Mediante la digitalización integral de sus libros, alianzas estratégicas y la adopción de estándares de interoperabilidad, el Registro General Inmobiliario (RGI) de San Juan redujo en más de un 65% sus tiempos de gestión. Un análisis sobre cómo la modernización del Poder Judicial provincial transforma la seguridad jurídica en un servicio de justicia eficiente, sustentable y centrado en el ciudadano.

Presentación de la iniciativa

La transformación digital del Registro General Inmobiliario (RGI) de la Provincia de San Juan representa un cambio de paradigma en la administración de los derechos reales. Para analizar la influencia de las tecnologías, el presente estudio adoptó un enfoque de investigación mixto (Hernández Sampieri et al., 2018), permitiendo vincular el análisis del marco normativo con la medición objetiva del desempeño institucional. Este organismo cumple una misión o función principal: dar publicidad a la condición de dominio de los inmuebles registrados para que sean oponibles frente a terceros; es decir, inscribir actos para que sean conocidos por sujetos legítimos. A diferencia de otras jurisdicciones argentinas, este organismo se integra orgánicamente en el Poder Judicial de San Juan, bajo la supervisión de su Corte de Justicia. Esta dependencia institucional es clave, pues permite que la modernización registral no sea un comportamiento estanco, sino parte de una política de Estado de justicia abierta y eficiente.
El proyecto inició formalmente tras el diagnóstico obtenido en el LVI Encuentro Nacional de Directores de Registros de la Propiedad Inmueble (Córdoba, 2019), donde se evidenció la urgencia de abandonar la gestión analógica para evitar la inseguridad jurídica. San Juan asumió entonces el desafío de superar la obsolescencia del soporte papel. Los procesos manuales no solo eran lentos, sino que presentaban riesgos de deterioro documental y demoras críticas que afectaban la oponibilidad de los derechos (Art. 1893 del Código Civil y Comercial de la Nación).

Este liderazgo se consolidó con la participación de la provincia en la Reunión Nacional de Registros Inmobiliarios (Salta, 2025). En dicho evento, el RGI fue premiado por su ponencia sobre tecnología e innovación, destacando la importancia de la Ley General del Ambiente (N.º 25.675) en los procesos de despapelización y sostenibilidad administrativa. A través del Acuerdo N° 116/2025, la digitalización del RGI se formaliza dentro del programa "Justicia Sostenible San Juan".

Descripción de la propuesta

La iniciativa consiste en la migración del acervo documental a un ecosistema digital con equivalencia funcional. Gracias a la validación mediante la Ley de Firma Digital N° 25.506, el dato digital posee el mismo valor probatorio que el protocolo físico, garantizando la inmutabilidad de la información registral.
Esta transformación del RGI se fundamenta en un marco legal robusto que incluye, entre otras normas, la Ley Nacional N° 17.801 y la Ley Provincial N° 137-C, junto con Acuerdos de la Corte de Justicia de San Juan que legitiman el uso de herramientas TIC.

Un hito administrativo del 2025 fue el dictado de tres Disposiciones Técnico Registrales: D.T.R. N° 52, N° 53 y N° 54. Estas normas internas, fundamentales para la seguridad jurídica, establecen los criterios de calificación y los procedimientos técnicos ante la nueva realidad digital del organismo. Al tratarse de normativa de carácter técnico-institucional, su consulta se gestiona directamente en el ámbito del Registro, garantizando la rigurosidad en los procesos de inscripción.

En el funcionamiento operativo se destacan:

• Gestión Documental y Remota: Uso del software Lex Doctor Registral (LDR) y acceso remoto seguro vía Apache Guacamole (Acuerdo General N° 54/2020), lo que garantiza la continuidad operativa y el acceso ciberseguro de los agentes judiciales a los asientos registrales.
• Plataformas de Interacción: Implementación de la Mesa de Entrada Virtual (MEV) (Acuerdo General N° 165/2023), junto con canales de comunicación vía WhatsApp y correos oficiales. Cabe destacar que la MEV fue desarrollada con la colaboración activa del Colegio de Escribanos y el Foro de Abogados de San Juan, asegurando que la herramienta responda a las necesidades reales del ejercicio profesional y elimine los traslados físicos. A esto se suma el Micrositio registral informativo en el portal del Poder Judicial, que facilita el acceso de los usuarios a tutoriales, guías y aranceles, promoviendo la transparencia y la autogestión ciudadana.
• Interoperabilidad: Conexión mediante la Nube Judicial (Acuerdo N° 11/2023) y la Plataforma de Oficios Judiciales (POC) (Acuerdo Nº 44/2025), optimizando el flujo de información entre organismos. Se destaca aquí el cumplimiento del régimen de comunicaciones previsto en la Ley N° 22.172, que facilita la integración con otras jurisdicciones.
• Integración Financiera: El convenio con el Banco San Juan para facilitar el pago electrónico de tasas e impuestos, simplificando la experiencia del usuario y bancarizando los procesos administrativos.

Resultados alcanzados

A fines de 2024, el RGI alcanzó el 100% de la digitalización de sus libros. Bajo un enfoque de periodismo enfocado en soluciones, la gestión se valida con datos, por lo que es imperativo destacar que esta modernización no es solo técnica, sino que presenta resultados sociales medibles, impactando directamente en la eficiencia del servicio de justicia. Según el Informe de Seguimiento del RGI —documento de control interno del Poder Judicial que audita 13 tipos de trámites—, la mejora es contundente:

Fuente: Registro General Inmobiliario de San Juan (2025)

Estos resultados benefician directamente a abogados y escribanos al permitir una trazabilidad integral de las actuaciones registrales, garantizando la inmutabilidad de la cadena de mando digital. Esta transparencia en el seguimiento del asiento registral refuerza los principios de tracto sucesivo y prioridad, permitiendo al profesional y al ciudadano contar con certeza absoluta sobre el estado del trámite en tiempo real. Esta seguridad jurídica se extiende al titular de dominio, para quien la digitalización garantiza una protección robusta de su propiedad bajo los principios de la Ley Nacional N° 17.801. Al reducirse drásticamente los tiempos de inscripción, se acorta la "ventana de vulnerabilidad" entre la firma de la escritura y su publicidad registral, asegurando de dicha manera la oponibilidad frente a terceros. Este dinamismo protege la prioridad registral y blinda el inmueble contra el ingreso de medidas cautelares o fraudes posteriores a la venta, otorgando una fe pública registral inmediata que resguarda el patrimonio de los titulares de derechos de manera fidedigna.
Asimismo, el RGI cumplió al 100% el plan de capacitación anual para usuarios internos y externos. En cuanto a la innovación en el trámite de afectación a vivienda, se alcanzó un 80% de cumplimiento, logrando que el proceso sea más ágil, accesible y transparente, aunque aún resta completar la integración de herramientas digitales específicas.

Impacto y valor agregado

La experiencia sanjuanina arroja aprendizajes fundamentales para cualquier proceso de reforma estatal:

• El Factor Humano y la Alfabetización Digital: La tecnología requiere un cambio cultural. La Escuela Judicial de la Corte impulsó una red de colaboración académica mediante convenios con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad de Congreso y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), los cuales han sido vitales para capacitar a los operadores del derecho en el uso de estas nuevas herramientas. Aunque en el año 2025 no se contó con un indicador específico de satisfacción del usuario, se proyecta retomar las encuestas de mejora continua que en periodos anteriores permitieron acciones de optimización.

• Justicia Sostenible e Inclusiva: La despapelización contribuye directamente a la sostenibilidad administrativa y ambiental, alineándose con los principios de la Ley General del Ambiente (Nº 25.675). No obstante, se mantiene un modelo híbrido con atención presencial para personas mayores y ciudadanos con dificultades de acceso, garantizando que la modernización no genere exclusión digital.

• Fortalecimiento del Estado de Derecho: La precisión digital reduce la litigiosidad por errores materiales o extravíos documentales, asegurando que la tutela judicial efectiva se base en datos fidedignos, en plena concordancia con el acceso a la información que promueve la Ley Argentina Digital (N° 27.078).

Escalabilidad

El RGI reconoce objetivos pendientes, como el mejoramiento de la página web para lograr que la misma sea más dinámica y accesible a todos los usuarios. Asimismo, se propone continuar con una ambiciosa hoja de ruta que incluye:

1. Fortalecimiento de la presencia territorial: Mediante convenios con los Juzgados de Paz departamentales para el asesoramiento sobre el trámite de afectación a vivienda en cada comunidad.
2. Optimización de la autogestión profesional: A través de un nuevo sistema de precarga que permita al usuario el acceso directo a la información registral, acelerando los tiempos de respuesta.
   Innovación en la atención al usuario: Mediante la incorporación de un asistente virtual (Bot) para comunicación inmediata y la extensión del horario operativo de la Mesa de Entrada Virtual (MEV).
3. Fomento de una cultura organizacional saludable: A través de programas de mejora del clima laboral interno, reconociendo al capital humano como el motor de la transformación.
4. Ciberseguridad y Estándares Internacionales: El Departamento de Seguridad Informática, en el año 2025 ejecutó una iniciativa institucional de ciberseguridad dirigida a todo el personal del Poder Judicial de San Juan. Su objetivo principal es evaluar y validar la postura de seguridad frente a amenazas de phishing y ransomware, permitiendo identificar patrones de comportamiento y detectar oportunidades de mejora. La detección de un grupo vulnerable permite intensificar la capacitación obligatoria dispuesta por la Corte de Justicia, actuando preventivamente sobre los factores humanos para reducir el riesgo de robo de información confidencial o interrupción operativa por malware.
   Por lo que la seguridad ya no reside en el sello de goma, sino en protocolos criptográficos y procesos auditables. Como eje central de escalabilidad, el RGI avanza en la alineación con la norma ISO/IEC 27001, habiendo adoptado ya el Protocolo de Seguridad Informática (Acuerdos Nº 22/2023 y Nº 104/2023) y el Protocolo de Respuesta ante Incidentes de Alto Impacto (Acuerdo 30/2025) y, fundamentalmente, el Protocolo de Filtrado Web y Control de Aplicaciones (Acuerdo 122/2025). Este último, basado en el principio de "Mínimo Privilegio" (PoLP), termina de sellar las bases de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que busca blindar los activos digitales ante amenazas externas.

Replicabilidad

El modelo es replicable mediante el Bus Federal de Justicia (Acuerdos N°106/2023 y N° 109/2025) que permite el intercambio seguro de datos entre provincias. El próximo paso es la consolidación de la inteligencia artificial a través del Protocolo de IA (Acuerdo N° 102/2024) y la plataforma "JusticIA" (Acuerdo N° 88/2025) para asistir en la calificación registral.

La experiencia de San Juan demuestra que la eficiencia no es enemiga del rigor jurídico. El desafío futuro radica en la consolidación de la interoperabilidad total: que el RGI, Catastro y los Juzgados compartan datos en tiempo real para que el ciudadano no sea el cadete del Estado. La 'Revolución Digital' en San Juan no termina con el escaneo del último libro; recién comienza con la utilización de esos datos para una justicia más predictiva, transparente y, sobre todo, humana.

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Bruno Di Carlo es abogado, escribano del RGI de San Juan y especialista en agente inmobiliario (Universidad Europea Miguel de Cervantes). Es investigador sobre modernización registral en la revista Justicia y Equidad. Su ponencia sobre digitalización inmobiliaria fue premiada en el I Congreso Iberoamericano de Derecho Registral (Salta, 2025). Es becario del programa Contemporary Topics in Business Strategy por Bayswater College London.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.