Establecer si los salarios de funcionarias o funcionarios públicos son altos resulta siempre de muy difícil determinación. Resulta más accesible evaluar, por ejemplo, qué salarios del Estado Nacional son más altos o cuáles son los niveles de transparencia de este tipo de información, lo que debería ser de fácil acceso para toda la ciudadanía.

Sobre los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa se suele decir que:

• Son salarios muy superiores a los del resto de la administración pública, sobre todo en relación a lo que gana una funcionario de alta jerarquía del Poder Ejecutivo (bastante menos de la mitad ganan Ministros del PEN en relación a Camaristas del PJN).
• No pagan impuesto a las ganancias, salvo quienes ingresaron con posterioridad a la reforma de la ley del impuesto en 2017. El Consejo de la Magistratura aprobó un protocolo a principios de 2019 para que solo ciertos rubros de los salarios de esos nuevos magistrados sean alcanzados por el impuesto. El cálculo es que pagan aproximadamente el 12% del salario en lugar de casi el 35% como otros sueldos similares.
• Además de ser altos, tienen beneficios asociados que ningún otro salario del Estado tiene (vacaciones de un mes y medio, una obra social del nivel de los mejores planes de medicina prepaga, jornadas en muchos casos reducidas a seis o siete horas) y que en el sector privado es muy difícil tener ingresos de esa naturaleza.
• Para muchos profesionales ingresar al Poder Judicial representa lo que llaman “jaula de oro”: preferirían trabajar en ámbitos menos burocráticos o en el que sea más evidente el aporte social que hacen pero quedan atrapados en costos de vida elevados derivados de salarios altos y no pueden encontrar nada por fuera que les permita mantener ese nivel.

Lo que no se ha dicho hasta ahora es que existe una engañosa transparencia sobre lo que cobran jueces, fiscales y defensores oficiales.
Si cualquier persona quisiera conocer los salarios de magistrados y magistradas judiciales puede recurrir a las páginas de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Aquí los links:

• Salarios del Poder Judicial
  
• Salarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Salarios del Ministerio Público Fiscal
• Salario del Ministerio Público de la Defensa
  

Sin embargo, la realidad es muy diferente a lo que indican esas escalas porque allí faltan varios suplementos que figuran en los recibos de sueldo como: “cargo funcional c/ bonificación título”, “permanencia categoría”, “antigüedad en el título” y “diferencia suplementaria bonificación”. La diferencia entre lo que indica la escala salarial publicada y la real podría llegar hasta un 50%. Es decir, que si un magistrado de primera instancia figura como cobrando en mano $625.286,48, en la realidad el promedio de quienes están en ese cargo cobran -de acuerdo a nuestra investigación y a haber visto distintos recibos- alrededor de $1.000.000. Cuando subrogan otro juzgado lo que reciben en mano es alrededor de $1.300.000. Además muy pronto se hará una reactualización de entre 15% y 20%.

Para juezas, fiscales o defensores de Cámara figura una escala salarial de $796.000 pero en la práctica el promedio que perciben neto (libre de cualquier retención o impuesto) es de alrededor de $1.300.000. Con una subrogancia se alcanzan casi $1.700.000 pesos mensuales en mano. El sueldo publicado de las y los jueces de Cámara de Casación es de $, pero cobrarían en promedio alrededor de casi $900.00 pesos.

Sobre los sueldos en mano de jueces y juezas de la Corte Suprema no tenemos información precisa. Lo que podemos afirmar es que, conforme lo que figura en la página del Alto Tribunal, el básico de $963.581 que es muy inferior al real, ya que dependiendo de la edad y antigüedad en el cargo el sueldo total rondaría entre $1.700.000 y $2.400.000.

Independientemente de si son salarios elevados o razonables para la responsabilidad y tarea que cumplen quienes tienen a cargo la magistratura, lo que está más que claro es que ninguno de esos organismos cumple con la obligación que establece el artículo 32 de la ley de acceso a la información pública de publicar “las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados”. Desde ACIJ presentamos esta semana un pedido a cada uno de los organismos para que se revierta la omisión de publicar toda la información y que se incluya una aclaración de en qué consisten y cómo es el cálculo que se hace para otorgarlo. Estimamos fundamental para la correcta transparencia y rendición de cuentas del conjunto de las instituciones públicas del sistema de justicia que la ciudadanía pueda conocer cómo se compone la remuneración de sus integrantes -entre los que se destacan quienes ejercen roles de magistrados y magistradas-

Accedé a las notas que presentamos ante los organismos acá