Mujeres para llenar las vacantes del máximo tribunal del país; la limitación del mandato de las cabezas de los ministerios públicos; la modificación e implementación total del sistema acusatorio; la alineación con los estándares de la OCDE y la elaboración, en suma, de una política pública para la Justicia son los puntos destacados del catálogo de recomendaciones de Garavano para la gestión en funciones. Él por su parte augura que vivirá para ver cambios insospechados en el sistema judicial.

Germán Garavano dice con una sonrisa que no volvería a la función pública. Este abogado sabe de lo que se priva o de lo que se libera puesto que, entre otros cargos, encabezó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, luego, se desempeñó como ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación durante la administración del presidente Mauricio Macri. En la Casa Rosada, Garavano dejó el sello de Justicia 2020, la agenda de reformas judiciales que impulsó y que el siguiente Gobierno dejó de lado. Por la pandemia y un sinfín de razones estructurales, los tribunales han logrado caracterizarse como organizaciones resistentes al cambio y a los controles. Sin embargo, en esta conversación virtual con JusTA, el exministro desarrolla una visión optimista. Si bien avala a su sucesor en los cargos mencionados, el actual ministro Juan Bautista Mahiques, con quien ya había integrado equipos, dice que el Gobierno debería sí o sí postular mujeres para la Corte Suprema de la Nación, y retomar la iniciativa legislativa para limitar el mandato del jefe de los fiscales. Garavano considera importante que la cabeza de la Procuración General se renueve en forma periódica: afirma que él conoce la virtud de esa regla por experiencia propia. A continuación se transcribe el diálogo ligeramente editado a los fines de su mejor presentación.

-¿Por qué creés que a la Justicia le cuesta tanto mejorar el servicio que presta? ¿Qué evaluación hacés del intento de reformas que promoviste en el Gobierno de Macri?

-Es una muy buena pregunta. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tuve como ministro es esto que vos decís: al final del día, las reformas en Justicia son procesos que se inician y que tienen su propio ritmo. Voy a tomar de un modo arbitrario la propuesta de Justicia 2020: creo que hay muchas cosas que se iniciaron que hoy siguen, y que están generando una transformación en los sistemas federal y provinciales, como el rol de la víctima, que era un tema tabú y olvidado; como la reforma del proceso penal federal hacia el modelo acusatorio; como la consolidación o el avance del juicio por jurados en numerosas jurisdicciones; como la incorporación de la oralidad en materia civil, que también se da en numerosas jurisdicciones, o como el expediente digital y la gestión electrónica, que recibieron un gran impulso durante la pandemia. Esos procesos de reforma van avanzando y tomaron vida propia: en algún punto siento que Justicia 2020 fue como un catalizador. Pero hay muchos otros cambios en marcha: los que menciono son sólo ejemplos. A diferencia de cómo lo veía antes, hoy yo observo que en la Justicia hay cambios, que muchos son irreversibles y que algunos se van a seguir profundizando para generar transformaciones hacia dentro del sistema. Este Gobierno, con muchas dificultades, y yo tengo varias críticas en términos de inversión, de dedicación, de medición y de trabajo, ha sostenido algunos de esos cambios que nosotros iniciamos, e incluso los ha impulsado, como al sistema acusatorio. El proceso de reformas judiciales tiene una faceta política y otra cultural, que es la más sensible y difícil.

-Las últimas coberturas de vacantes de la Corte de la Nación ocurrieron durante tu mandato con el envío de los pliegos de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz, primero en comisión, y, luego, observando el camino constitucional. ¿Por qué en condiciones políticas similares a las que había en 2016 el Gobierno no puede completar el tribunal? ¿Qué consejos darías al presidente Javier Milei?

-Básicamente veo una cuestión de candidatos y de consensos. Las designaciones de Rosatti y de Rosenkrantz, que ya están por cumplir 10 años, tuvieron una primera etapa de cuestionamientos (por el uso del nombramiento por decreto y en comisión) que luego llevaron al presidente Macri a hacer una autocrítica y a utilizar la vía tradicional, con la aplicación del Decreto 222, y la elevación de los pliegos en el Senado, las audiencias y la votación de los acuerdos. En aquel momento, los candidatos resultaron, no voy a decir intachables, pero sí dignos de mucho consenso y respeto, cada uno con su estilo y su origen distinto. Y eso facilitó mucho el proceso de designación. El tiempo que pasó demuestra que fueron dos designaciones muy buenas. Si yo estuviera en el Gobierno, buscaría algunos candidatos, sobre todo, candidatas, porque desde mi punto de vista corresponde nombrar a dos mujeres, que reúnan estos niveles de consenso y de respeto. Recuerdo que Rosatti venía del peronismo y Rosenkrantz, del radicalismo alfonsinista. A su modo, (el juez federal) Ariel Lijo y (el académico) Manuel García Mansilla -los nombres propuestos por Milei que no prosperaron- generaron, por distintas razones, muchas discusiones y controversias.

-Entonces, ¿vos no hubieras elegido a esos candidatos?

-Por lo pronto hubiera elegido a dos mujeres, aunque no tengo nada en contra de ellos. De hecho nosotros, en aquel momento (del mandato presidencial de Macri), nos comprometimos a designar juezas si se presentaba la oportunidad de hacer otra cobertura en la Corte. No me acuerdo si llegó a hacerlo el presidente Macri, pero con seguridad yo tomé ese compromiso.

-¿Qué nombres tenés en mente?

-Hay un montón de mujeres juristas super valiosas, algunas en la academia, otras en la profesión, otras en la Justicia. Me parece que dar nombres sería muy antipático.

-¿Y por qué todavía parece mucho más difícil cubrir la vacante de la Procuración General de la Nación? Macri y vos tampoco pudieron en ese caso, pese a la importancia de ese puesto para el buen funcionamiento del modelo acusatorio.

-Mi sensación es que este cargo va a formar parte de un paquete o acuerdo general. Este Gobierno tiene la oportunidad de hacer numerosas designaciones por la cantidad de cargos disponibles. En este escenario yo haría un esfuerzo, si fuera el Gobierno, por modificar las leyes de los ministerios públicos fiscal y de la Defensa. Nosotros en su momento lo intentamos: enviamos proyectos, pero no lo logramos. Las reformas no salieron, pero siguen siendo necesarias. Los cambios que se hicieron en su momento fueron muy malos: generaron diversas distorsiones y no introdujeron la regla del mandato periódico para las cabezas, cosa que ha sucedido en toda la región y que me parece que es crucial. En la lógica del sistema adversarial del acusatorio no deberíamos tener un fiscal o una fiscala general y una defensora o defensor general que sean permanentes, como sucede en la Argentina, sino que estos tendrían que desempeñarse por un plazo de cinco o siete años, que es el límite existente en muchas de las provincias y en la mayoría de los países de América Latina. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires rige el plazo de 7 años; en Córdoba, 5; en Chile, 8…

-¿Cuál es la razón de ser de esta periodicidad?

-Esto tiene que ver básicamente con que el titular del Ministerio Público Fiscal toma de algún modo las riendas del diseño de la política criminal de un Estado y que esto implica una entidad muy significativa en términos de poder. Entonces, lo recomendable es que tenga un período de tiempo definido, incluso a “contra gobierno” (es decir, que la renovación del puesto no coincida con la de los cargos electivos de los otros poderes del Estado) para que no haya una alineación completa entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal. Para mí esto último no es decisivo porque se puede ser independiente del mismo Gobierno que hizo el nombramiento, pero sí que haya una limitación en el tiempo y que el procurador no pueda ser reelegido de inmediato. Pensemos lo que ha sucedido con esta figura. El procurador interino, Eduardo Casal, lleva 10 años en esa situación transitoria: es el que más ha durado en las últimas décadas. Otros procuradores designados constitucionalmente con todas sus prerrogativas por diversas razones renunciaron o fueron corridos. Recuerdo siempre con mucha tristeza el caso del procurador Esteban Righi. Su salida fue un escándalo: un episodio triste para el país en términos institucionales. Entonces, me parecen saludables la alternancia y la no reelección: un procurador general que quiere ser reelegido tiene la tentación de tratar de buscar favores y de agradar, cuando lo que necesitamos es que arme y aplique un plan de trabajo para un período, que fue lo que yo hice en la Ciudad de Buenos Aires. Yo ejecuté un proceso profundo de reforma en las fiscalías porteñas durante 7 años, terminé mi mandato y me fui. Me parece que esa debería ser la lógica no por lo que hice yo, sino porque creo que es lo mejor para el país.

-Mahiques, el actual ministro de Justicia de la Nación, trabajó con vos en el Gobierno de Macri. Se trata de un funcionario que recibió críticas por nepotismo; por el hecho de que su padre, el camarista Carlos Mahiques, pidió y obtuvo un nuevo acuerdo para quedarse en el cargo más allá de los 75 años, y por sus vínculos con la conducción cuestionada de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). ¿Qué opinás acerca de estas críticas?

-Efectivamente Mahiques fue subsecretario durante mi gestión y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde hizo una muy buena tarea. Además tenía a su cargo el sistema penitenciario, que funcionó muy bien en términos generales. El Consejo impulsó la remoción de varios jueces y algunos, que estaban muy cuestionados, renunciaron. Además, se destrabaron los concursos y se realizaron muchas designaciones de magistrados, que era una de las grandes deudas con las que nosotros nos encontramos, una situación parecida a la que él enfrenta ahora. En general es muy valioso el envío de pliegos que ha hecho, algunos de los cuales ya habían sido remitidos por Macri y retirados a continuación por el kirchnerismo. Creo que Mahiques viene a corregir una cuestión que no entiendo bien por qué el Gobierno demoraba. La situación del sistema judicial realmente es crítica en términos de vacantes. Ahora el ministro tiene que definir una política pública en términos de Justicia porque el Gobierno no terminó de poner sobre la mesa sus ideas acerca de cómo avanzar con el acusatorio, y de cómo reformar los códigos Penal y Procesal Penal Federal. Sí considero muy valiosa, más allá de que se puedan discutir algunos aspectos, la aprobación de un régimen de responsabilidad penal juvenil.

-¿Podrá Mahiques atender todos estos frentes?

-Encuentro muy auspiciosa la llegada de Juan al Ministerio de Justicia. En cuanto a los cuestionamientos ligados a la AFA, entiendo que la Justicia tiene que avanzar hasta las últimas consecuencias y eso es responsabilidad de los jueces, más allá de la relación que algunos integrantes del Poder Judicial puedan haber tenido con esa organización. Con lo de nepotismo no estoy de acuerdo: la verdad es que Carlos Mahiques tiene 40 o 50 años de trayectoria judicial y, como muchos otros, dispone del derecho a pedir esa prórroga de mandato, y, después, es una decisión del Senado si lo ratifica o no (N. de la R.: pese a las impugnaciones presentadas por organizaciones como ACIJ -editora de JusTa- e INECIP, la ratificación senatorial fue otorgada antes de la publicación de esta entrevista). Sí veo un desafío en la elaboración de la política pública de Justicia que la Argentina necesita para ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Para ello hay que avanzar en la agenda de acceso; de asistencia a las víctimas; de instalación y mejora del sistema acusatorio; de independencia judicial; de trabajo con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que es crucial… Los estándares de transparencia internacional de lucha contra la corrupción y de niveles normativos para atacar el lavado de dinero llegaron a un pico muy alto durante nuestro Gobierno y, a partir de ese momento, cayeron y amesetaron, con lo cual ahí hay todo un reto.

-Da la sensación de que esas no son prioridades de esta administración, por lo menos no en lo referido al combate de la corrupción y a la regeneración de la Justicia Federal. Pensemos solamente en la causa relativa a la expropiación de YPF, que lleva tantos años en trámite en el Juzgado de Lijo.

-Hay dos herramientas para terminar de transparentar los procesos. Por un lado, la implementación definitiva del sistema acusatorio, que cambia en algún punto la lógica del juego y lo hace más equilibrado. Hoy muchas veces el fiscal tiene los intereses alineados con el juez, cuando debería haber dos partes con un juez imparcial. Eso genera distorsiones y problemas: el juez aún hoy le puede sacar al fiscal una investigación. Yo he hablado con (el anterior ministro Mariano) Cúneo Libarona, con Mahiques y con magistrados federales sobre la necesidad de hacer una nueva reforma al Código Procesal Penal Federal para resolver algunos obstáculos relativos a la investigación de casos complejos y de casos de corrupción, sobre todo para aplicarlo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba donde hay casos de mayor complejidad que los que existen en alguna de las jurisdicciones donde hoy ya está funcionando el sistema. El Código que nosotros recibimos exhibía un perfil muy local: no había sido pensado para procesos de narcotráfico y de corrupción, y presentaba trampas concretas para la impunidad. Por suerte hicimos algunos ajustes. Ahora hacen falta otras modificaciones que también reflejen la experiencia del funcionamiento que ya va teniendo el Código en provincias como Salta y Jujuy, donde ya lleva una década en vigor. La otra herramienta clave es el juicio por jurados, que está pensado como el segundo paso tras la instalación del Código en todo el país. Es lo que prevé la ley: uno lo puede criticar o no, pero es el gran democratizador del sistema de justicia porque es la gente juzgando a la gente. Por algo está ahí desde nuestra Constitución original.

-¿Qué edad tenés?

-56.

-¿Imaginás que vas a vivir lo suficiente como para ver jurados populares que juzguen a funcionarios públicos en la Argentina?

-Sí. Hay un avance del juicio por jurados en todo el país. Y los cambios judiciales que hubo en los últimos 10 años son muy superiores a los que se produjeron en los últimos 100 por múltiples razones, entre ellas la demanda de la población de mayor inmediatez, de mayor transparencia y de mayor conexión. Esto es un factor que va a llevar a que se produzca esta transformación que tanto anhelamos. El proceso marcha en esa dirección y a la larga va a ser un camino que se va a transitar. Yo espero vivir muchos años más para verlo.

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Una causa en concreto como base para el optimismo

Germán Garavano volvió a litigar tras sus años de trabajo en el Estado como juez, consejero de la Magistratura, fiscal general porteño y ministro de Justicia de la Nación. Además, mantiene sus proyectos de consultoría en distintos órganos del sistema judicial y de capacitaciones con la Asociación Civil Unidos por la Justicia. Si bien el foco siempre está puesto en el fuero penal, el exministro de la Nación sostiene que no hay que olvidar las demoras históricas de los juicios civiles. Según su criterio, el símbolo de los avances en cuanto a la lucha contra la corrupción es el juicio de la causa “Cuadernos”: “que haya empresarios muy importantes sentados frente a un tribunal, siendo juzgados por hechos de corrupción, es una cosa inédita en nuestro país. Así que si eso ocurre, yo soy optimista para las próximas décadas”.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.