El 26 de noviembre, la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella y su Colaboratorio en Derecho y Desarrollo, junto al Foro de Estudios de la Administración de Justicia (FORES), relanzaron el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), una herramienta que mide la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en la Argentina.

Creado en 2004 por un grupo de académicos de la Universidad Torcuato Di Tella junto a especialistas de sociedad civil, el ICJ está compuesto por dos subíndices, uno conductual y otro perceptual. El subíndice conductual permite conocer el comportamiento que las personas encuestadas informan que tendrían ante conflictos jurídicos en materia patrimonial, familiar y laboral. El subíndice perceptual mide la opinión de los encuestados respecto de atributos que se esperan de la justicia, en términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad.

A partir de su relanzamiento, el ICJ incorpora cuatro nuevas preguntas. Dos de ellas dirigidas a complementar ambos subíndices -una delictual y otra sobre el deber de controlar al poder-, y las dos preguntas restantes orientadas a indagar sobre las razones de la desconfianza ciudadana en la Justicia y las mejoras que serían necesarias para que dicha desconfianza ceda.

Los datos de la última medición del ICJ que se dieron a conocer el martes pasado muestran, en primer lugar, que la confianza ciudadana en la Justicia mejora paulatinamente desde el segundo semestre de 2023, momento en que se retomó la medición del Índice. Dicha confianza se eleva un poco más aún si se ponderan las nuevas preguntas adicionadas (V2).

Sumado a lo anterior, los resultados que arrojan ambos subíndices permiten observar que el subíndice conductual es significativamente más elevado que el subíndice perceptual. Esto significa que, aún cuando las personas manifiestan no tener confianza en que la Justicia sea equitativa, eficiente, honesta y que efectivamente controle al poder, ante situaciones judiciables concretas, la gran mayoría de los entrevistados continúa viendo en la justicia un medio confiable para resolver sus conflictos.

Ahora bien, la información que se releva para construir el ICJ también se encuentra desagregada por género, edad, nivel educativo y lugar de residencia de las personas entrevistadas. Gracias a ello, es posible realizar análisis adicionales sobre la confianza ciudadana en la Justicia en función de los grupos poblacionales que integran. Algunas de las conclusiones que se pueden extraer a partir de dicho ejercicio, son las siguientes:

• Entre el 72% y el 80% de las personas encuestadas recurriría a la justicia ante situaciones judiciables. En mayor medida lo harían las víctimas de delito y en menor medida quienes atraviesan un conflicto de familia.

• A mayor nivel educativo, mayor es el nivel de confianza conductual en la justicia.

• Las personas entre 30 y 49 años son quienes más recurrirían a la justicia ante situaciones judiciables.

• Las mujeres recurrirían a la justicia en mayor medida que los varones, en todos los casos, salvo al ser víctimas de delito.

• Las/os habitantes de CABA son quienes más recurrirían a la justicia. Luego, quienes viven en AMBA y por último, el resto del país.

A partir de esta última edición, el ICJ releva las razones por las cuales las personas encuestadas no llevarían alguno de los casos planteados a la Justicia. La siguiente tabla muestra los motivos principales de tal accionar y en qué porcentaje ellos impactan en las decisiones de las personas.

Por otra parte, al analizar en detalle las respuestas que componen el subíndice perceptual, la última medición del ICJ permite advertir lo siguiente:

• Apenas el 12% de las personas encuestadas confía en que la justicia argentina trata a todos por igual y sólo el 14% considera que es una justicia capaz y eficiente.

• El 13% de los/as encuestados/as considera que la Justicia argentina es honesta y honrada y apenas el 9% confía en que controla al poder político y económico.

• En general, a mayor edad de los encuestados, mayor es la confianza perceptual en la Justicia.

• Pese a que la diferencia es pequeña, las mujeres parecen tener mayor confianza perceptual en la justicia que los varones.
  Consultadas sobre aquellas mejoras que a su criterio permitirían incrementar la confianza en la justicia, las personas encuestadas respondieron lo siguiente:

Un dato adicional que aporta el ICJ es que aquellas personas encuestadas que participaron de un procedimiento judicial en los últimos tres años tienen una mayor confianza en la Justicia que quienes no lo hicieron. Esta tendencia se repite en ambas mediciones; tanto en el ICJ clásico (1) como en el ICJ con las nuevas preguntas incorporadas (2). El gráfico que se observa a continuación da muestra de ello.

A modo de conclusión, se puede señalar que los datos que el ICJ aporta al debate público encienden diversas alertas y muestran algunas alternativas interesantes para mejorar la confianza ciudadana en la Justicia argentina.

Por un lado, aún cuando las últimas mediciones del ICJ revelan que la confianza ciudadana en la Justicia viene en aumento, los resultados totales evidencian que dichos niveles de confianza son bajos. Particularmente grave resultan los bajos niveles de confianza en que la Justicia argentina sea equitativa, eficiente, honesta y que efectivamente controle al poder.

Resulta llamativo, también, que un 45% de los encuestados que manifestaron que no acudirían a la justicia pese a encontrarse frente a una situación judiciable, justificaron su decisión señalando que la justicia funciona mal, que es lenta o que preferirían resolver el conflicto por otros medios, incluso por medios propios.

A su vez, la interferencia de los poderes político y económico en la Justicia es una de las principales debilidades informadas por las personas encuestadas. A punto tal que, para la ciudadanía, reducir dicha interferencia resulta tanto o más importante que mejorar la formación y capacitación de los jueces y que reducir las demoras en los juicios.

Por otra parte, que entre el 72% y el 80% de las personas encuestadas haya informado que recurriría a la Justicia ante las situaciones judiciables planteadas, lleva a preguntarse por qué otros medios resolverían dichos conflictos quienes refirieron no confiar en la Justicia. Sin embargo, también da cuenta de que la gran mayoría de las personas sigue viendo en la Justicia un mecanismo confiable para resolver sus conflictos.

Además, el hecho que quienes informan haber participado recientemente de un procedimiento judicial registren una mayor confianza en la Justicia que quienes no lo hicieron, permite pensar que la experiencia de pasar por la Justicia no desalienta su uso, sino todo lo contrario.

En definitiva, la información que releva semestralmente el ICJ aporta elementos interesantes para evaluar y pensar de qué manera mejorar el servicio de justicia en la Argentina. Ello resulta especialmente valioso en tiempos tormentosos para las democracias liberales. Tiempos en los que las instituciones constitucionales y el Estado de Derecho se tornan indispensables para resguardar la República y sostener proyectos de país a mediano y largo plazo.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.