La Relatoría Especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados cursó 15 comunicaciones a la Cancillería de la Argentina, nueve de ellas en los últimos cuatro años. Tres de las solicitudes más recientes de información atañen a integrantes de la magistratura que alegan persecuciones por su actuación en causas de corrupción. Desde el punto de vista regional, sólo Guatemala, Venezuela y México superan al país en esta base de datos de las Naciones Unidas.

Un nombre y una institución internacional de control están repercutiendo con frecuencia creciente en la Argentina. Se trata de Diego García-Sayán, relator especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, y de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR por sus siglas en inglés), organismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde 2010, ambos pidieron explicaciones al Estado Nacional sobre casos de posibles violaciones a la garantía de imparcialidad en 15 oportunidades, volumen que representa el 10% del total de comunicaciones que remitieron a los 33 países del grupo de Latinoamérica y el Caribe.

Los cuestionarios y las respuestas recibidas -en el supuesto de que los gobiernos hayan contestado las solicitudes de información- constan en la base de datos de la OHCHR (está actualizada hasta febrero de 2022). En total, en los últimos 12 años hubo al menos 158 de esta clase de procedimientos especiales relativos a la independencia judicial y de la abogacía en la región. Esas averiguaciones responden a denuncias de posibles transgresiones enviadas a las Naciones Unidas por particulares y organizaciones.

Los procedimientos especiales son llevados adelante por expertos y expertas independientes con mandatos para informar y asesorar sobre derechos humanos desde una perspectiva temática o específica de un país. Se trata de agentes no remunerados elegidos por el Consejo de Derechos Humanos con un período de tres años que puede prorrogarse por otros tres. El peruano García-Sayán, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actúa como relator especial desde 2017 y su función concluye en julio de 2023.

Con 27 comunicaciones entre 2010 y 2022, Guatemala es el país del grupo latinoamericano y caribeño que más veces recibió inquietudes sobre independencia judicial de parte de la Relatoría encargada de vigilar esta garantía. Venezuela y México comparten el segundo lugar con 20 procedimientos especiales cada uno. Argentina se ubica en el tercer puesto con las 15 comunicaciones registradas. Luego vienen Colombia (10) y El Salvador (9). Siempre en el período considerado, Brasil acumula 6 comunicaciones y Cuba, 4.

Las notificaciones de la Relatoría Especial trasladan, como ya se dijo, las alegaciones de posibles violaciones de derechos humanos ya cometidas o potenciales presentadas por ciudadanos o entidades mediante un formulario online. La reglamentación permite reenviar esas cartas a gobiernos, organizaciones intergubernamentales y empresas. Las y los relatores están autorizados para solicitar a las autoridades la adopción de medidas que prevengan o detengan la violación, y que tiendan a investigarla y a castigar a sus responsables.

La Oficina del Alto Comisionado refiere que el propósito de las comunicaciones es llamar la atención de los gobiernos y del público sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos; instar a evitar los daños y la impunidad, y documentar los casos con el fin de elaborar informes dirigidos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La decisión de dar curso a uno de estos procedimientos especiales depende de cada experto, quien debe sujetar su decisión a criterios preestablecidos, pero, en definitiva, ha de activar el mecanismo cuando tiene indicios suficientes de la veracidad de las alegaciones.

Las cartas y sus respectivas contestaciones configuran antecedentes que eventualmente pueden dar lugar a otra clase de intervenciones del Consejo de Derechos Humanos, y afectar las revisiones periódicas sobre el estado de los derechos fundamentales en cada país y su ubicación en los índices de observancia de los estándares jurídicos internacionales. Como las comunicaciones y las respuestas son públicas, su contenido ha de ser empleado por las partes para solicitar rendiciones de cuentas y hacer reclamos, y, en términos generales, con objetivos académicos e investigativos.

Magistratura denunciante, tendencia en ascenso

Las comunicaciones son útiles para encender alertas internas y para conocer la posición oficial sobre las posibles vulneraciones de derechos humanos. En el caso de la Argentina, las solicitudes de explicaciones acerca de la independencia judicial encabezan la tabla de intercambios con la OHCHR: conforman el 31,5% del total de 48 comunicaciones referidas a 45 posibles áreas temáticas. Nueve de las 15 cartas pertenecientes a la órbita de García-Sayán fueron despachadas en los últimos cuatro años (2018 y el presente), según el detalle desarrollado a continuación.

1. La última carta data del 27 de abril de 2022 y hace referencia a los posibles abusos que había expuesto la entonces fiscala anticorrupción entrerriana Cecilia Goyeneche, quien fue destituida casi un mes después, el 23 de mayo.

El relator especial había solicitado al Gobierno de Alberto Fernández que precisara qué medidas se tomaron para asegurar un juicio justo a Goyeneche; preservar la independencia judicial y garantizar la continuidad de las investigaciones en Entre Ríos. Según la crónica del diario La Nación (la comunicación recién es publicada en la base de datos a los 60 días de su envío), García-Sayán pidió al Estado argentino que prestara atención urgente a este tema y manifestó su preocupación porque el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos había reemplazado a los fiscales por conjueces abogados para enjuiciar a Goyenche. El experto expresó que, sin hacer acusaciones, la información recibida describía acciones que parecieran ser un castigo a la fiscala por haber investigado y acusado a integrantes del poder político provincial. Y agregó: “me aflige el efecto amedrentador que este precedente puede significar para otros fiscales”.

2. En octubre de 2021, el relator y otros tres expertos de áreas afines señalaron la existencia de una demora ostensible en la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la resolución de 55 causas y 400 recursos relativos a crímenes de lesa humanidad.

3. En marzo de 2021, García-Sayán solicitó aclaraciones al Gobierno acerca de la falta de pago de las retribuciones a los integrantes del Poder Judicial de Chubut.

4. En enero de 2020, García-Sayán puso en conocimiento de la administración de Fernández que los traslados de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi podrían vulnerar normas internacionales sobre independencia judicial e inamovilidad de la magistratura.

5. En febrero de 2020, la comunicación de la Relatoría Especial abordó la situación de Enrique Pedicone, un camarista de Tucumán destituido luego de denunciar que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Daniel Leiva, había intentado presionarlo para manipular la causa penal de un legislador opositor, Ricardo Bussi.

6. En noviembre de 2019, García-Sayán y otros colegas solicitaron aclaraciones al Estado argentino -en ese momento presidido por Mauricio Macri-acerca de las presuntas represalias y el hostigamiento que habría sufrido el abogado Mario Luis Coriolano por el ejercicio de sus funciones como Defensor de Casación, así como respecto de los presuntos malos tratos físicos y psíquicos, y la falta de atención médica con gravísimas consecuencias para su salud que habría sufrido Mónica Mego Velayresse, ciudadana entonces privada de la libertad.

7. En ese mismo mes, García-Sayán trasladó a Macri una serie de alegaciones sobre injerencias indebidas en el Poder Judicial que se habrían manifestado en traslados irregulares de jueces -entre ellos Bruglia-; en ataques a miembros de la Justicia laboral y a la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; en la designación por decreto de ministros de la Corte nacional, etcétera. Según la crónica de La Nación citada antes, esta intervención tuvo repercusiones concretas: la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la invocó en el proceso penal donde estaba acusada de encubrir el ataque a la AMIA y que culminó con la declaración de su inocencia. Una de las juezas que votó en favor de la funcionaria, Gabriela López Iñiguez, incluyó las observaciones de García-Sayán entre los fundamentos de su decisión.

8. La comunicación de noviembre de 2018 hace hincapié en las dudas que habían generado dos hechos: la destitución del juez bonaerense Federico Arias y el intento de llenar dos vacantes de la Corte de la Nación por fuera del procedimiento constitucional.

9. En septiembre de aquel año, García-Sayán y otros dos colegas llamaron la atención sobre las alegaciones de violencia contra el abogado y defensor de derechos humanos, Iván Bordón.

Hasta finales de mayo de 2022, la OHCHR había publicado las respuestas recibidas en cinco de las nueve comunicaciones descritas. Respecto de la nota de Goyeneche aún no había vencido el plazo para remitir una contestación. Los casos de la demora atribuida a la Corte en la resolución de causas de lesa humanidad, de Chubut y de Pedicone carecían de una explicación estatal. En cuanto a las restantes seis comunicaciones previas (período 2011-2016), la OHCHR había publicado las devoluciones correspondientes a cinco de ellas. Sólo había quedado sin responder una carta de 2013 relativa a presuntos actos de intimidación y a una campaña de desprestigio contra los abogados Diego Lavado, Pablo Salinas, Alfredo Guevara Escayola y Pablo Marcelo Vega, y una supuesta amenaza de muerte contra el juez Roberto Burad, todos de la provincia de Mendoza. Los expertos y relatores especiales de la ONU carecen de potestad para obligar a actuar a los Estados.

Al menos un tercio de las nueve comunicaciones más recientes dirigidas a las autoridades argentinas hacen referencia a posibles represalias y persecuciones vinculadas a causas de corrupción. Son los casos de Goyeneche; Bruglia y Bertuzzi, y Pedicone. El incremento de las denuncias de esta clase articuladas por magistrados en las Naciones Unidas se está convirtiendo en una tendencia en la región, como demuestra el archivo de cartas que la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados mandó a Guatemala.

Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.