El crimen organizado y los delitos complejos, además de sus víctimas directas, tienen implicancias dañosas en las sociedades en que sus actividades ilícitas se llevan a cabo. El narcotráfico, la trata de personas o las mafias, generan un daño en el tejido social para cuya reparación es necesario que se activen múltiples mecanismos estatales y que, en general, no culminan con una condena penal por parte del Poder Judicial. Por el contrario, ese suele ser sólo el comienzo del camino a la reparación integral del daño ocasionado.

Es que, en la mayoría de los casos, este tipo de delitos sólo es posible con la participación de numerosas personas y con la utilización y empleo de múltiples bienes (casas, hectáreas de campo, automóviles, armas, estupefacientes, dinero o criptoactivos, documentos apócrifos, entre miles de otros más), muchos de los cuales suelen contar con un alto valor patrimonial. Cuando este tipo de casos ingresa a la Justicia, en el marco de un proceso penal, estos bienes que se utilizaron para cometer delitos suelen ser objeto de medidas cautelares y decomisos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, éstos terminan destruyéndose, perdiendo valor y utilidad. A su vez, el Estado “invierte” en recursos para su guarda y mantenimiento.

A pesar de que la Justicia secuestra, incauta y decomisa bienes en forma constante no existe un régimen uniforme respecto al tratamiento a estos bienes y qué destino darles. Más aún, la legislación que rige estos casos actualmente tiene casi 40 años e incluso, en muchos casos, es contradictoria entre sí.

Así, se ha puesto especialmente el foco en el hecho de que son necesarias prácticas comunes de coordinación y colaboración que sean capaces de afrontar la complejidad con que se presenta la realidad de este tipo de asociaciones ilícitas.

Deseando contar con un nuevo régimen respecto de los bienes decomisados, con el apoyo de distintos sectores de la sociedad, se logró la elaboración y presentación del proyecto de ley “Proyecto de Ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados y Decomisados” ante la Cámara de Diputados, con la firma de legisladores y legisladoras de todo el arco político (el proyecto cuenta hoy 23 firmas).

El eje central de este proyecto es establecer una política de reutilización social y procedimientos unificados para que el Estado vele por la correcta custodia, administración y destino de los bienes objeto de medidas cautelares y decomiso en causas penales de competencia de la justicia federal. El proyecto de ley crea un sistema para la administración de estos bienes y para su reutilización social. Para llevar adelante este mecanismo, se propicia la creación de un organismo a cargo de la aplicación y control de este sistema de reutilización social: la Agencia Federal encargada de la administración estos bienes que asegure se realice siguiendo los principios de democracia, eficiencia, transparencia y participación de diversos organismos del Estado y de la sociedad civil.

La reutilización social de estos bienes se materializaría en un proceso en que la Agencia Federal recibe dichos bienes, los clasifica, pone a resguardo y entrega su custodia y administración a miembros de la sociedad civil que sean capaces de ponerlos al servicio de la comunidad.

Cabe resaltar que el proyecto de ley es extensivo tanto a los bienes muebles e inmuebles secuestrados, como así también a unidades productivas y/o de comercialización.

Es importante poner el foco en que una propuesta de control, administración y reutilización social de bienes como la que se trata en el presente proyecto de ley, es una gran oportunidad para el Estado de utilizar los recursos que tiene a su disposición para reparar el daño que generan estos delitos tan complejos en la sociedad argentina.

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Este proyecto de ley fue elaborado y presentado en el marco del proyecto Bien Restituido - para el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada y el fortalecimiento de la sociedad civil. Se trata de una iniciativa financiada por la Unión Europea. El proyecto es impulsado por cuatro organizaciones: Libera, Asociaciones, nombres y números contra las mafias; Circolo Giuridico di Argentina; ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y Fundación Multipolar.