La importancia de contar con poderes judiciales con una integración diversa está sustentado, por un lado, en la necesidad de garantizar la igualdad de oportundiades y la prohibición de discriminación por cuestiones de género. El otro motivo por el cual se debe impulsar una conformación diversa está vinculado a la administración de justicia. Un Poder Judicial con estas características aporta diferentes voces y perspectivas para proteger de manera equitativa y efectiva los derechos humanos. A su vez, las dificultades en el acceso a los cargos por motivos de género se ven agravados cuando una persona también forma parte de otro grupo vulnerabilizado.

En el marco de la investigación “La participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina”, desarrollada junto con DPLF, el grupo Mujeres por la Justicia, el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la Desigualdad y Derechos Humanos (DesDeh) de la Universidad Austral de Chile y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer se sistematizaron una serie de hallazgos a partir de las experiencias y reflexiones de mujeres que integran el sistema de justicia sobre las barreras que dificultan su ingreso, ascenso o permanencia en los poderes judiciales y fiscalías en distintos países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú).

En Argentina, a pesar de que existen progresos en la incorporación de mujeres al sistema de justicia, el Mapa de Género (publicado recientemente por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) puso de manifiesto que aún existen grandes obstáculos en el acceso a cargos jerárquicos en las instituciones del sistema judicial y la existencia de segregación vertical. Sin perjuicio de que el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa implementaron medidas específicas, el porcentaje de magistradas mujeres es de un 45%, el cual se ve reducido cuando miramos los cargos más altos del sistema judicial (31%).
Algunas de las barreras que identificaron las juezas, fiscalas, académicas y activistas de derechos humanos de Argentina que participaron del estudio, fueron:

Barreras vinculadas al modelo de carrera en la justicia

• La valoración desigual por parte de quienes están a cargo de evaluar a candidatos y candidatas a cargos judiciales, especialmente en instancias como la entrevista oral.
• Una conformación mayoritariamente masculina de los jurados de evaluación en los procesos de selección de autoridades judiciales.
• A pesar de haber mujeres en las ternas, el Poder Ejecutivo suele elegir varones en una proporción mayor.
• Menor tiempo para capacitaciones y formación para las mujeres por tener a su cargo tareas de cuidado.
• Autolimitación de las propias mujeres y una falta de asunción de roles de liderazgo. Entran en juego aspectos subjetivos que influyen en la carrera de ascenso de las mujeres en general (valoración de la división de tareas por género, sobrecarga de tareas de cuidado de personas dependientes), lo cual interactúa con aspectos objetivos: la falta de normativa que permita la conciliación de vida familiar, desarrollo profesional y carrera.
• Presencia de estereotipos, prejuicios y sesgos de género que operan en la carrera judicial (ingreso, ascenso y mantenimiento).

Desconocimiento de la perspectiva de género en el sistema de justicia y falta de perspectiva de interseccionalidad, diversidad sexual e interculturalidad.

• Falta de una política institucional con perspectiva de género y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
• Falta de protocolos para el abordaje de situaciones de acoso sexual.
• Falta de incentivos para presentarse a los concursos (por no ser compatibles con la vida familiar, por excesivas presiones y/o por la existencia de arreglos políticos preexistentes).
• Segregación horizontal para el ingreso de personas del colectivo LGTTBIQ+ y de personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos subrepresentados

El abordaje de estos obstáculos requiere realizar cambios normativos e institucionales. Elaborar un plan de carrera con perspectiva de género, modificar la normativa en los concursos para atenuar los criterios subjetivos en la designación, impulsar la autolimitación del Poder Ejecutivo a fin de asegurar la paridad como criterio en los nombramientos y realizar campañas de difusión para eliminar sesgos y prejuicios en materia de género y diversidad, son algunas de las medidas a implementar.

Por otro lado, también es necesario establecer canales de denuncia anónimos para abordar machismos y micromachismos en los ámbitos laborales, elaborar políticas institucionales para empoderar e incentivar la inserción de las mujeres en fueros masculinizados y realizar acciones afirmativas para incentivar desde los ámbitos universitarios el ingreso de mujeres y disidencias, pueblos indígenas, afrodescendientes a la carrera judicial.

Un sistema judicial independiente, imparcial y comprometido con la igualdad de género es crucial para la plena vigencia de los derechos humanos. A pesar de los avances y las medidas implementadas hasta ahora en nuestro país, aún están pendientes diversas reformas que permitan que contemos con un sistema de justicia que haga realidad el principio de igualdad y no discriminación hacia las mujeres, asi como a todos los grupos vulnerabilizados que padecen este tipo de segregación.