Sea lo que debe ser: independiente

por Ezequiel Nino

Autor

Ezequiel Nino

Publicado el

2021-07-29

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Gobernantes y opositores reconocen que el sistema judicial carece de independencia, pero ese reproche no termina de materializarse en acciones concretas


La magistratura tiene todo a su favor para ser independiente. Los antecedentes muestran que en el sistema nacional y federal nunca se ha destituido a alguien por intentar el esclarecimiento de los casos sensibles, pero eso no es suficiente para lograr la autonomía plasmada en la Constitución Nacional. La práctica indica que faltan herramientas críticas, como la difusión pública y sistemática de información relativa al procesamiento de las causas de interés institucional

“En este país, en medio del choque de las armas, las leyes no callan. Es posible cambiarlas, pero, en la paz y en la guerra, las leyes hablan el mismo idioma. Uno de los pilares de la libertad, uno de los principios de la libertad por los que con renovada autoridad estamos luchando, siempre ha sido que los jueces no tienen preferencias hacia determinadas personas, y permanecen entre el sujeto y todo intento del ejecutivo de coartar su libertad, alertas para cerciorarse de que cualquier acción coercitiva se justifique con arreglo a derecho”, escribió el juez Lord Atkin en “Liversidge v. Anderson” (House of Lords, Reino Unido, [1942]).

En un sistema de división de poderes resulta vital que quienes deban tomar decisiones sobre la validez, aplicabilidad, constitucionalidad o inconstitucionalidad de las medidas administrativas o legislativas puedan hacerlo sin injerencias de los órganos políticos que las adoptan. La falta de independencia que demuestra recurrentemente la Justicia es uno de los asuntos institucionales sobre los que más se discute en Argentina y es, probablemente, uno de los problemas más graves de la democracia. La independencia de la Justicia no se limita a su relación con los poderes políticos, pero, con fines metodológicos, esta reflexión está centrada en esta cuestión.

Gobierno y oposición se cruzan constantemente en la influencia ejercida sobre los magistrados en cada gestión, y a la ciudadanía sólo le queda asistir como en un partido de tenis a los reproches, acusaciones y denuncias que se realizan sin ninguna consecuencia práctica porque casi no hay jueces sancionados o destituidos por ningún motivo. Es más, los funcionarios o políticos no suelen denunciar a los jueces -ni mucho menos siguen las pocas denuncias que presentan- a quienes acusan de falta de independencia por lo que no se realizan investigaciones sobre injerencias o preferencias indebidas, y, en consecuencia, nos quedamos sin conocer detalles sobre esas sospechas y sobre las pesquisas que debieran producirse.

Los jueces tienen todo a favor para poder ser independientes. La ciudadanía les ha otorgado privilegios inimaginados para otros actores del Estado. No deben someterse al voto popular para asumir sus cargos y, una vez que consiguen el nombramiento, lo mantienen hasta los 75 años. Por otro lado, tienen los sueldos y jubilaciones más altos de toda la administración pública, muy superiores a los de la gran mayoría de la ciudadanía, además de otros importantes beneficios laborales. Y algo que es muy importante y positivo: no se conocen casos de destituciones de magistrados que hayan ocurrido por haber sido independientes del poder de turno (la exigencia de dos tercios de los votos necesarios para hacerlo, sumada a la participación de estamentos no políticos en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento posibilita esta garantía). Corolario: si los jueces deciden ser independientes, tienen todo a favor para concretarlo.

Sin embargo, pese al buen arranque de la nueva era democrática en 1983, con el nombramiento de magistrados de prestigio en la Corte Suprema y en los tribunales inferiores, se ha ido degradando el concepto de independencia judicial en sentidos diversos. Y, como ya sabemos, la porción de la magistratura que tiene la potestad de controlar actos de los poderes políticos -principalmente, los fueros federales penales, electorales y en lo contencioso administrativo- ha demostrado falta de voluntad de hacerlo. A esta altura esto es una obviedad por su difusión en numerosos trabajos de ACIJ y a diario en los medios de comunicación pero siempre nos hemos enfocado más en los problemas más estructurales de los procesos y menos en aquellos factores que hacen hacen a la vida cotidiana de los tribunales y que hacen que la vida de quienes no son independientes sea más sencilla. Algunos que identificamos son los siguientes:

  1. La ausencia de información pública sobre los casos sensibles que tramita cada juez o tribunal, y de mecanismos de rendición de cuentas por parte del sistema judicial.
  2. La inexistencia de obligaciones de jueces de declarar las reuniones que mantienen, regla que rige en el Poder Ejecutivo existe, aunque no se implementa con suficiente detalle.
  3. Un sistema burocrático verticalista carente de instancias de deliberación interna entre la magistratura, el funcionariado y sus equipos para mejorar los resultados de los casos que tramita cada juzgado.
  4. Una sociedad civil que durante mucho tiempo no generó ningún tipo de mecanismo de observación sobre estos asuntos.
  5. La ausencia de un código de ética judicial que explicite las prácticas prohibidas y, por contraste, también las deseables.
  6. El rol usualmente pasivo de las fiscalías para forzar los avances.

Identificar los casos de mayor interés público y difundir sus vicisitudes es una forma de poner luz sobre aquellos procesos más sensibles e intentar reducir discrecionalidades. Pero, sobre todas las cosas, hacen falta debates internos dentro del Poder Judicial con un particular involucramiento de quienes expresan que “no son Comodoro Py”. Hasta ahora los integrantes de la justicia que no han respetado su independencia no han tenido que pagar grandes costos internos ni externos. Hace falta cambiar esa comodidad.

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