Bucear en las bases y documentos judiciales. Extraer y reunir la información. Contrastar, hilvanar e interpretar. Contextualizar. Así es el camino para obtener una foto de la realidad, construida con números, de uno de los servicios estatales menos habituados a rendir cuentas. “Los datos sirven para contar la crisis del Poder Judicial de la Nación”, explica Sebastián Pilo, abogado y exdirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Fue uno de los expositores de la charla “Introducción al periodismo judicial basado en datos”, que se concretó a principios de mayo en el contexto del taller para abogados y periodistas organizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la ACIJ en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Con una ristra de cifras, el especialista brindó las razones concretas que derivan, dijo, en un sistema federal lento y con resultados deficitarios. Hace una advertencia clave antes de comenzar a graficar la situación: afirma que desde 2013 que no hay estadísticas judiciales en la Argentina. “Hay un apagón estadístico”, sentencia.

“El Poder Judicial está en emergencia”, consigna. “Tenemos dos grandes sillas vacías. Llevamos más de 500 días sin una jueza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde 1/11/2021 y casi 2.000 sin Procurador General titular, desde 31/12/2017. Es decir que tenemos a la Corte incompleta en su conformación y la cabeza del Ministerio Público Fiscal con un interino. Hacia abajo hay otras debilidades. Hay 265 cargos vacantes, el 26,8% de jueces y juezas. Esto se traduce en que el 49,4%, es decir que la mitad (de las oficinas), tiene un juez con más de un juzgado a cargo, lo que deriva en lentitud de los procesos y déficit en la calidad de los resultados”, revela.

Pilo añade que esto se explica, en parte, porque hay 244 concursos en trámite ante los poderes del Estado para cubrir las vacancias: 157 están en el Consejo de la Magistratura; 48 en el Poder Ejecutivo; 39 en el Senado. En tanto que suman ocho las vacantes que no se están en vías de solucionar.

“La situación también es grave en el Ministerio Público Fiscal. Tenemos el 53% de los fiscales titulares. Más del 46% de los puestos están vacantes (157). Se explica porque no tenemos Procurador General titular desde hace años. Hay una parálisis generalizada en el sistema de concursos”, consigna el profesional. El 65% de los procesos para cubrir esos lugares no se inició.

Pero hay aún más caras de la problemática. También es bajo el ritmo que siguen los procesos disciplinarios. Las denuncias en trámite son 290 y, de ellas, 63 tienen fecha de vencimiento el año próximo ¿Qué quiere decir? “El 21,37% de los cargos judiciales están ocupados por un juez o jueza denunciados”, subraya. “La emergencia necesita ser contada”, justifica.

¿Por qué usar datos?

La abogada Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ, argumenta que es valioso para el periodismo judicial poder abordar el sistema desde una mirada sobre su estructura y funcionamiento. Señala la importancia del acceso a la información pública y que las instituciones de esa naturaleza tienen la obligación de producir y publicar información.

“El Judicial es el sistema más opaco y no está acostumbrado a rendir cuentas. Por distintos motivos que tienen que ver con quienes lo conforman y la forma en la que se accede a esos cargos. El acceso a la información es un derecho humano fundamental y está garantizado en la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia. Los datos permiten un monitoreo de cómo ejercen sus funciones los sistemas. No es menor cuánto tardan los procesos de selección o los disciplinarios”, consigna. Añade que tener la información a disposición permite el control de la ciudadanía y es clave para la gestión judicial y para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Lucarella manifiesta que pueden plantearse dificultades a la hora de trabajar con datos:

• Que los que necesitamos no están producidos. No es lo mismo la publicación que la producción de la información.

• Que estén producidos pero no con el nivel de disgregación que se requiere.

• Que no estén publicados.

• Qué estén publicados, pero en formatos cerrados o no sistematizados.

“Trabajar con datos también es mostrar que no hay datos y que no hay respuestas a pedidos de información”, añade Ezequiel Nino, abogado de ACIJ y periodista. Describe que el periodismo es un actor fundamental para que la sociedad civil mire hacia la Justicia Federal, aunque esté debilitado en el país y, sobre todo, en las provincias.

Aportó algunos recursos que sirven para acceder a información (https://causasdecorrupcion.org, https://justa.acij.org.ar/procesos-disciplinarios, https://datos.jus.gob.ar, entre otras). “Sabemos que en las provincias es difícil, pero no hay que dejar de intentar y exigir. Es importante fortalecer el trabajo en red con organizaciones que puedan acercarse. Los resultados de los trabajos cambian. Se trata de aprovechar lo que está disponible y ponerlo a disposición”, concluye.