Sigue sin esclarecerse el robo de las declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura

El 21 de junio de 2022 se produjo el robo de numerosas declaraciones juradas en la oficina que tiene a cargo el seguimiento de esas obligaciones por parte de todos los magistrados nacionales y federales.

Por lo que se sabe a partir de una auditoría que encomendó el Consejo, hubo más de 300 sobres abiertos sin justificación y 55 de esos documentos contenían información reservada. Pero además el informe detectó algo más grave: faltan otros 82 sobres con declaraciones juradas. Agrega que se encontraron con signos de apertura los sobres de jueces federales que tramitan causas muy sensibles (entre otros Luis Rodriguez, Julian Ercolini, Sebastian Casanello, Rodolfo Canicoba Corral, Mariano Borinsky).

La auditoría, a su vez, estableció que “no fueron forzadas las cerraduras; no existe ingreso impropio o irregular de persona alguna al edificio durante los días investigados, acerca de la cual se sospeche utilización engañosa de llaves; no existió actividad del sistema informático necesario para asegurar prontitud y eficacia en la posible intrusión". Además, detectó que las cámaras de seguridad no funcionaban.

Una vez producido el informe de la Comisión, el plenario del Consejo decidió, en abril de 2023, crear una comisión para continuar la investigación de la irregularidad.

La justicia federal, a su vez, investiga el delito pero no ha tomado ninguna medida coercitiva contra algún sospechoso.

Ha pasado un año y medio del hecho y, como ya puede advertirse, no existe mucho interés en esclarecer el asunto. Sin embargo, hay varias cosas que merecen decirse.

Por empezar, venimos diciendo hace muchos años (aquí un ejemplo) que el patrimonio de los jueces y juezas (como el del resto de los funcionarios públicos) debe ser público. Sin embargo, se publica una parte superficial que no permite conocer ese patrimonio de manera fehaciente. Muchos de los datos se encuentran en los anexos reservados (por ejemplo, el patrimonio de cónyuges que aunque formen parte de una sociedad con los funcionarios no se considera que deba publicarse). Estos robos demuestran la relevancia que tienen esos anexos secretos.

A su vez, la auditoría reveló muchas irregularidades en el cuidado de la documentación. Evidentemente la persona responsable del hecho tenía acceso al área donde se encontraban y a las llaves. No existía ningún tipo de mecanismo para controlar que no se accediera y las cámaras no funcionaron. Sin embargo, no se adoptó ninguna sanción administrativa contra quien tenía a cargo asegurar que no se alterara la seguridad del lugar.

El diario Ámbito vinculó el hecho a una “guerra entre clanes” en el organismo. Concretamente, sostuvo la nota que el hecho podría tener relación con ciertos reacomodamientos que se generaron en el organismo antes de que volviera a ser presidido por el Presidente de la Corte. Así sostuvo el artículo que es llamativa “la sucesión de ascensos meteóricos que hubo de personal jerarquizado dentro del Consejo en un lapso de 90 días previos a que la Corte asumiera la presidencia”. Otra hipótesis que se barajó es que el robo estuvo vinculado al hackeo a los teléfonos de numerosos jueces que tuvo lugar algún tiempo después. En definitiva, la falta de dilucidación de los hechos deja en la penumbra los motivos, seguro muy relevantes, por los cuales se llevó a cabo un hecho de estas características.