La pandemia aceleró la digitalización de los expedientes y hoy es posible litigar sin concurrir prácticamente a tribunales. A su vez, la inteligencia artificial ya dejó de ser una promesa futurista en el derecho. Lo que empezó como una herramienta para buscar jurisprudencia o resumir expedientes hoy se convirtió en un verdadero motor de litigiosidad. Cada vez más estudios jurídicos admiten que la IA simplificó la elaboración y gestión de demandas en serie. Reclamos que hace unos años eran inviables —porque el tiempo del abogado costaba más que el monto discutido— hoy encuentran en la automatización un punto de equilibrio económico.

El resultado es un cambio de paradigma: la posibilidad de que nuestra sociedad se vuelva más litigante, no por un aumento de conflictos reales, sino porque los costos de llevarlos a tribunales se reducen drásticamente. Eso trae virtudes —un acceso más democrático a la justicia, mayor capacidad de presión sobre grandes actores económicos, la chance de que derechos “pequeños” también sean defendidos—, pero también defectos: saturación judicial, incentivos para el pleito industrializado y el riesgo de que la calidad argumental ceda frente al volumen.

El factor económico: cuando el costo deja de ser una barrera

La primera clave para entender el fenómeno está en lo económico. Tradicionalmente, litigar tenía un piso de costos inevitable: horas de trabajo de abogados, redacción manual de escritos, seguimiento del expediente, comparecencias en tribunales. Ese costo fijo convertía en inviables miles de reclamos legítimos de bajo monto.

La inteligencia artificial cambia radicalmente esa ecuación. Hoy, un estudio jurídico puede automatizar la generación de demandas, producir decenas de escritos en cuestión de horas, y gestionar procesos masivos con un nivel de eficiencia imposible hace unos años. El costo marginal de cada nuevo pleito baja mucho y lo que antes era un “mal negocio” para el cliente y para el abogado empieza a ser rentable.

Este abaratamiento no es solo una cuestión interna de los estudios: altera los incentivos de todo el sistema. Si reclamar $500.000 antes era antieconómico y hoy es viable, la balanza se inclina hacia el litigio. Los bancos, aseguradoras, proveedores de servicios y grandes empresas se enfrentan a un nuevo escenario: ya no basta con calcular que “nadie va a demandar por tan poco”. Ahora, cualquier incumplimiento puede convertirse en cientos de demandas en serie, coordinadas y de bajo costo para quien las promueve.

Virtudes del fenómeno

El aumento de la litigiosidad impulsado por la digitalización y la inteligencia artificial no tiene por qué ser leído solo como una amenaza. También abre oportunidades valiosas para el sistema judicial y para la sociedad en su conjunto. Por un lado, amplía el acceso a la justicia. Reclamos que antes quedaban en el olvido —porque eran demasiado pequeños para justificar el tiempo de un abogado— ahora encuentran cauce. En la práctica, significa que consumidores, trabajadores o ciudadanos con pocos recursos tienen más chances de hacer valer sus derechos.

A su vez, si la probabilidad de ser demandado por cada infracción aumenta, también crece la presión sobre el Estado y particulares para ajustar su conducta. Lo que antes era “un riesgo estadístico” se convierte en una amenaza concreta de sanción judicial. En otras palabras, la IA puede convertirse en un catalizador de mayor cumplimiento de la ley. En este sentido, la automatización del litigio no solo facilita el acceso individual, sino que también puede fortalecer el control social sobre poderes económicos y políticos.

Los riesgos de una sociedad más litigante

El otro lado de la moneda es menos alentador. Una sociedad con más acceso al litigio también corre el riesgo de transformarse en una sociedad atrapada en el conflicto judicial. Por un lado, el sistema judicial ya opera al límite de su capacidad en muchas jurisdicciones. Si las demandas en serie se multiplican al calor de la inteligencia artificial, la sobrecarga puede volverse inmanejable. Lo que hoy se ve como acceso a la justicia, mañana puede traducirse en demoras interminables y un colapso en la capacidad de respuesta. Por el otro, la reducción del costo marginal de iniciar un juicio abre la puerta a reclamos con fundamentos débiles o directamente infundados. La tentación de convertir el litigio en una estrategia de presión o negociación aumenta, y con ello el riesgo de que los tribunales se conviertan en escenarios de litigio sin freno. En Argentina se vive un clima de conflicto permanente, si eso se traslada con más y más volumen a los tribunales, hay un riesgo de que se haga más difícil la convivencia y la actividad económica productiva. En síntesis, lo que promete más justicia puede terminar generando más burocracia, más saturación y menos efectividad. El desafío es encontrar el punto de equilibrio antes de que la tecnología imponga un modelo de “justicia de volumen” que erosione la confianza en el sistema

¿Una sociedad más justa o más conflictiva?

La inteligencia artificial no inventó el litigio en masa, pero lo vuelve más probable, más barato y más rápido que nunca. Se combina con la digitalización de los expedientes que abarata costos de procuración, papelería, logística. El resultado puede ser un escenario con más acceso a la justicia y, al mismo tiempo, más riesgo de saturación y abuso.

El dilema no es tecnológico, sino institucional: ¿cómo queremos que funcione nuestra justicia en una sociedad donde los costos de litigar tienden a cero? Si dejamos que el volumen lo domine todo, corremos el riesgo de transformar al Poder Judicial en una fábrica de demandas estandarizadas. Pero si logramos aprovechar la eficiencia de la IA para garantizar que derechos antes invisibles ahora sean defendidos, habremos dado un paso hacia un sistema más equitativo. La pregunta, en definitiva, es si la IA nos acerca a una justicia más accesible o nos empuja a una sociedad más conflictiva. La respuesta dependerá menos de los algoritmos que de nuestra capacidad de diseñar reglas, instituciones y prácticas que permitan que el litigio siga siendo un camino para resolver conflictos, y no un fin en sí mismo.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.