El 2024 seguramente será recordado como el año de grandes recortes en el presupuesto del Estado Nacional. El presupuesto 2024 es una prórroga del año 2023, y sumado al alto nivel de inflación, los valores allí previstos son insuficientes para garantizar el correcto funcionamiento del Estado. Este tipo de recortes impacta a su vez en la estructura del Estado, y en particular en los empleados estatales. Según una investigación publicada por Chequeado, la dotación total de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado disminuyó en 28.138 empleados entre el 31 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024. Por su parte, entidades autárquicas y descentralizadas como las universidades nacionales han recibido un presupuesto muy inferior al de otros años. Según datos de ACIJ, el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) es un 72% más bajo en comparación con el año anterior. En particular, la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue del 34,4%.

De acuerdo a los datos que recopilamos desde ACIJ, la situación del presupuesto del Poder Judicial (que incluye el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura) demuestra una caída de un 15%. El presupuesto vigente del Poder Judicial al 14 de agosto de 2024 se incrementó un 142%. Sin embargo, este incremento no es suficiente para equiparar el gasto del año anterior, considerando el nivel de inflación. Sin ampliaciones antes de fin de año, el PJN dispondrá de un 23% menos de recursos en comparación con lo ejecutado en 2023.

Por otro lado, comparando el período de enero a julio de ambos años, la ejecución nominal en 2024 fue un 216% mayor. Considerando una inflación interanual promedio del 273%, la ejecución real del PJN disminuyó un 15,3%. Por otro lado, la caída en la ejecución del gasto público de toda la Administración Nacional fue del 29%.

El gasto del PJN está compuesto mayoritariamente por el gasto en personal, que representa más del 96% del total. En términos reales, el gasto en personal disminuyó un 15%, lo que explica prácticamente toda la caída general en la ejecución. Aquí una descripción de la ejecución presupuestaria hasta julio y su comparación con 2023.

A pesar de que existe una falta de transparencia en las escalas salariales del sistema judicial, la información disponible es suficiente para comprobar estimativamente la diferencia entre esos ingresos y los de otros sectores del Estado Nacional. De acuerdo con la escala salarial de este año, un prosecretario administrativo recibió —sin contar todos los adicionales que pudieran corresponderle, por ejemplo, por antigüedad— $ 2.238.146; un secretario de Cámara, $ 3.063.162; un juez de primera instancia, $ 3.960.745; y un juez de Cámara, $ 5.045.292. La mayoría no paga impuesto a las ganancias y quienes sí lo hacen por haber ingresado posteriormente a la ley que así lo establece lo hace solamente sobre el sueldo básico.

Por último, la Administración Pública Nacional fue sometida a recortes de personal de todo tipo y de enorme magnitud. Hasta ahora no se ha corroborado que una cuestión similar haya sucedido en el ámbito de las instituciones judiciales.

Consideraciones metodológicas sobre los cálculos realizados en relación al presupuesto del Poder Judicial:

• Para calcular la ejecución mensual, el gasto se actualiza mes a mes utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), llevando los valores a precios de agosto de 2024.
• En 2024, se considera tanto el IPC como las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para el resto del año.
• Para comparar los presupuestos, se ajustan los valores considerando la inflación interanual promedio entre los años correspondientes.