Un Consejo de la Magistratura para el siglo 21

por Andrés Gil Domínguez

Autor

Andrés Gil Domínguez

Publicado el

2022-02-11

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Consejo de la Magistratura

El presente artículo forma parte del Dossier especial de JusTA: ¿Qué pasa con la reforma del Consejo de la Magistratura?


El necesario debate en el Congreso de una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura que impuso el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” configura una nueva oportunidad que no puede desperdiciarse si queremos construir la justicia federal del siglo 21.

El Consejo de la Magistratura fue incorporado por la reforma constitucional de 1994 con dos objetivos centrales. El primero fue limitar la discrecionalidad política en el campo de la selección, designación, sanción disciplinaria y remoción de los jueces y juezas anteriores a la Corte Suprema de Justicia a efectos de lograr la “despolitización” del funcionamiento del Poder Judicial y garantizar la mayor independencia posible de los magistrados y magistradas. El segundo se vinculó con la necesidad de lograr una mayor eficacia funcional del Poder Judicial otorgándole al Consejo de la Magistratura la atribución de administrar el Poder Judicial para que los jueces y las juezas se dedicaran exclusivamente a la función jurisdiccional.

Los paradigmas emanados de las normas orgánicas del Consejo de la Magistratura sancionadas por el Congreso desde 1997 a la fecha impusieron un sistema distorsionado que constitucionalmente hablando fracasó.

Si queremos construir una justicia federal del siglo 21 hace falta un drástico cambio de sistema que sincronice razonablemente desde el momento que una persona se inscribe en una concurso para juez o jueza hasta que la Corte Suprema de Justicia dicta una sentencia en un caso concreto. Modificaciones parciales constituyen meros cambios cosméticos que no cambian el actual sistema, sino que lamentablemente, profundizan sus miserias y alejan cada vez más a la sociedad en sus demandas individuales y colectivas de una justicia mejor.

#Andrés Gil Domínguez. Abogado y Posdoctor en Derecho (UBA) . Integrante del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

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