La entrevista en cinco citas

"Ingresé a la última categoría (auxiliar administrativo) en 1989 sólo porque una compañera trabajaba allí: llené el formulario, rendí los exámenes y me llamaron. No pertenezco a la familia judicial, ni siquiera vengo de una familia de abogados. No conocía a nadie influyente: simplemente tuve la oportunidad".

" Hay un sólo puesto en la Justicia del Trabajo para el que nunca se estableció un concurso obligatorio que es el cargo que en la primera instancia se llama secretario privado y en la segunda instancia, relator. Pero algunos jueces incluso concursan estos lugares".

" El valor del pluralismo termina siendo defendido por todos: creemos que debemos dar la misma oportunidad que tuvimos a cualquier ciudadano que desee integrarse al Poder Judicial".

" No hemos logrado desterrar, quizá, las preferencias por el ayudante de la cátedra o por el sobrino del juez de al lado, pero el impacto de estas inclinaciones se da en concursos completamente abiertos para el ingreso".

" En muchos casos, los vínculos endogámicos provocan que no todos hagan lo que tienen que hacer en todo momento: controlar si deben controlar; estar alertas si deben estar en alerta e, incluso, denunciar si es necesario denunciar".

Liliana Rodríguez Fernández pertenece a una ínsula judicial en lo que al ingreso democrático se refiere. Con matices, este ámbito, la Justicia Nacional del Trabajo, aplica los concursos para el acceso a los cargos y para los ascensos desde la década de 1950. Rodríguez Fernández misma es un ejemplo de esa práctica: rindió y entró en 1989 para atender el mostrador, y fue escalando posiciones hasta que en 2005 asumió como jueza del Trabajo, previo paso por el Consejo de la Magistratura de la Nación. "Soy una habitué de los concursos", dice Rodríguez Fernández. Según su experiencia, son innegables los buenos resultados de este método fundado en parámetros objetivos: para comprobarlo sólo hace falta voluntad. "Los concursos dieron orgullo y pluralismo a la Justicia del Trabajo", apunta la magistrada.

El fuero de Fernández Rodríguez es una de las islas que observaban el ingreso democrático mucho antes de que una ley establezca en 2013 la obligación de usarlo. Una investigaciónreveló que, ocho años después de la sanción de la norma, los nombramientos discrecionales siguen imperando en la mayor parte de la Justicia Nacional y Federal. Esa dedocracia se nutre de desinteligencias entre la Corte Suprema y los tribunales inferiores. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mientras tanto, sigue alimentando una tradición "contracultural", según Rodríguez Fernández.

-¿Cómo evalúa el ingreso democrático?

-No quiere decir que sea perfecto, pero sí hay un intento sostenido en la Justicia del Trabajo que arranca con la reglamentación de 1959. Desde ese momento, todos los aspirantes tuvieron que dar un examen para ingresar al fuero del Trabajo y, luego, otro, para ascender. La dificultad de los concursos abiertos radica en que es un método contracultural: eso genera en algunas épocas mayores resistencias y, en otras, quejas sobre el funcionamiento. Pero, en líneas generales, el mecanismo siempre se sostuvo y tuvo un muy buen desempeño.

-¿Se puede decir que la Justicia Nacional del Trabajo está completamente integrada por empleados, funcionarios y jueces que superaron concursos?

-Todos los ingresantes a los cargos administrativos, no de maestranza, han pasado por concursos. A grandes rasgos, el fuero tiene alrededor de 3.000 trabajadores distribuidos en 80 juzgados de primera instancia, 10 salas y una secretaría general. En algún momento hubo excepciones, como cuando se admitieron los meritorios, pero esto está prohibido desde hace 10 años, aproximadamente. Yo, por ejemplo, ingresé a la última categoría (auxiliar administrativo) en 1989 sólo porque conocía a una compañera que trabajaba allí, llené el formulario, rendí los exámenes y me llamaron. No pertenezco a la familia judicial, ni siquiera vengo de una familia de abogados. No conocía a nadie influyente: simplemente tuve la oportunidad.

-¿Usted luego rindió sucesivamente para ascender hasta llegar a ser jueza?

-Exactamente. De hecho hay un sólo puesto para el que nunca se estableció un concurso obligatorio que es el cargo que en la primera instancia se llama secretario privado y en la segunda instancia, relator. Algunos jueces incluso concursan estos lugares. En 1991, yo rendí uno organizado por la vocalía de Ricardo Guibourg, gané y me incorporé como su relatora. Guibourg fue un gran defensor de los concursos e incluso escribió una batería de argumentos en un texto muy significativo.

-¿De dónde proviene esta inquietud?

-Por comentarios de terceros, sé que un gran impulsor de la reglamentación de los concursos fue Amadeo Allocati, un juez de Cámara muy destacado, y que, como decíamos, luego Guibourg tomó este tema. Pero, además, la Justicia del Trabajo se distingue por ser acaso menos elitista que otros ámbitos del Poder Judicial. La mayor parte de quienes se desempeñan en el Trabajo no tienen familiares ni amigos en el sistema judicial: desde el punto de vista de la procedencia de empleados y de funcionarios, es muy plural. Es un valor que termina siendo defendido por todos: creemos que debemos dar la misma oportunidad que tuvimos a cualquier ciudadano que desee integrarse al Poder Judicial.

-Sí hay, entonces, una conciencia interna de la igualdad de oportunidades y de que eso caracteriza a la institución…

-Sí, aunque esto no evita situaciones que son parte de nuestra cultura. En muchos casos existen preferencias, por ejemplo, por el ayudante de la cátedra o el sobrino del juez de al lado. Pero el impacto de estas inclinaciones se da en concursos completamente abiertos para el ingreso. Las tensiones vinculadas con esta política incidieron en el número de aspirantes elegibles: en algún momento funcionó la regla de los tres primeros; en otro, de los 10 y en otro, de los 20, siempre en el ámbito de un concurso que obligó a los postulantes a presentar sus antecedentes y a ser evaluados. En la actualidad el orden de mérito para el ingreso consta de 200 lugares mientras que para ascender hay que estar entre los 15 mejores.

-Más allá de que el concurso es el único sistema de ingreso a los cargos públicos no electivos compatible con la Constitución Nacional, ¿qué le aporta este mecanismo a la Justicia?

-Considero que, en los hechos, da mejores resultados que la designación discrecional. Los empleados que ingresan de esta manera se sienten comprometidos con la institución: cada uno siente que se ganó el lugar que tiene y una suerte de privilegio por ocupar este muy buen empleo. Hay algo, entonces, de orgullo personal. Veo, además, que, en muchos casos, los vínculos endogámicos provocan que no todos hagan lo que tienen que hacer en todo momento: controlar si deben controlar; estar alertas si deben estar en alerta e, incluso, denunciar si es necesario denunciar. Los lazos de familia o de amistad suelen dificultar la independencia de los jueces, funcionarios y empleados. La multiplicidad de orígenes torna más saludables las relaciones internas.

-¿Cómo se sienten usted y sus compañeros del fuero cuando se ataca a la "familia judicial" o se critican los privilegios de los Tribunales?

-Nosotros tenemos un reglamento desde hace más de 50 años, pero el mantenimiento de esa norma nos obliga a dar una lucha cotidiana porque en muchos casos la fuerza que quiere retroceder -hacia la discrecionalidad- es intensa por lo que decía al comienzo: nuestra cultura va a contramano del mérito y del concurso. Esto provoca pequeños avances y retrocesos, pero creo que, en el conjunto, la experiencia de la Justicia del Trabajo es muy positiva. Y sí, frustra oír la crítica generalizada, pero es inevitable y poco podemos hacer frente a eso.

-¿Qué devolución reciben de parte de los otros fueros?

-Casi le diría que existe una ignorancia. Durante mucho tiempo se trató a los Tribunales del Trabajo como una "Justicia de trocha angosta", como si fuese de una segunda categoría. En general, diría que nuestra experiencia no es muy tenida en cuenta. De hecho, en relación con la informatización, que también es vital para el buen funcionamiento institucional, la Justicia del Trabajo desarrolló sus propios programas internos desde hace más de 20 años. Empleados rasos capacitados en esta área generaron un programa excelente que hasta permitía a los jueces medir los tiempos del proceso en cada uno de los tramos, y elaborar de manera automática estadísticas, cédulas, notificaciones y mandamientos. Cuando se decidió la informatización total y con un único programa en el Poder Judicial de la Nación, hará cerca de 10 años, nos resultó muy difícil, sino imposible, ser escuchados en función de nuestra práctica previa. Perdimos el sistema original y el que lo sustituyó recién ahora está tratando de llegar a las prestaciones del anterior que, de modo gratuito y diseñado a la medida del usuario, habíamos desarrollado en el fuero del Trabajo gracias a empleados seleccionados por concurso.

-¿Cuál es la valoración que los litigantes hacen del ingreso democrático? ¿Advierten que le aportó un plus de profesionalismo a la Justicia del Trabajo?

-No sé si lo advierten de un modo directo, pero sí existe un orgullo especial en los trabajadores del fuero laboral. Si tengo que ser honesta en mi percepción, no creo que en este momento esté tan generalizada la idea de que los concursos para el ingreso y la promoción signifiquen una diferencia al momento de evaluar la calidad y el desempeño de la Justicia.