El Consejo de la Magistratura denegó el acceso a los expedientes disciplinarios del exjuez de Rosario con prisión preventiva.

Los primeros indicios sobre la conducta obstructiva del exmagistrado en casos de narcotráfico aparecieron en el Consejo hacia 2013. En 2020, los consejeros y las consejeras tuvieron la oportunidad clara de investigar al exjuez, pero también la desestimaron. Cinco años después, Bailaque esquivó la expulsión de la Justicia Federal de Rosario pese a que ya le habían dictado la prisión preventiva por sus conexiones con la droga y una trama de extorsión.

Marcelo Martín Bailaque se hizo cargo del juez federal N° 4 de Rosario (Santa Fe) el 22 de febrero de 2008. A partir del año siguiente, 2009, comenzaron a ingresar al Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) las denuncias que cuestionaban su desempeño. En total, el exjuez había sido denunciado en 10 oportunidades antes de que ingresaran otras dos presentaciones relativas a los hechos que generaron una orden de prisión preventiva en su contra. En 2013 aparecieron las primeras señales sobre su conducta obstructiva en casos de narcotráfico, pero el CM las desestimó. En 2020 hubo una oportunidad clara de sustanciar una investigación amplia, que los consejeros y las consejeras también descartaron. En junio de 2025, Bailaque firmó la renuncia; el presidente Javier Milei la acogió (en contra de lo que habían solicitado ACIJ, entidad editora de JusTA, e INECIP) y, al final, el funcionario denunciado consiguió salir indemne del CM, que para entonces llevaba más de dos años sin resolver si correspondía o no promover su destitución.

La demora del Consejo, específicamente, de la Comisión de Disciplina y Acusación, para definir la situación de la magistratura denunciada es un aspecto del sistema que permite la existencia de casos como el de Bailaque. La otra faceta es la dificultad para acceder a las actuaciones que permitiría entender la actividad o inactividad de quienes deben instruirlas, una falta de transparencia que se extiende a las que están en trámite y, también, a las archivadas.

Contra aquel hermetismo chocó el pedido de acceso a la información pública enviado el 6 de mayo de 2025 para conocer el historial de Bailaque y de otro magistrado objetado, Alfredo Silverio Gusman (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal). Esa solicitud demandaba la entrega de los expedientes en trámite completos, en el estado en el que se encontraran al momento de la remisión, iniciados por motivos disciplinarios contra los jueces mencionados. El pedido comprendía todas las denuncias activas contra ambos magistrados, hayan o no sido acumuladas, así como las archivadas, si es que las hubiere.

Un mes y 12 días después, la Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana apenas envió como respuesta un listado de las denuncias recibidas contra Bailaque y Gusman con la identificación de sus respectivas resoluciones. En cuanto a los expedientes en trámite de Bailaque, el CM se limitó a indicar que que “Ias actuaciones están integradas por constancias de expedientes judiciales con documentación reservada y/o sensible, declaraciones de testigos con identidad reservada, declaraciones juradas patrimoniales, etc.”. Una respuesta parecida fue emitida respecto de los procesos de Gusman. Esto ocurrió pese a que el artículo 8 de la Ley 24.937 explicita: “los expedientes que se tramiten en el Consejo de la Magistratura serán públicos, especialmente los que se refieran a denuncias efectuadas contra magistrados”. Otra vez se observan las dos facetas en juego: demora en la contestación del requerimiento de acceso a la información pública (había pasado el plazo legal de 15 días hábiles previsto en el artículo 11 de la Ley 27.275) y secretismo.

Elogios para el magistrado denunciado

Bailaque se “escapó” del CM este año porque, en virtud de la aceptación de la renuncia, ya dejó de ser juez —devino abstracta la pretensión de analizar su conducta a los fines disciplinarios— y, de hecho, está cautelarmente privado de la libertad en su domicilio mientras tramita una jubilación de excepción por los servicios públicos prestados. En paralelo, la Justicia intenta determinar su responsabilidad en una posible trama de extorsión contra el empresario Claudio Iglesias en la que habrían intervenido también el financista Fernando Whpei y el exjefe de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna. Además, está acusado de haber supuestamente protegido al narcotraficante Esteban Alvarado mediante la obstaculización de escuchas y dilaciones procesales, y haber sido funcional a la desviación de fondos de una cooperativa de estibadores en favor de una organización de Whpei. Bailaque había trascendido en paralelo por las designaciones discrecionales en la Justicia Federal de Rosario de Sebastián Mizzau, hijo del contador de Alvarado, Gabriel Mizzau, y de tres hijos: Julieta Bailaque, Ramiro Bailaque y Sofía Bailaque.

Pero el CM tuvo una decena de oportunidades de analizar el proceder del exjuez. Sistemáticamente, los consejeros y las consejeras descartaron un mal desempeño, como muestra la tabla incluida a continuación. En algunos casos, por ejemplo, en los expedientes N° 3 y 10, la desestimación fue dispuesta al filo del vencimiento del plazo de caducidad de tres años (inciso 15 del artículo 7 de la Ley 24.937) establecido para emitir una decisión respecto de las denuncias.

El Consejo nunca sancionó a Bailaque: ni siquiera lo citó a una audiencia para escuchar sus explicaciones. En 2020 tuvo una chance también ligada a actuaciones respecto del narcotráfico y la dejó pasar. Fue cuando, en los inicios de la pandemia, el entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, manifestó que el entonces juez había impedido el allanamiento de una casa en la que supuestamente estaba Lorena Melgarejo, una imputada prófuga con orden de captura por su supuesta participación en el traslado de 200 kg de marihuana en una aeronave procedente de Paraguay. Sain dijo que Bailaque había actuado de un modo “obstruccionista” al exigir requisitos no previstos legalmente para el libramiento de una orden de allanamiento que, además, eran de cumplimiento imposible, como “tomas fotográficas de la imputada en el domicilio que se pretendía allanar”, “informes”, etcétera, cuando él había intervenido en el caso de criminalidad organizada donde estaba involucrada Melgarejo.

La presentación de Sain incluía un segundo reproche: que, en un acto de 2012 en el caso “Ascaini”, Bailaque haya procedido a devolver al imputado y a su esposa un automóvil Audi A4 en cuya guantera se había encontrado 1,1 kg de droga y una pistola, cuando la ley establecía el decomiso de los bienes utilizados para cometer delitos, solución que finalmente impuso la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario al revisar la decisión del entonces juez.

Al CM le bastó la lectura de los procesos judiciales para avalar la conducta de Bailaque. Por un lado, recordó que las facultades disciplinarias no podían ser utilizadas para inmiscuirse directa o indirectamente en la actividad jurisdiccional. Por el otro, consideró que las objeciones de Sain carecían de mérito y no eran más que una disconformidad respecto de los criterios de Bailaque. Es más, el Consejo elogió la actitud prudente del entonces magistrado al requerir más pruebas para ordenar el allanamiento solicitado en aras de encontrar a la prófuga Melgarejo en atención al resguardo debido de la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio. Por último, el CM dijo que no correspondía a Bailaque decomisar el automóvil A4, sino a quienes ejecutaran una sentencia condenatoria firme y que, de cualquier modo, el vehículo nunca había sido reintegrado al imputado en el caso “Ascaini” y a su cónyuge.

“Pareciera que Su Señoría no dimensiona”

Si bien la denuncia de Sain terminó desestimada, los supuestos delitos atribuidos luego a Bailaque y que forzaron su dimisión reivindicaron una observación que él había introducido a modo de contexto: “el desempeño funcional del magistrado en causas penales relativas a narcocriminalidad fue objetado en distintas oportunidades por fiscales federales de la ciudad de Rosario, ya sea por las reiteradas irregularidades procesales cometidas; su renuencia a avanzar de manera ágil y efectiva en las investigaciones, o su accionar obstruccionista al momento de resolver la acumulación de causas".

A modo de ejemplo, Sain citaba la denuncia de 2013 interpuesta en el CM por el diputado nacional Jorge Mario Álvarez con fundamento en las manifestaciones públicas contra Bailaque de los fiscales Juan Patricio Murray y Federico Reynares Solari, quienes habían expresado: “pareciera que su señoría no toma cabal dimensión de la problemática existente en nuestra provincia, y particularmente en la ciudad de Rosario, acerca del crecimiento exponencial de las redes de narcotráfico, la feudalización del territorio por parte de estas; la feudalización de las cajas recaudatorias de las agencias de seguridad estatal y el grado de corrupción existente en todos los poderes del Estado”. Respecto de esta denuncia de Álvarez el CM ni siquiera averiguó en qué consistían esas críticas: resolvió que no había conductas de Bailaque que pudieran constituir faltas disciplinarias y cerró el caso con una desestimación in limine.

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