Una investigación de Ruido detectó que 6 de cada 10 magistrados de los máximos tribunales locales fueron funcionarios o socios de los gobiernos que los propusieron para esos cargos. Casos que reflejan qué puede pasar cuando los nexos son hasta familiares.

Los escándalos de corrupción y abusos de poder que suceden en Argentina suelen estallar como volcanes y esparcirse hasta donde llegan las cenizas.

La mayoría de esas investigaciones son reflejadas por periodistas y medios que apuestan a exponer ese tipo de situaciones en profundidad.

Desde hace ya casi 4 años, Ruido propone algo distinto: investigar las entrañas mismas de la corrupción y de los abusos de poder, sin ser necesariamente impulsados por eventuales escándalos que por algún motivo suelen salir a la superficie.

El informe “6 de cada 10 jueces de las cortes provinciales tuvieron vínculos con el poder local” es parte de esa metodología federal, que relevó los antecedentes de las 138 personas que integran los máximos tribunales de cada provincia (más la Ciudad de Buenos Aires), con conclusiones alarmantes.

Que 88 de esos 138 jueces hayan sido funcionarios o socios de gobiernos que impulsaron sus nombramientos para esos tribunales, explica gran parte de los problemas institucionales argentinos que conducen a una democracia de baja intensidad: ínfima separación de poderes, escasa independencia entre ellos, corrupciones sin castigo, opacidad y muy poca predisposición judicial para investigar a los poderes locales.

Lo que sucede en los 24 distritos del país suele estar fuera de la mira de los grandes medios nacionales, pero explica gran parte del país que somos.

Hallazgos principales

De los 138 jueces que hoy integran los tribunales supremos provinciales en Argentina, 88 ( 64 %) registran vínculos previos con gobiernos locales -como haber sido funcionarios, asesores, legisladores, militantes partidarios o socios de gobernadores antes de asumir.

De ese grupo, 76 fueron nombrados durante gestiones del mismo signo político con el que tenían vínculo.

En provincias como La Rioja, San Juan y San Luis, todas las bancas de sus Cortes Supremas fueron ocupadas por personas con vínculos previos con el poder.

Un caso paradigmático: en La Rioja, una jueza fue designada siendo sobrina del gobernador, lo que suscitó críticas por nepotismo.

En otras provincias, hay ejemplos de jueces que antes eran ministros, fiscales del Estado, legisladores, o socios/abogados de funcionarios, lo que evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón recurrente.

Según juristas consultados, la existencia de esos nexos no implica automáticamente corrupción o direccionamiento en los fallos, pero sí erosiona la confianza ciudadana en la justicia. En América Latina, sólo el 28 % confía en la justicia; y en Argentina ese número baja al 22%, según los últimos datos del Latinobarómetro.

Además, muchos poderes judiciales provinciales no publican las biografías o antecedentes de los jueces, lo que dificulta la transparencia y el control público

El caso de La Rioja es uno de los ejemplos más claros para analizar la calidad institucional: en diciembre de 2021 estallaron las críticas de la oposición cuando el gobernador Ricardo Quintela propuso e hizo nombrar –en un trámite exprés en el Legislativo– a su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior de Justicia.

A los cuatro meses de asumir, además, la eligieron presidenta del máximo tribunal.

El esposo de Becerra, Ernesto Pérez, fue secretario de Agricultura y ahora ministro de Producción y Ambiente de Quintela y, además, socio del mandatario en el establecimiento agrícola ganadero El Mistol SRL.

En esta provincia, los cinco jueces del Tribunal Superior fueron antes funcionarios directos de gobiernos peronistas: Claudio José Ana fue fiscal general; Claudio Nicolás Saúl, ministro de Gobierno y diputado; Luis Alberto Brizuela, secretario de la Gobernación; y Gabriela Asís, ministra de Gobierno.

En el caso de San Luis, los cuatro jueces actuales fueron designados durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá (peronismo), cuya última gestión finalizó en 2023. El actual mandatario Claudio Poggi, quién ganó las elecciones como oposición, siguió con la tradición de su antecesor y propuso como miembro del Superior Tribunal a Víctor Endeiza, actualmente fiscal de Estado y también primo del vicegobernador, Ricardo Endeiza.

También se pueden encontrar historias como la del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, detenido el 19 de noviembre de 2024, tras ser condenado a ocho años de prisión por delitos de corrupción, pero liberado gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, su paso por la cárcel fue de sólo 50 días. Para sacarlo de prisión fue clave el voto del presidente del máximo tribunal de la provincia, Leonardo Portela, exsecretario del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gualeguaychú (2007-2008), que desempeñó esa función cuando Urribarri era el gobernador de la provincia.

Debate sobre el método de nombramiento

Entre los 24 distritos analizados, el peronismo es el signo con el que más vínculos políticos previos tuvieron los jueces relevados. Como consecuencia, es también el signo político de las gestiones que más jueces nombraron (87 de los 138 casos).

“La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad”, señalaba en esa investigación Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y ex presidenta de Transparencia Internacional. “La politización de la Justicia es responsable -en parte- de esta situación. A pesar de algunas reformas, los mecanismos de nombramiento y remoción de los jueces no han logrado disipar las dudas sobre los compromisos políticos y vinculaciones de magistrados y el poder político de turno”, analiza la jurista.

“Es fundamental que volvamos a repensar los procesos de selección de las Cortes Supremas, y eso incluye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En muchos casos son procesos políticos en los que interviene el Poder Ejecutivo y luego una aprobación del Legislativo, con escasas o nulas instancias de participación ciudadana y/o de transparencia en el proceso”, afirma Clara Lucarella, coordinadora de los Programas de Fortalecimiento de la Democracia y Apertura del Poder Judicial de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia”).

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.