Una charla panel en el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal colocó sobre la mesa reflexiones sobre un clima de retrocesos que trasciende las designaciones en comisión y por decreto de Lijo y García-Mansilla.

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Más allá de lo que resuelva el Senado este jueves 3 de abril de 2025 cuando trate las postulaciones del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la pregunta es qué pasó para que el Gobierno de Javier Milei pudiera plantar la inconstitucionalidad en la integración del tribunal que tiene a su cargo ser el último bastión de la Constitución. Ese interrogante hizo las veces de telón de fondo de la mesa panel en el Colegio de la Abogacía de la Capital Federal que organizaron ACIJ (entidad editora de JusTA), INECIP, Poder Ciudadano, ELA, CELS y Amnistía Internacional. Este coloquio sucedió el 1 de abril, y tuvo como oradores a Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio; a Celeste Fernandez, codirectora de ACIJ; a Julián Alfie, director ejecutivo de Inecip, y a los doctores Roberto Gargarella y Marisa Herrera.

La actividad fue quizá un pedido final al Senado para que proteja la independencia judicial y rechace los pliegos. Tanto Lijo como García-Mansilla fueron designados por Milei en comisión hasta el 30 de noviembre, y, mientras el segundo forma parte de la Corte desde febrero, el primero no juró porque pretendía sacar una licencia como titular de su juzgado en Comodoro Py, idea que descartaron los ministros con la excepción de Ricardo Lorenzetti. El Senado nunca aceptó ni rechazó los nombramientos: la Constitución Nacional dice que para aprobarlos hay que conseguir dos tercios de los votos de quienes estén presentes en la sesión pública. El hecho es que, si bien en 2016 el expresidente Mauricio Macri había intentado echar mano de las designaciones en comisión para la Corte, nadie llegó tan lejos como Milei. Como recordó este martes Fernandez, García-Mansilla ya estaba firmando fallos.

Las formas se discuten y de hecho ya hay amparos que denuncian la inconstitucionalidad de la decisión de Milei de evitar el control senatorial. Pero también se discuten los nombres por motivos diferentes y uno en común: el género. “Nosotros hemos sido muy claros y enfáticos en el sentido de que resulta absolutamente inaceptable que la Corte esté integrada exclusivamente por hombres. Lamentablemente no hemos sido escuchados”, expresó Gil Lavedra en la apertura del panel. Respecto de la comisión, el presidente del Colegio consideró irrefutable que este mecanismo no puede ser usado para sortear la intervención del Congreso o subsanar la falta de acuerdo del Senado. “Inequívocamente esas designaciones lesionan la independencia judicial. Un juez transitorio o precario no puede ser independiente porque su permanencia en el cargo depende de su capacidad para congraciarse con los poderes políticos”, dijo.

Fernandez y Alfie precisaron que ellos hablaban en nombre de las seis organizaciones de la sociedad civil que habían convocado la reunión. La codirectora de ACIJ refirió que no había dos métodos posibles para integrar constitucionalmente la Corte, sino uno y que era muy claro. “Está en juego la legitimidad y la integridad de la Justicia”, advirtió. Y añadió que se había llegado al extremo de poner en manos del Senado lo obvio: que los jueces no pueden ser designados a dedo. Fernandez recordó cómo diferentes reformas constitucionales habían reforzado el papel de la Cámara Alta en la cobertura de las vacantes judiciales, en particular las de las cabezas del sistema, pero que existía la percepción de que se había vuelto a la foja cero. “Estamos discutiendo si una herramienta excepcional (la designación en comisión) puede utilizarse en circunstancias no excepcionales. Si ya no importa nada, entonces, la excepción pasa a ser la regla. Si eso se acepta, cualquier presidente de la Nación podría nombrar jueces de la Corte en el receso anual”, observó. Y dijo: “el Senado tiene que actuar en defensa propia y de la sociedad porque estamos ante un proceder antidemocrático. Queremos jueces verdaderos y no comisionados del presidente”.

Alfie se refirió a otro aspecto extraordinario de la coyuntura y es la pretensión de que el rechazo senatorial a las designaciones decretadas por Milei no voltee a García-Mansilla: es decir, la hipótesis de que este ministro en comisión vetado por la Cámara Alta pueda seguir fallando hasta noviembre o hasta su destitución por juicio político. “El Senado no puede perder su poder constitucional por una simple decisión presidencial”, afirmó el director de INECIP. “¿Aceptamos vivir en un país donde un presidente nombra a miembros de la Corte de la misma manera que designa a un ministro o secretario del Gabinete del Poder Ejecutivo?”, interrogó.

“Tiempos políticos desesperantes”

Gargarella dijo que se estaba ante un problema mayor y que era esperable ver otras situaciones parecidas. “Lo que ha pasado en los últimos tiempos es la ruptura de la correa de transmisión entre democracia y constitucionalismo, o entre el vínculo entre sociedad civil y la Constitución”, analizó. Y agregó que esto llevaba a ver escenas inéditas en las instituciones públicas: “lo ridículo, lo extraordinario y lo disonante son expresiones de un hecho grave que es el colapso del constitucionalismo democrático tal y como lo conocimos”. El académico dijo que en el corazón de esa crisis estaba la muerte del sistema de representación política. “La sociedad se complejizó: la diversidad de intereses actual es imposible de representar. Este es un hecho que genera muchos de los fenómenos que se engloban como populismo. Estamos ante un problema que va más allá de Milei”, apuntó.

Dado que el tipo de conflicto es nuevo, hay que pensar formas nuevas de resistencia, según Gargarella. “Nadie sabe bien qué hacer. Lo terrible es que García-Mansilla puede ser rechazado ahora por el Senado, pero igual se queda en la Corte hasta noviembre”, reflexionó. Y recordó que en la última reforma de la Constitución de 1994 se impuso la corriente suavizadora del presidencialismo para fortalecer el consenso, en especial respecto de la designación de jueces. “Son gestos muy marcados que se hicieron para que la Constitución dejara de girar alrededor del presidente. No hay dudas sobre esto. El Decreto 222 (de Néstor Kirchner) vino a reforzar esa línea”, opinó el jurista.

Gargarella subrayó que era fundamental cuidar y preservar las reglas de juego que hacen posible la discusión democrática porque lo natural es que los jugadores dominantes tratarán de impedir que otros entren y jueguen como iguales. “El Decreto 222 impulsado por el poder político fue una reforma virtuosa porque ampliaba la posibilidad de escuchar otras voces, pese a haber sido promovido por el oficialismo de entonces”, refirió. Al respecto, Gargarella volvió sobre el punto de que las reglas del juego democrático no pueden cambiarse por el jugador dominante mientras se está jugando el juego. Y remató: “las designaciones en comisión son el tipo de fenómenos que deben ser fulminados constitucionalmente bajo cualquier consideración. Es impecable y contundente: la interpretación es tranquila, aunque los tiempos políticos sean desesperantes”.

“Hemos bancado muchas cosas”

Con la ayuda de diapositivas, Marisa Herrera se ocupó específicamente de indagar cómo y por qué la Argentina había llegado a esta encrucijada de descomposición institucional, pese a la claridad constitucional. “Es un problema no tener tierra firme”, destacó. Herrera dijo que la Justicia masculinizada es la que se viene construyendo históricamente y que el hecho de que la Corte carezca de mujeres revela una falta de igualdad real. “La Justicia que ignora la igualdad real claramente sigue perpetuando la desigualdad. ¿Qué legitimidad tienen dos hombres que aceptan integrar una Corte a sabiendas de que de esa manera se viola la igualdad real?”, interrogó. Y advirtió que este insulto a la democracia se agravaba con las designaciones en comisión.

Herrera enumeró una serie de cuestionamientos a la incorporación de García-Mansilla, entre ellos que no se le hubieran exigido la acreditación de los requisitos propios del puesto para el que se le tomó juramento. La académica, además, llamó la atención sobre la naturalización de la posibilidad de que un juez federal persiga a los senadores que no lo voten para la Corte, tal y como informó la prensa, y el corporativismo observado en la magistratura respecto de los nombramientos de Lijo y de García-Mansilla.

“¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué silenciamos? ¿Qué dejamos pasar? ¿Cómo puede ser que estemos ante semejantes atropellos y no ocurra nada?”, preguntó Herrera. Y respondió: “hemos bancado muchas cosas. Que una jueza haga un amparo para quedarse más allá de los 75 años y el Gobierno anterior no haya apelado. Hemos bancado que la Corte se tome 16 años para decir que la reforma al Consejo de la Magistratura es inconstitucional. Que hoy nomás un juez, Lorenzetti, hable de la oscuridad de los intereses de sus pares en las acordadas. Todo esto dejamos pasar”. La académica manifestó que también había hecho un gran daño la separación de interlocutores entre kirchneristas y antikirchneristas.

Para Herrera no había discusión alguna acerca de que el Senado debía hacer algo y, si resolvía rechazar el pliego de García-Mansilla, no existían dudas de que este debía irse a su casa. “Este delirio en el que estamos, ¿será un momento bisagra para pensar en serio qué tipo de Justicia queremos y qué tipo de Corte merecemos?”, inquirió. Y finalizó con la cita de Hannah Arendt que postula que el propósito de una mentira no es generar quien la crea, sino repetirla tantas veces hasta destruir la línea que la separa de la verdad con el objetivo de privar al pueblo de la posibilidad de pensar y de juzgar. “Con gente así, podés hacer lo que quieras”, expresó Herrera. Acto seguido, llamó a salir de la mentira y a volver a la columna vertebral que para ella representaba Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, cuya imagen proyectó en la pantalla del Colegio de la Abogacía.