La cantidad de mujeres penadas por el microtráfico de estupefacientes aumentó de un modo llamativo durante los últimos cinco años. Diferentes especialistas observan que este fenómeno está ligado a la falta de oportunidades laborales, a la maternidad y a la violencia. Los problemas sociales detectados comienzan a alumbrar fallos pioneros y buenas prácticas judiciales con perspectiva de género.

Son cada vez más las mujeres que caen por la venta de estupefacientes en Salta: así lo reflejan los datos de la Justicia tanto provincial como federal con asiento en esa jurisdicción. Entre 2018 y 2022, se quintuplicó la cantidad de imputadas condenadas por microtráfico en el fuero ordinario. Salta es la segunda provincia con mayor número de mujeres presas en cárceles federales, por detrás del Penal IV de Ezeiza (Buenos Aires).

La ley de desfederalización 23.737 se aplica en el territorio salteño desde 2013. Ello implica que los casos de tráfico de drogas ilegales en escala pequeña son investigados y juzgados por la Justicia provincial. Mientras que en la jurisdicción federal quedan los restantes procesos con estupefacientes, incluso los que involucran a más de una provincia, o los ocurridos en rutas nacionales o entre fronteras, como el de las llamadas “mulas”, en los cuales la droga se transporta ingiriéndola.

En el ámbito provincial, el incremento de la participación de mujeres en este tipo de delitos está respaldado por los datos de la UFINAR (Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad): en 2018, fueron condenadas 12 imputadas; en 2019, 29; en 2020, 33; en 2021, 52 y en 2022, 60. Hasta agosto de 2023, ya había 35 mujeres condenadas por microtraficar estupefacientes.

La tendencia tiene su correlato en el fuero federal. En el informe sobre población carcelaria relativo al tercer trimestre de 2022, la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) registró que el número de mujeres privadas de su libertad subió el 8,4% respecto del período anterior. El informe del primer trimestre del 2023 indicó un aumento del 2,4% sobre la cifra de los últimos tres meses del año pasado: se pasó de 741 a 759 internas. La PROCUVIN destacó que las mujeres son “el único segmento poblacional que creció” en las cárceles federales. El Complejo Penitenciario III de Salta aloja a 81 mujeres, lo que equivale al 10,2% del total del país.

“El 75% de las mujeres a nivel federal y en las provincias, están presas por microtraficar”, aseguró Graciela Dubrez, del OIP (Observatorio Internacional de Prisiones). OIP hace visitas protocolares a prisiones de todo el país y actualmente trabaja en un informe para el Comisionado de Cárceles de la OEA (Organización de Estados Americanos).

Respecto de la modalidad del delito, un estudio sobre microtráfico en el Complejo Penitenciario Federal III de Salta realizado por la PROCUNAR (Procuración General de la Nación) durante 2014 concluyó que las personas detenidas como “mulas” eran mayoritariamente mujeres. Esta forma de transportar drogas es considerada la más riesgosa, ya que supone un peligro inminente para la vida de quien la lleva en su estómago. Por ejemplo, en junio de 2023 murió Yolanda Orosco en Salta. La mujer, que tenía 32 años y tres hijos, fue encontrada al costado de la ruta con cápsulas en la panza. La Fiscalía Federal a cargo del caso fue contactada, pero se abstuvo de dar mayor información sobre el asunto y la problemática.

¿Traficantes o víctimas?

Hace tiempo que se advierte sobre la necesidad de abordar con perspectiva de género las causas por microtráfico en las que están involucradas mujeres. En 1988, luego de estudiar más de 180 procesos de venezolanas detenidas por delitos de drogas, la criminóloga española Rosa del Olmo advirtió que las mujeres latinoamericanas estaban más expuestas a cometer este delito, no solo por la histórica disparidad estructural en el mercado laboral entre las mujeres y los varones, sino, también, “por la crisis económica que atraviesa el continente”: “por su dependencia y subordinación frente al hombre, (la mujer) se ve obligada a incluir dentro de las adaptaciones que desarrolla para sobrevivir el trabajo en una actividad considerada criminal, como es el negocio de las drogas”.

Gustavo Torres Rubelt, fiscal de la UFINAR creada en 2017, luego de la ley de desfederalización (fue una de las primeras fiscalías en el país especializada en microtráfico), explicó que esta clase de hechos ilícitos están, por un lado, la persona que lucra y vive como un millonario, y, por el otro, el “eslabón más débil de la cadena”, que se ocupa de la distribución, la venta y la boca final de expendio” . “En la mayoría de los casos, encontramos allí a mujeres en situación clara de vulnerabilidad económica, que venden por diferentes motivos: por violencia de género, por prostitución y por coacción”, observó.

Por separado, Dubrez contextualizó que se trata de mujeres que son cabezas de familia: “tienen a su cargo 3 o 4 hijos, y no encuentran otra salida que microtraficar. La inmensa mayoría de ellas son además analfabeto-funcionales, es decir, no comprenden la lectoescritura y eso no cambia en la prisión”. Hace más de 30 años, Del Olmo advirtió que dentro de la estructura criminal las mujeres serían también discriminadas y desempeñarían “papeles secundarios y, en muchas ocasiones, de mayor riesgo, como, por ejemplo, ocuparse de ‘los oficios del hogar’ en una casa donde se prepara, almacena o vende la mercancía”.

El fiscal de la UFINAR precisó que suelen ser familias las que incurren en el microtráfico, lo que implica que, si se encarcela a los varones, “la mujer queda al mando de la casa”. Dubrez confirmó este dato y agregó: “la que está más expuesta es la mujer, que muchas veces se hace cargo para que el hijo no vaya preso, porque el hombre la ‘aprieta’ o porque se fuga, y la que queda en la casa con los hijos es ella. Además, porque, en definitiva, la Policía es bien machista al igual que el Servicio Penitenciario y pone el ojo donde hay un kiosquito, donde hay una mujer que pone la cara, pero, detrás de eso, está el varón que es el que va a buscar la mercadería al mayorista y el que prepara las bolsitas”. La representante de la OIP destacó: “en realidad de esta forma no combaten el narcotráfico, sino que lo que se hace es reprimir el microtráfico o la venta al menudeo, y esto ocurre con mujeres niños o adolescentes en estado de extrema vulnerabilidad”.

Torres Rubelt apuntó que“es fácil” ir por el eslabón débil de la cadena, que muchas veces no tiene ni siquiera “una estrategia de disfraz del delito”, y aseguró que desde “hace un tiempo” existe otro abordaje tanto desde la investigación como en el juzgamiento. A modo de ejemplo, el fiscal recordó un caso en el que “antes de que hubiera una clara política criminal de entender que no está ahí el problema”, la Policía filmó a una joven de 19 años mientras vendía droga. “Si bien encuadraba en la tipicidad penal, tenía dos hijos pequeños y vivía en una tapera de plástico. Estaba en una clara situación de vulnerabilidad, ella era otra víctima también”, advirtió Torres Rubelt. Para este supuesto, indicó, se pidió el mínimo de la pena y una ejecución condicional.

Indagar más allá de la superficie

Diferentes reportes y pronunciamientos de organismos internacionales instan a incorporar la perspectiva de género en la persecución y castigo de este tipo de delitos. La UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito), en su informe mundial sobre drogas de 2018, indicó: “si bien son muchos los factores que explican la participación de las mujeres en el comercio de drogas, se ha demostrado que está condicionada por la vulnerabilidad socioeconómica, la violencia, las relaciones íntimas y las consideraciones de índole económica”.

Idéntica postura asumió la PROCUNAR. El año pasado, ese organismo comunicó unas “buenas prácticas”, donde, además de citar fallos con perspectiva de género, describió algunas situaciones para tener en cuenta, como las de las mujeres que trafican en un escenario de trata de personas; en una extrema vulnerabilidad económica, o en un contexto de violencia de género o de engaño. A estos casos, la PROCUNAR indica que se debe tener en cuenta el artículo 5 de la ley de trata (26.364) o la ley 26.485 sobre violencia de género, además del estado de necesidad justificante y exculpante considerado en el artículo 34 del Código Penal.

Torres Rubelt dijo que la perspectiva de género no es sólo aplicable en los fallos, sino también para el otorgamiento de ciertos beneficios, como las prisiones domiciliarias. “Ello es válido para mujeres que tienen niños chicos o que están dando de amamantar”, especificó. Consultado por la reincidencia, el fiscal corroboró que “se da con frecuencia”, y llamó a “indagar” si en este tipo de procesos no existe un hombre que esté funcionando como victimario.

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Silvia Noviasky elaboró esta investigación en el ámbito del programa de Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red desarrollado por el Foro de Periodismo Argentino, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia durante 2023.

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El artículo fue presentado en el marco del “Taller de Periodismo Judicial. Investigación en red y con datos” organizado por ACIJ y FOPEA en mayo de 2023. Accedé a más información sobre el curso en este link.

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Esta nota fue publicada el día 7 de septiembre de 2023 en el Diario El Tribuno.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.