Walter Bento es juez federal de Mendoza. Ha sido procesado por siete hechos que estarían vinculados a la corrupción y se dictó su prisión preventiva —con fallos firmes— en diversas causas vinculadas a irregularidades en los trámites de distintos casos que tenía a cargo y por enriquecimiento ilícito, y se encuentra a la espera del juicio oral. Se lo acusa, por una parte, de ser parte de una asociación ilícita que supuestamente cobraba sobornos para dilatar expedientes penales en los que se debía investigar lavado de activos. Por otro lado, también se lo acusa de no poder justificar todas sus propiedades (tres inmuebles en un country de Mendoza, participación en distintos fideicomisos, varios autos de lujo) ni numerosos viajes que realizó al exterior. Incluso, a través de información de Migraciones, se determinó que en los últimos diez años de ejercicio estuvo fuera del país un promedio de 69 días por año (bastante más que la feria judicial que le corresponde).

Su esposa también está procesada como coautora de varios delitos por los que se lo acusa a Bento y fue suspendida en funciones (es empleada judicial) por la Cámara Federal de Mendoza. Tiempo después, se conoció también que sus hijos fueron imputados por su participación en esos hechos y se les prohibió salir del país.

Recientemente Bento fue denunciado por no haber declarado que estaba procesado en un concurso al que se presentó pese a que el formulario contiene una sección para informar esas circunstancias.

A pesar de los hechos reseñados, Bento aún no fue apartado de su cargo, por lo que sigue dictando decisiones judiciales y fue quien organizó y supervisó las elecciones de medio término en 2021 en la provincia de Mendoza pese a que la Cámara Federal Electoral le pidió que se tome licencia. Incluso, este año, el juez estará a cargo del control de las elecciones presidenciales en el territorio de su jurisdicción.

El Consejo de la Magistratura recibió la denuncia por mal desempeño en abril de 2021 y la Comisión de Acusación y Disciplina sorteó como consejero instructor al diputado Pablo Tonelli, quien recabó pruebas y solicitó al plenario la suspensión preventiva basada en la ley de fueros.

Desde entonces, se espera una pericia a cargo del Cuerpo de Peritos de la CSJN sobre el patrimonio del juez antes de poder cerrar esa etapa preliminar de la investigación.

Mientras tanto, el Consejo —en su primera sesión como organismo de veinte integrantes— lo excluyó del concurso para camarista invocando la norma del reglamento que prohíbe inscribirse a todas aquellas personas que tuvieran procesamiento firme por delito doloso.

Más allá de la justicia o injusticia de los procesamientos que pesan sobre el juez, buscamos analizar algo más abstracto que tiene que ver con otro privilegio de los jueces.

De acuerdo con la ley de fueros, si se dicta una prisión preventiva respecto de un/a juez/a, esta no se hará efectiva hasta tanto el/la magistrado/a sujeto/a a juicio político no sea separado de su cargo por el Consejo de la Magistratura.

Según la reglamentación, el instituto de la prisión preventiva, respecto de magistrados/as, sólo puede hacerse efectivo cuando el plenario del Consejo de la Magistratura decida —a partir del informe realizado por uno de los consejeros miembro de la Comisión de Acusación— abrir el procedimiento de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento. Esto, sin embargo, no puede realizarse sin antes haber sustanciado la prueba que amerite la imposición de una sanción (o la apertura de un procedimiento que busque la remoción) y haber citado al/a la magistrado/a a declarar.

Mientras tanto, el juez o la jueza podrían fugarse y entorpecer el proceso. A comparación de tantas personas comunes privadas de su libertad sin condena firme, los/as magistrados/as tienen muchas más posibilidades de fugarse o entorpecer el proceso por su conocimiento del sistema y contactos dentro de él. Hay muchas personas para las que la institución de la prisión preventiva no debe perdurar, pero —si algún sentido conserva— es justamente preservar el estado de cosas para que pueda desarrollarse adecuadamente el proceso. Si a algunas de las personas que más poder ostentan no se les aplica, ¿dónde está la justicia?

Sólo imaginando un supuesto extremo es que queda en evidencia el hecho de que debe poder suspenderse de forma inmediata a un/a juez/a en sus funciones. Interpretando la normativa vigente, si un/a magistrado/a fuese encontrado in fraganti participando de un delito, podría continuar dictando resoluciones durante casi un mes: pues primero debería recogerse prueba, formularse la acusación y es en ese momento que podría citarse al/a la juez/a a prestar declaración (según el art. 20 del Reglamento de la Comisión de Acusación y Disciplina, que otorga al menos diez días de plazo para que el/la funcionario/a pueda preparar su defensa). Recién luego de ello, podría prepararse la acusación, la que debería votarse por la Comisión y por el Plenario. Todas las resoluciones que dictase el/la acusado/a durante ese tiempo deberían considerarse válidas.

Así como el reglamento de concursos prevé la situación de que no pueden inscribirse personas con procesamientos firmes (lo cual no está previsto en la ley), el propio Consejo podría incorporar la posibilidad de suspender al/a la magistrado/a que tiene prisión preventiva para que no pueda seguir dictando resoluciones.

Este miércoles 17 de mayo, la Comisión de Acusación trató —entre otras cuestiones— el informe presentado por el consejero Tonelli, incluyendo el pedido de suspensión del magistrado. En una votación de 4 votos positivos y 3 abstenciones, se aprobó el dictamen que aprueba la acusación del magistrado. Ahora, dicho dictamen será enviado al plenario del Consejo, el que, conociendo la acusación, resolverá si abrir un jurado de enjuiciamiento, si aplicar una sanción disciplinaria o si desestimar la acusación.

Walter Bento puede o no ser un buen juez, pero si tiene procesamientos con prisiones preventivas firmes no debería juzgar a nadie hasta que se aclare su situación.