Pese al énfasis en la criminalización de la población inmigrante, apenas el 5% de internos en institutos penales argentinos posee nacionalidad foránea, según los últimos informes disponibles en el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena. Más del 50% carece de condena firme y la acusación más común es haber infringido la Ley de Estupefacientes.

A menudo se hace foco en los nacidos fuera del país al esgrimir posibles causas del aumento de la inseguridad -la segunda mayor preocupación de los argentinos (ver encuesta de la Universidad de San Andrés, 2023)-. De hecho, algunas agrupaciones que aspiran llegar a la presidencia de la Nación proponen en sus plataformas electorales restringir el ingreso de extranjeros y de extranjeras con antecedentes, y la expulsión de aquellos que delincan. Es el caso de La Libertad Avanza de Javier Milei. Por su lado, Luis Petri, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), ha expresado públicamente la intención de endurecer la ley migratoria.

Son iniciativas que ya sonaron durante la última década. Cada tanto, surgen actores políticos enfocados en la idea de que existe una relación entre extranjería y criminalidad. Ese debate parece no tener punto final ni en la Argentina ni en los restantes países afectados por la presión de las olas migratorias.

Los datos sobre las personas extranjeras y la Justicia penal argentina describen una situación muy distinta. Según la última actualización del SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena), que dispone de cifras vigentes a diciembre de 2022, sólo hay 5.089 internos e internas con nacionalidad foránea en los diversos centros penitenciarios del país (provinciales y federales): este grupo representa apenas el 5% de la población carcelaria total (105.053).

¿Qué quiere decir esto? Si la población migrante en la Argentina asciende a 3.033.786 de personas, según la Dirección Nacional de Población en agosto 2022 (a la espera de los datos del último Censo Nacional), entonces sólo aproximadamente el 0,2% está en conflicto con la ley penal. Se trata de una proporción casi idéntica a la de la ciudadanía argentina, donde el 0,26% de la población total está implicada en delitos penales. Cabe mencionar que las estadísticas oficiales no diferencian entre migrantes radicados en el territorio y aquellos extranjeros que pueden haber sido detenidos en puestos fronterizos, terminales o aeropuertos, mientras se dirigían a otro destino internacional.

Foto, película y espejo

Si se va de esta fotografía más reciente a la película de los últimos cinco años, el resultado es más o menos constante. Entre 2018 (5.579 personas) y 2019 (5.703), el número de personas extranjeras representó el 6% del total de la población carcelaria. En 2020 (4.781) descendió al 5%, porcentaje que se mantuvo en 2021 y 2022. Estos niveles de representación entre quienes están privados de la libertad coinciden con lo que sucede fuera de las cárceles y alcaidías: los y las extranjeros y extranjeras que viven en la Argentina constituyen también el 6% de la población total del país.

Un espejo similar emerge si se considera a la población con prisión domiciliaria. Entre los años 2019 y 2021, las personas extranjeras privadas de la libertad en sus casas pasó del 5 al 6% del total, según datos del Relevamiento Nacional sobre Personas Detenidas con Prisión Domiciliaria y Vigilancia Electrónica.

Otra circunstancia llamativa aparece en el análisis por género de la minoritaria población extranjera privada de libertad en la Argentina. En 2022, las internas fueron el 4% de la población carcelaria total. Pero, en el segmento extranjero, las mujeres alcanzaron el 6%, las mujeres trans, el 1% y los varones, el 92%. Se trata de la misma distribución verificada en 2021

Presos sin condena

La extranjería complejiza el camino judicial en la Argentina. Los datos revelan, por ejemplo, una tendencia a sufrir condenas anticipadas de la mano de la proliferación de prisiones preventivas motivadas en el riesgo de fuga. Mientras que los argentinos y las argentinas que están privados de la libertad no tienen condena firme son el 41%, el SNEEP 2022 indica que el 52% de personas extranjeras recluidas se encuentran en esta situación. Si bien hay una disminución respecto de los años anteriores (57% en 2021 y 54% en 2020), la mayoría de los foráneos presenta la condición de procesado sin sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Algunos especialistas atribuyen el incremento de las prisiones preventivas en la incidencia que las infracciones a la Ley de Estupefacientes 23.737 tiene en este grupo. A diciembre de 2022, el 29% de las personas extranjeras detenidas presentaban imputaciones en causas vinculadas a la ley de drogas y contrabando de estupefacientes. La curva que parecía en tendencia decreciente se ha estabilizado: en 2018 correspondía al 41%; en 2019, al 36%; en 2020, al 34% y en 2021, al 28%. Aun así, el impacto que presenta este delito en la minoría extranjera es mucho mayor al que ejerce entre la población penitenciaria argentina: sólo el 11% de los detenidos y de las detenidas enfrenta acusaciones ligadas a la Ley 23.737.

Las infracciones a esta norma constituyen un delito federal (salvo en aquellas provincias que delegaron la persecución del microtráfico a las justicias ordinarias de sus jurisdicciones). Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo de Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dice que la intervención de la Justicia Federal explica en parte las demoras de los procesos. “El sistema judicial federal tarda más en tener condenados. Entonces, hay más personas en prisiones preventivas”, refiere.

Pero las explicaciones no quedan ahí. La especialista indica que la condición de extranjero no es evaluada por los jueces como un riesgo real, sino como una suposición prejuiciosa. “Buscan cualquier indicio de peligro de fuga, acompañado de estigmatización, para otorgar más prisiones preventivas que a otras personas”, apunta.

Vulnerabilidad de género

Un año atrás, en julio de 2022, la jueza Sabrina Namer, integrante del Tribunal Oral Federal N° 8, absolvió a 15 mujeres trans extranjeras acusadas de comercializar droga. En el fallo, la magistrada consideró que las imputadas estaban en situaciones de extrema vulnerabilidad. Esta decisión establece un antecedente para el abordaje judicial de los casos de imputadas foráneas con perspectiva de género y desde un enfoque interseccional. Si la causas por infracciones a la Ley 23.737 son relevantes en la criminalización de los extranjeros, el factor deviene crítico en los procesos con mujeres cisgénero y mujeres trans de este segmento poblacional.

A diciembre de 2022, el 59% de las mujeres extranjeras estaban privadas de la libertad como consecuencia de estos delitos (infracción a la Ley de Estupefacientes y Contrabando de Estupefacientes). Es decir, 6 de cada 10 extranjeras ingresaron a la cárcel por esta causa. Este escenario lleva años de gestación. En 2018, el 75% de las extranjeras estaban presas por conflictos de drogas. En 2021, la incidencia se había situado en el 51%. El último reporte de 2022 indica que este asunto volvió a cobrar fuerza.

Las estadísticas judiciales y penitenciarias empezaron a exponer la situación de la población trans en 2019. Ese año se identificó que el 62% de mujeres trans extranjeras estaban privadas de la libertad por asuntos relacionados con drogas. En 2022, el indicador descendió hasta el 58%.

La detención de mujeres extranjeras transgénero en casos de estupefacientes suele ser exhibida como avances sustantivos en la lucha contra el narcotráfico. Jennifer Wolf, jefa del Área de Extranjeros en Prisión y Argentinos Privados de Libertad en el Exterior de la Procuración Penitenciaria de la Nación, señala, sin embargo, que la población femenina y perteneciente a minorías sexuales tiende a estar implicada en el último eslabón de la cadena delictiva. “Su participación tiene que ver con el narcomenudeo o con haber sido captadas por redes por su situación mayor de vulnerabilidad. Son mujeres con problemáticas económicas, que son convencidas para entrar en este negocio fácil. Lejos están estas detenciones de ser una política de combate al narcotráfico”, precisa.

Arraigados y afectados

La mayoría de extranjeros y extranjeras privados y privadas de la libertad en la Argentina nacieron en países de la región. De acuerdo con los últimos datos disponibles, el 38% proviene de Paraguay; el 19%, de Perú y el 16%, de Bolivia. La información correspondiente a los últimos cinco años mapeados por el SNEEP evidencia un patrón: estas tres nacionalidades juntas representan alrededor del 70% del total de la población extranjera recluida.

Entre los 635 extranjeros y extranjeras con prisión domiciliaria prevalecen las siguientes nacionalidades: Paraguay (204 personas), Perú (168) y Bolivia (84).

El carácter regional se explica por el hecho de que la mayoría de los inmigrantes proceden de países vecinos. Según la Dirección Nacional de Población (2022), las extranjeras y los extranjeros radicados en la Argentina llegaron principalmente de Paraguay (29,7%), Bolivia (21,7%) y Perú (9,5%). Wolf refiere que el factor demográfico pesa en la representación carcelaria, pero también considera que en ella influye cierta selectividad fundada en razones socioeconómicas. Al respecto, apunta: “muchos de (los y las inmigrantes) viven en barrios populares. El uso de la prisión recae básicamente en esos segmentos. Hay una coincidencia que podría estar explicando la representación de estas comunidades”.

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Oscar Bermeo Ocaña elaboró esta investigación en el ámbito del programa de Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red desarrollado por el Foro de Periodismo Argentino, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia durante 2023.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.