violencia eran rutina, pero ella los justificaba e intentaba mantener la calma en el hogar y proteger a sus hijas de la violencia de Castañeda.

Medrano también vivía con su cuñada, Noelia Polo Castañeda, y otros integrantes de esa familia en el barrio de San Cristóbal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convivencia siempre fue tensa. La casa estaba tomada, y la controlaba Noelia, a quien Medrano le pasaba mensualmente su parte del alquiler.

Pasaba el tiempo y Medrano se aislaba cada vez más. Ya no tenía permitido hablar con su familia y se encontraba a merced del agresor y su familia, no menos violenta.

“Me decía: ‘te quedás acá’ y yo me quedaba, no tenía comunicación con mi familia, mi abuela se daba cuenta de lo que pasaba pero no podía llamarla. Me decía: ‘Vos no servís para nada, no sabés cocinar, no sabés lavar la ropa y me engañaba”, declaró Medrano en el expediente judicial de la causa.

“Él hacía lo que quería, metía amigos en la casa a vivir y no podía decir nada. Los tenía que atender. Yo me tiré muy abajo, sentía que no valía nada de lo que hacía, todo me lo tiraba abajo”.

Si Polo Castañeda no estaba en casa para cumplir con las demandas de su hermana, ella le exigía a Medrano que las llevara a cabo. Si no obedecía, le esperaba una golpiza y el desalojo. Medrano procedía con resistencia y terror. “Yo trataba de involucrarme lo menos posible. Atendía el teléfono y, después, ella [Noelia] vería a quien mandaba” a cumplir con la entrega.

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Medrano siempre supo que tenía que salir y sacar a sus hijas de ese ambiente, pero la desalentaba el miedo a la golpiza. Cuando no trabajaba para dar de comer a sus hijas, se aseguraba de tener la comida hecha para su pareja y mantener la casa limpia. Sus hijas siempre fueron su responsabilidad exclusiva. Castañeda nunca las reconoció y desde que nacieron llevaron el apellido de la madre.

En marzo de 2018 llegó el punto de inflexión. Noelia ya lideraba un negocio de venta de cocaína y marihuana. En la casa donde Medrano criaba a sus hijas se hacía coordinación, embalaje y contaduría del negocio. Polo Castañeda entregaba la mercadería a los clientes.

“La plata que él hacía nunca llegaba a mi casa para pañales o comida”, contó Medrano. Participaba porque no tenía otra opción más que la violencia, “problemas, golpes, peleas, o discusiones”. Era eso o “me quedaba en la calle”, recuerda. “Estaba acorralada”, explicó.

“Le dije [a Noelia Polo] que no quería más. Me respondió: ‘bueno, te vas de la pieza’”. Juntó algunas pertenencias y se refugió con sus hijas en casa de su abuela.

Pensó que lo peor había pasado, pero no. El 16 de febrero del 2018 a las seis de la tarde, volvió a casa de su expareja a buscar la ropa de sus hijas. Apenas llegó, Polo Castañeda comenzó a insultarla, la agarró del cuello y comenzó a golpearla en el pecho y en la cabeza. Luego intentó clavarle una cuchilla y prender fuego la vivienda con una garrafa.

Medrano gritó por ayuda. Dos vecinos lograron quitarle la garrafa a Polo Castañeda y llevarlo al patio. Medrano vio la oportunidad y se escapó. En la calle, encontró un patrullero y le relató lo sucedido. Mientras, Polo Castañeda salió de la casa con dos varillas de madera de unos 35 centímetros de largo con puntas afiladas para agredir a Medrano. Después de un breve forcejeo, el policía logró detener al agresor.

Hoy Castañeda cumple una condena de ocho años por distintos delitos como robo, tráfico de drogas y violencia de género.

Pero lo peor seguía sin llegar.

En junio de 2018, Medrano salía de un kiosco bajo la mirada de dos hombres. Uno se acercó al otro para susurrarle “es ella”.

Eran policías vestidos de civil. La arrestaron por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. Medrano volvió a quedar en cautiverio, pero esta vez en la esfera del Estado.

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Medrano no tenía historial delictivo, quizás por eso Víctor y Noelia pensaron que sería más discreto utilizar su celular para desarrollar la logística. “En mi teléfono hablaban todos. Como sabían que sus teléfonos estaban pinchados, preferían hablar desde mi teléfono”, explicó Medrano.

Mediante escuchas telefónicas la fiscalía la asoció al delito de los hermanos Polo Castañeda. Pero cuando la policía allanó la casa tomada de los Polo Castañeda, Medrano ya no vivía ahí.

A la justicia le llevó tres años y medio dictar la sentencia definitiva. Mientras tanto, Medrano recibía aprietes de su expareja en prisión y de sus familiares para aceptar un juicio abreviado.

“Eran muchas las amenazas. [Victor] me decía ‘tenés que aceptar el abreviado’. Yo no quería. Fui la única que aceptó el juicio oral”, contó Medrano en una entrevista telefónica. Yo dije: “no, yo voy a ir a juicio. Lo lamento por todos ustedes, pero yo voy a ir a juicio.”

Medrano nunca cedió a la intimidación porque tenía esperanzas que entendieran los motivos que la habían llevado a participar en el delito. Su condena terminó siendo mayor, pero, después de cinco años largos, Medrano logró su absolución.

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Es irrefutable que Medrano había actuado por un estado de “necesidad justificante”. Al cumplir el mandato asignado por su expareja, estaba en juego su vida, su seguridad y la de sus hijas menores de edad, según dice Florencia Hegglin, su defensora pública.

Cuando la detuvieron en junio de 2018 ya no vivía más en la casa de los Polo Castañeda y Víctor. Pero le atribuían “la droga en poder de Noelia. (...) Porque habían escuchado conversaciones donde ofrecía o daba la pauta que estaba por vender o que iba a buscar droga”, explicó Hegglin.

Hegglin buscó probar que su rol en el hecho penal fue secundario, dado que su aporte no era esencial a la ejecución del delito (llamado coloquialmente “narcomenudeo”). Su participación no era relevante en el negocio, cualquier persona podría haber realizado el rol de Medrano.

“Si es una participación secundaria, opera muchísimo la cuestión de género. (...) Muchas veces, las mujeres no lideran el tráfico, no organizan ni quienes compran droga para venderla al menudeo. Este rol muchas veces lo ocupan los hombres”, explicó Hegglin.

Además, la exposición reiterada a la coacción condicionó su capacidad para tomar decisiones. La “violencia cronificada” se vive como un “desamparo aprendido”. Los eventos negativos se cronifican y permean a la persona que presenta una “consecuente incapacidad para defenderse, permaneciendo en relaciones abusivas”, advirtió la pericia psicológica confeccionada por la licenciada Melina Siderakis.

“Mujeres que viven en contextos de violencia de género tan extremos, (podrían) desplegar las conductas que en cada caso se le exigían o se esperaban pues (...) les permitían salvaguardar su vida e integridad física”, detalló Gabriela Bacin, la trabajadora social que confeccionó el informe social del expediente judicial.

A Hegglin le tocaron otros casos de mujeres condenadas por delitos de microtráfico y lograr una absolución no es normal. “No es común, no se ve para nada la perspectiva de género en el análisis dogmático. Es lo más difícil de instalar y de discutir”, explicó.

Ejemplo es el fallo del Tribunal que la condenó en 2017 quen no tuvo en cuenta estos y otros aspectos. Aquel tribunal “incurrió en arbitrariedad al efectuar una valoración parcializada y sesgada de la prueba”, dice el fallo del juez Guillermo Yacobucci, presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.

En agosto de 2023 y al absolver a Medrano, el magistrado resaltó que además del estado de necesidad justificante, Medrano fue víctima de violencia de género dentro de un contexto general de vulnerabilidad.

“Ellos son fiscales o jueces, y les importa lo que pasó en ese acto, no el por qué. Pero así no ven el sufrimiento de esa persona, el sufrimiento de los niños, de las familias. No ven todas esas cosas”, detalló Medrano. “Pienso que una persona que no fue sometida, abusada, que no lo maltrataron, no lo hace. Hoy en día no lo hago. Yo salía de una violación y a los 16 lo conocí a Víctor. Me agarraron desde muy chiquita, me adiestraron”, reflexionó.

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Aunque Medrano recuperó su libertad en agosto de 2023, cumplió cinco de los seis años de su condena original con un arresto domiciliario. No podía salir de casa sin permiso judicial.

“Pedía permisos para llevar a mis hijas a la escuela, me los otorgaron. Cuando pedía permisos para llevarlas a controles médicos a veces me los otorgaban, a veces se olvidaban de avisarme que los tenía”, lamentó Medrano. “Como eran tantos los permisos para mis tres hijas, directamente se olvidaban”, lamenta.

Medrano no solo cumplía su rol de madre, sino también su rol de hija. A mediados de 2023, su madre fue diagnosticada con cáncer de colon.

Medrano realizó los trámites para acompañarla, el cáncer había hecho metástasis, pero la autorización no llegó a tiempo. Cuando su estado de salud se volvió terminal, Medrano le avisó a su defensora que iba a acompañarla sin los papeles. La defensora le pidió que le mandara todo tipo de material que justificara su salida para después presentarlo al juez.

“El primero de junio de 2020, a las 18 horas, mi mamá falleció en mis brazos en la casa de mi abuela”, agregó Medrano. No haberla podido acompañar durante el tratamiento es una de las varias secuelas que el arresto domiciliario le dejó. Además, la condena también tuvo repercusiones en sus hijas.

Hace dos años su hija mayor está con tratamiento psicológico. “Era muy agresiva, rompía todo lo que tenía o lo que se le regalaba, por la vivencia en la que había estado”, contó Medrano. “Incluso, el año pasado se llegó a cortar las venas simplemente por cosas que pasaban en la escuela”.

Su hija del medio actualmente está con tratamiento psicopedagógico porque le cuesta expresarse.

Pasada la tormenta, Medrano vive en Villa Lugano con sus tres hijas. Desde que logró su libertad, retomó el secundario y el trabajo que le impedía el arresto domiciliario. Trabaja como empleada doméstica, y a partir de su absolución, busca trabajos en blanco para obtener una mayor seguridad laboral. También se está formando para convertirse en enfermera.

En la venta la por menor de drogas, “no estamos hablando de un asesinato o de una violación. Estamos hablando de algo que sí es un delito y que a nadie recomendaría hacerlo”, señaló. “Pero deberían fijarse en el detrás, en que pasó en la vida de esa persona para llevarla a lo que hizo”, piensa Medrano.

Aunque Medrano fue absuelta en agosto del 2023, recién entendió lo que significaba cuando hicimos la primera entrevista para este reportaje en mayo del 2024. Medrano tenía la impresión que fue exculpada, no absuelta. Es decir, pensó que aún tenía la condena en sus antecedentes penales. Por eso se limitó a buscar trabajos informales, son pocos los empleadores que contratan condenados. Cuando Medrano tuvo una copia del expediente judicial con su absolución, entendió que no tenía que esperar diez años para rehacer su vida. Al escucharlo, suspiró con alivio.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.