“Los (o la falta de) datos en el Poder Judicial”: sobre este tema conversaron Paola Bergallo, Johanna Cristallo, Andrea Castagnola y Alejandro Chehtman en el segundo encuentro de “Transformar la Justicia”, ciclo organizado por la Universidad Di Tella y JusTA. Moderado por Celeste Braga Beatove, la nueva entrega del foro virtual con acceso libre ocurrió el 4 de agosto de 2021. El registro audiovisual completo del panel está disponible en este link. Con diferentes palabras y argumentos, las exposiciones coincidieron en que la cultura de tomar decisiones fundadas en datos es un déficit del Poder Judicial y que, sin ella, no puede haber reformas serias.

“Hacen falta datos, no impresiones”, enfatizó Chehtman, profesor plenario de Di Tella e investigador del Conicet. El académico advirtió en distintas intervenciones que los proyectos de cambio de la Justicia suelen ignorar los conflictos de intereses internos que plantean. Y ejemplificó que la idea de que la Corte Suprema resuelva menor cantidad de casos va en detrimento del poder de sus integrantes; de quienes litigan y de su clientela, y del personal judicial. “Muchas de las propuestas que se hacen no toman en consideración esta economía política, cuestión que, según mi criterio, hace que estén destinadas a fracasar”, opinó.

Andrea Castagnola, politóloga, docente de Di Tella e investigadora, dijo que el gran consenso existente acerca de la necesidad de la reforma judicial no se traducía en conocimientos detallados de los problemas por resolver. “Desde 2013 no existen estadísticas oficiales publicadas acerca de la Justicia Federal”, advirtió. Castagnola añadió que había llevado adelante proyectos investigativos que demostraban que los datos no se condecían con la cantidad de juzgados y cámaras de Apelaciones que se querían crear en materia federal penal. “Necesitamos fortalecer la Oficina de Estadística y que el Consejo de la Magistratura reciba indicadores de desempeño básicos que cualquier tipo de reforma requiere. Ninguna de las reformas que se debatieron en el Congreso estuvieron basadas en necesidades de desempeño”, añadió.

Johanna Cristallo, funcionaria del Ministerio Público Fiscal de la Nación interinamente a cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública del organismo, manifestó que la sistematización de los datos había permitido a su institución, por ejemplo, identificar las operaciones criminales de bandas de narcotráfico que actúan en diferentes jurisdicciones del país e incluso en el extranjero. Si bien celebró el efecto positivo de la pandemia en la digitalización de los servicios judiciales, observó que hacía falta modificar las reglas de selección de la magistratura y de incorporación del personal de la administración de justicia. “A partir de mi propia experiencia puedo decir que el cargo de camarista está pensado para un hombre de entre 55 y 60 años con cierto nivel socioeconómico; con antigüedad en la institución; que sea profesor y haya tenido mucho tiempo para hacer publicaciones”, apuntó. Cristallo agregó que la mayoría del personal seguía entrado al sistema judicial en forma directa o discrecional, salvo el caso del ingreso democrático: “es decir, se reproduce el perfil de quien elige. Todo esto termina configurando organismos endogámicos”.

La académica de Di Tella e investigadora Paola Bergallo subrayó que la falta de datos en la Justicia se correspondía con un método de enseñanza del derecho que prescindía de ellos. “Hemos visto procedimientos de modernización en las burocracias de la administración pública, pero en el Poder Judicial tenemos una deuda con ello: hace falta actualizar los perfiles profesionales, pero no sólo de la magistratura sino del conjunto del ‘staff’. Necesitamos ingresos competitivos, abiertos, inclusivos, transparentes, no nepoticos, y meritocráticos a partir de una definición y una compensación de las desigualdades”, reflexionó. Bergallo cuestionó la inexistencia de información acerca del rendimiento de los trabajadores de la Justicia: “el empleo judicial, con muchísimas limitaciones, es de los mejor remunerados en el Estado argentino y no puede beneficiar a personas que no rinden cuentas; que no son reevaluados en forma permanente; que no tienen exigencia de capacitación y que no pasan por un ingreso transparente”.

Así como Chethman hizo hincapié en que los datos eran esenciales para el diagnóstico y la evaluación de las reformas, Bergallo afirmó que aquellos resultaban claves para la universalización de los derechos y la racionalidad del “management” de una organización del tamaño del Poder Judicial. Cristallo insistió en que hay que sistematizar la información, y que avanzar en ese sentido permitía rendir cuentas y mejorar los niveles de transparencia. Castagnola enumeró las múltiples formas de medir la actuación de la Justicia y convocó a que los datos motoricen las reformas.

El próximo conversatorio del ciclo "Transformar la Justicia" tendrá lugar el miércoles 18 de agosto de 2021 con un panel sobre las mujeres en el sistema judicial (más información e inscripciones). La última edición tratará sobre la independencia de la Justicia.