El Juzgado de Paz de Daireaux realizó un diagnóstico sobre lo que ocurría con el sistema de justicia. Evaluaron que existía un “divorcio” con la sociedad. Desde la pequeña localidad avanzaron en la mayor apertura en la comunicación lo que generó mejores tasas de resolución y baja reincidencia en temas de alimentos o violencia familiar.

En el oeste de la provincia de Buenos Aires se ubica la ciudad de Daireaux con poco más de 18 mil habitantes. Como en el resto de las localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, los Juzgados de Paz son “la piedra angular del acceso a la justicia”, afirma la máxima autoridad de Justicia, el Dr. Javier Pablo Heredia quien es además presidente del Foro de Jueces de Paz de la Provincia; vicepresidente del Instituto de Estudios Judiciales y vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios ambos en Trenque Lauquen.

El Juzgado de Paz de Daireaux pertenece al Departamento Judicial de Trenque Lauquen, y “al ser la autoridad judicial más cercana al ciudadano, garantiza que los derechos de familia, muchas veces urgentes, como en casos de violencia familiar o alimentos, responsabilidad parental, reciban una respuesta expedita”. Heredia manifiesta que el accionar “reduce la brecha geográfica y socioeconómica que suele dificultar el acceso a los tribunales de cabecera departamental”.

El Juzgado trabaja con una amplísima cantidad de temas que están enumerados en el Art. 61 de la Ley 5827. En la actualidad la mayor afluencia de temas dentro de esa multiplicidad de competencia son casos de violencia familiar, alimentos, régimen de comunicación, sucesiones y ejecución de deudas.

El Juzgado tiene una planta de once personas para afrontar una demanda de entre 700 y 800 expedientes anuales. “La cantidad de personas en principio nos permite sostener esa demanda aunque debo recalcar que se trabaja mucho oficiosamente y esa impronta genera una mayor carga laboral que la se tendría en otro ámbito”, reconoce.

Cabe remarcar que el Juzgado de Paz además tiene competencia en materia de consumidores y otros servicios que exceden lo jurisdiccional, como lo son la actividad notarial (certificación de copias de instrumentos, documentos, certificación de firmas, autorizaciones de viajes, declaraciones juradas, etc) que también genera una interrelación comunitaria.

En materia de familia, “se gestionan los procesos bajo los principios de oficiosidad y oralidad, lo que permite que las resoluciones se ajusten a la realidad social de la comunidad de Daireaux”, manifiesta Heredia.

La máxima autoridad judicial en la localidad asegura que “el juzgado actúa como garante de los derechos de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida. Su intervención asegura que el interés superior del niño no sea una abstracción retórica, sino un eje rector en cada sentencia y providencia”.

Aclara además que “desde una perspectiva sistémica, el Juzgado de Paz de Daireaux contribuye a la descentralización judicial, permitiendo que el sistema de justicia sea percibido no como un ente lejano y burocrático, sino como una herramienta efectiva para la pacificación del conflicto familiar y la restauración de derechos vulnerados”.

Un punto a distinguir es que el organismo mantiene además una importante cantidad de entrevistas con justiciables que carecen de recursos económicos para afrontar el pago de un abogado particular. El 90% de los casos del Fuero de Familia se inician por falta de recursos mediante el sistema de Defensa Pública Ad Hoc. “Esto hace que la gente deba pedir ante el juzgado la designación de un defensor oficial”, asegura.

Una buena práctica

Desde hace unos años el Juzgado de Paz de Daireaux realiza una tarea tendiente al acceso a la información y transparencia en el marco de la rendición de cuentas. La práctica alcanza la comunicación más efectiva y real del trabajo técnico y de las resoluciones judiciales.

De forma paralela, se aplica la perspectiva de género en expedientes de violencia familiar y cuotas alimentarias, lo que ha generado menor reincidencia y mayores tasas de resolución. La primera es acercar el sistema de justicia a la comunidad, haciéndolo accesible a través de más y mejor comunicación. Para ello se dispone de constante presencia en redes sociales, una vía de conexión más cercana luego de la pandemia de Covid-19.

El informe Administración de justicia y perspectiva de género (2021) impulsado por el entonces Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, define que la “perspectiva de género aplicada a todo proceso judicial, desde la denuncia o demanda, hasta el dictado de una sentencia con autoridad de cosa juzgada, implica identificar si existen prejuicios o estereotipos de género que perjudican cómo se presta el servicio de justicia: al momento de analizar las presentaciones de las partes, las pruebas producidas y aportadas, su valoración y carga probatoria. Asimismo, el respeto y la garantía de un trato respetuoso que evite la revictimización (...) solo puede ser alcanzado cuestionando las construcciones sociales que impiden la vigencia del principio de igualdad ante la justicia”.

Ahora bien, ¿cuál fue el problema que se intentó resolver y por qué se eligió esta forma de trabajo? El organismo advirtió que se había producido un “divorcio entre lo que resuelven los tribunales y lo que le llega a la comunidad”, afirma Heredia, pasando por los abogados como interlocutores. Es decir, fue necesario achicar la distancia entre la sentencia, la notificación y la explicación de las mismas para un mejor consentimiento informado. De forma paralela se observó que existía un alto índice de reincidencia con incumplimientos en cuota alimentarias y/o medidas cautelares.

Los logros, el camino más certero para evaluar resultados

Con esta metodología de trabajo, se lograron al menos tres impactos positivos en las comunidades con las que trabajan.

El primero fue la adaptación de las sentencias o notificaciones en lenguaje claro y mediado por las tecnologías en caso de ser requerido. Dos casos sirven de ejemplo en este punto. La parte actora había solicitado que la notificación de la demanda se realizara por WhatsApp lo que se dio lugar a dicha petición en el marco de la Ley 15513.

La otra fue una la notificación de la sentencia de un proceso de alimentos que se hizo mediante recursos gráficos y fílmicos mediados por IA para una correcta información de las partes.

El segundo impacto redunda en la baja en la reincidencia en expedientes de violencia familiar y en juicios por alimentos y aumento en las tasas de resolución. De acuerdo al trabajo expuesto por Heredia, se observó un altísimo índice de incumplimiento en la cuota de alimentos y/o medidas cautelares, propio de la ineficacia del poder judicial, por lo cual fue necesario repensar ideas a partir de las soluciones legislativas disponibles.

Finalmente un tercer hito está marcado por algo que ya debería existir en todos los sistemas de justicia: la aplicación del enfoque de género y/o perspectiva de niñez. Esto ha sentado jurisprudencia a nivel Suprema Corte de Justicia. En este caso, las sentencias con este enfoque forman parte del informe "Será justicia. Recomendaciones para fortalecer la perspectiva de género en el sistema judicial argentino" del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Un punto a destacar: desde el Juzgado de Paz se participa de forma constante de conferencias, charlas y conversatorios en conjunto con otros especialistas y actores institucionales, para brindar información certera a las comunidades y los avances en materia de Justicia.

Impactos que generan cambios estructurales

El Juzgado de Paz de Daireaux logró bajar la reincidencia en causas de violencia familiar con aumento en las tasas de resolución además de aumentar la proporción de la cantidad de sentencias o notificaciones en lenguaje claro y mediado por las tecnologías en caso de ser requerido.

En los últimos meses las estadísticas disponibles de octubre y noviembre de 2025 fueron difundidas a través de las redes oficiales del organismo, Facebook e Instagram. En el primer mes se comenzaron 107 expedientes y finalizó 174. Se celebraron 95 audiencias. De ese total, 27 fueron causas por violencia familiar,1 por violencia de género, se ordenaron 30 medidas cautelares en VF y hubo 34 sanciones por incumplir medidas. Se firmaron 2330 trámites; se recibieron 1957 presentaciones y un total de 1577 notificaciones electrónicas 1755. La tasa de resolución en octubre fue del 163%.

Por su parte, durante noviembre de 2025 bajó la cantidad de inicios de expedientes (88) pero finalizaron más (189), respecto del mes anterior. Se celebraron 90 audiencias. Se contabilizaron 27 expedientes por causas por violencia familiar, 0 por violencia de género, se ordenaron 32 medidas cautelares en VF y hubo 37 sanciones por incumplir medidas. Se firmaron 1887 trámites; se recibieron 1516 presentaciones y un total de y un total de 1326 notificaciones electrónicas 1326. La tasa de resolución en noviembre ascendió al 215%.

En el marco de la Ley 15513, durante octubre las notificaciones por WhatsApp (método subsidiario cuando se agotaron los anteriores) fueron de 138 positivas (87.66%) contra 20 negativas (12.66%) a nivel anual. En el artículo 6° respecto de las notificaciones la normativa expresa que “se utilizará el sistema de telefonía celular u otro medio o dispositivo de comunicación proporcionado por la Suprema Corte de Justicia, quien deberá garantizar la seguridad de la comunicación, la inalterabilidad del contenido del acto de anoticiamiento y el debido registro y resguardo documental de sus constancias”.

En relación al Índice de Crianza (IC) según el INDEC, la canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, así como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.

Si bien la estimación de la canasta de crianza se realiza para cuatro tramos de edad, agrupados según los niveles de escolarización de INNA, las sentencias adoptan el IC incluso para establecer cuotas alimentarias para adolescentes mayores de 12 años que están por fuera de las franjas etarias contempladas por la medición estándar. Daireaux forma parte de unos 30 dictámenes en la misma línea.

El uso del IC se estipula como modo de prevenir la violencia económica en base a la normativa de Ley 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. El incumplimiento de la cuota alimentaria es una violación a un derecho esencial de los NNA e implica además que quien cubra esa falta sea la persona que queda a cargo. Por la asignación tradicional y maternalista de los roles y tareas de cuidado, la tarea recae en la madre.

El Registro de Deudores Alimentarios fue creado por la Ley 13.074 y actualizado por Ley 15.520 y tiene por objeto registrar por orden judicial a todo obligado u obligada al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado judicialmente permitiendo inscribir al deudor o deudora desde el primer incumplimiento, se trate de alimentos provisorios o definitivos. Pueden ser inscriptos la persona deudora, empleadores o acreedores del mismo. En septiembre de 2023, la sentencia innovadora que sentó jurisprudencia llegó desde Daireaux cuando Heredia ordenó la inscripción del deudor alimentante en la Central de Deudores del Sistema Financiero que funciona en la órbita del Banco Central de la República Argentina, y además en la máxima categoría de riesgo crediticio, todo ello “hasta tanto exista resolución judicial en contrario”.

Las posibilidades de replicabilidad y las limitaciones al sistema

Consultado Heredia sobre si el sistema aplicado puede ser replicado expresó que “el modelo de trabajo en nuestro organismo es perfectamente realizable en cualquier otro juzgado de la Provincia de Buenos Aires en tanto no se aplican recetas mágicas sino por el contrario, prácticas que son fácilmente reproducibles. Lo que hace falta para implementar este sistema de trabajo son ganas de servir en la función pública, tener vocación de servicio y ganas de transformar e innovar en la gestión”.

Sin embargo, al momento de relatar sobre los obstáculos mientras se implementa la dinámica, asegura que “siempre que se proponen cambios hay mayores o menores resistencias. Es casi parte de la naturaleza humana el resistirse u oponerse. La forma de sortear resistencias institucionales ha sido el convencimiento a partir de mostrar gradualmente resultados los que redundan en respuestas óptimas y eficaces”.

En esa misma línea asegura que “la mejor fortaleza es tener permeabilidad a los cambios y la autocrítica permanente de lo que hacemos para generar la masa crítica saludable que nos permite revisar continuamente nuestras prácticas. Ello nos lleva a buscar nuevas y mejores soluciones a los conflictos que se nos presentan”. Y agrega que “la idea es no repetir permanentemente las mismas recetas. Es todo un desafío salirse del trabajo mecánico y estandarizado, aunque el sistema te va llevando a esa situación dada la gran cantidad de trabajo que se presenta diariamente”, cerró.

Soledad Bavio es Técnica en Política, Gestión y Comunicación. Actualmente se dedica al periodismo independiente. Cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes formatos comunicacionales y una orientación a la cuestión social con perspectiva de infancia en el Sistema de Protección de Derechos y del Tercer Sector. Fue seleccionada en convocatorias literarias de Argentina y Colombia, concurso de crónicas en Argentina y beca con enfoque de género en periodismo de soluciones en Costa Rica.

Este artículo se realizó en el marco de la iniciativa “Periodismo enfocado en las soluciones” organizado por por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Red Federal de Periodismo Judicial.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.