El gobernador Jaldo acogió el reclamo de distintos sectores, entre ellos ACIJ, y dio de baja una reforma legislativa que desconocía la obligación constitucional de designar fiscales por concurso público de antecedentes y de oposición

El Poder Ejecutivo de Tucumán aplicó el veto a la ley sancionada este mes por la Legislatura de esa provincia que equiparaba a funcionarios auxiliares designados de manera discrecional y sin publicidad por parte del Ministerio Publico Fiscal con los fiscales y las fiscalas de la Constitución. Se trataba de una reforma votada en forma confusa que, en la práctica, desconocía la obligación constitucional de seleccionar a tales integrantes del Ministerio Público Fiscal de Tucumán por medio de los concursos abiertos de antecedentes y de oposición que organiza el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), y con intervención del Gobierno y de la propia Legislatura.

La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo alivia a la Justicia tucumana, una institución que carga desde hace décadas con déficits serios de independencia como consecuencia de su intensa politización. Al vetar la norma que equiparaba a auxiliares con titulares de fiscalías, el mandatario escuchó el pedido de diferentes sectores alarmados por una ley que otorgaba al jefe de los fiscales, Edmundo Jesús Jiménez, la posibilidad de obviar por completo los concursos previstos en la Constitución provincial. Entre quienes habían reclamado que se impusiera un límite está la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización editora de JusTA.

“La redacción (normativa) que se propicia no supera el examen constitucional vulnerando sus previsiones expresas y las garantías que le confiere a la sociedad en su conjunto”, expresó Jaldo en el Decreto 1.493/24 que firmó el viernes 24 de mayo de 2024 y trascendió al día siguiente.

En un comunicado emitido el mismo viernes por la mañana, ACIJ denunció que “la Legislatura tucumana había aprobado una ley que afectaba la idoneidad e independencia de las fiscalías, y violaba los derechos de las partes en las causas penales”. Y añadió: “ello implica que, si no hay veto, los auxiliares fiscales ahora tendrán la autoridad para requerir la elevación a juicio, el sobreseimiento y la ampliación del requerimiento de acusación, así como para pedir la absolución o condena y determinar la pena de los acusados, todas facultades reservadas a quienes fueron elegidos para representar la acción penal del Estado. En el debate legislativo, algunos representantes explicaron la necesidad de esta reforma en la sobrecarga de las y los fiscales. Sin embargo, esta situación debería solucionarse abriendo concursos y no dotando de facultades a personas que no cuentan con las garantías suficientes”.

El posicionamiento de ACIJ advertía que la Legislatura había procedido sin que se encontraran accesibles por parte de la ciudadanía los datos sobre la carga actual de causas en cada fiscalía, ni la información sobre su desempeño: “otorgar a los auxiliares fiscales -empleados judiciales seleccionados en forma directa y discrecional por el Ministro Fiscal- las mismas facultades que a los fiscales en el proceso penal resulta un serio retroceso. La falta de garantías de independencia de quienes ejercen como auxiliares fiscales sumada a la falta de publicidad respecto de sus antecedentes e idoneidad ponen en riesgo la imparcialidad y la integridad del sistema judicial, al tiempo que debilitan la confianza pública en las instituciones judiciales”.

ACIJ había instado al gobernador Jaldo a utilizar la facultad constitucional del veto, y al Ministerio Público Fiscal tucumano a empezar a publicar información respecto de las y los funcionarios a cargo de las fiscalías, como los datos referido al volumen de causas que maneja cada unidad con el fin de generar diagnósticos basados en evidencia, y soluciones que sean respetuosas de la ley y la Constitución.