La entrevista en cuatro definiciones

“La lucha anticorrupción avanzó un montón en la Argentina. Tal vez no al ritmo que a mí me gustaría, pero sí hubo avances. La Justicia posdictadura elaboró numerosos principios que dieron eficacia a las investigaciones y que antes no existían. Todo el régimen de protección de testigos y de arrepentidos es un ejemplo”.

“Fijate el lío que se arma con sólo preguntar quién entra a ver al Presidente. Ese modelo, por ejemplo, aún no llegó al Poder Judicial, que sigue siendo oscurantista. Nunca podés saber con quién se junta un juez ni por qué ni dónde recibe a quienes recibe. No existe el registro de audiencia de la magistratura”.

“Los fueros pueden actuar como un blindaje, pero eso no impide que la gente sepa que Menem tenía una condena por corrupto. No fue arrestado, es verdad, pero vivió condenado: está cumplido el efecto preventivo de la pena”.

“Que tengamos muchos ciudadanos denunciantes sería muy bueno. ¿El sistema judicial va a poder condenar en todos los casos? No lo sé y no creo que sea lo más importante”.

Hugo Wortman Jofré preside la fundación Poder Ciudadano, pero se autodefine como “un investigador de la corrupción”. Desde muy joven estuvo en la trinchera de control de los gobernantes, primero como miembro del equipo de Julio César Strassera, el fiscal del Juicio a las Juntas Militares cuya labor fue reivindicada por el largometraje “Argentina, 1985”. Después, en el Banco Central de la República Argentina, se formó en la pesquisa de los delitos financieros con la dirección del penalista David Baigún. JusTA llegó a Wortman Jofré luego de que la jueza federal Gretel Diamante mencionara en otra entrevista su papel de asesor y acompañante en la denuncia que aquella formuló contra autoridades de San Luis. Durante la conversación, este abogado asegura que la lucha anticorrupción avanzó en la Argentina durante la democracia, aunque tal vez no a la velocidad que él esperaba y no precisamente en términos de corruptos presos.

-¿La denuncia de anomalías en la administración pública está siendo banalizada por el empleo impune de este mecanismo con el sólo fin de ensuciar a la política?

-El derecho de los funcionarios a la intimidad y a la privacidad es menor que el de un ciudadano común, y, por lo tanto, tiene que aguantar que los denuncien y que los investiguen, y que averigüen sobre sus actividades. Se trata de servidores públicos con una intimidad reducida respecto de la del ciudadano común. En cuanto a quien denuncia, hay que probar que actuó de mala fe si resulta que todo era falso. Es un delito doloso. Si yo peticiono a las autoridades sabiendo que lo que peticiono no corresponde, ahí estoy cometiendo la falsa denuncia. Ustedes los periodistas, por ejemplo, hacen una investigación concienzuda al amparo de la tesis de la real malicia y creen que lo publican es certero. Pero, después, resulta que en la Justicia no se pudo probar o que la prueba no alcanzó para responsabilizar a alguien. No es una falsa denuncia. El sistema presenta un equilibrio: si la denuncia de corrupción es falsa, hay que demostrar que eso se sabía de antemano, al momento de presentarla. Mientras tanto, todo el mundo puede denunciar, en especial, a los funcionarios públicos. Lo que yo digo es que el modelo pierde credibilidad si presentás cientos de denuncias sin prueba. Ahí debería funcionar, y en otros países sucede, el principio de oportunidad. Los jueces o fiscales analizan la denuncia, y determinan su verosimilitud. Un juez puede declarar la inadmisibilidad de entrada porque carece de pruebas o porque los hechos denunciados sin sustento no justifican poner en marcha el aparato costoso de investigación judicial. El modelo vigente está bien construido normativamente. Diría que en lo único que falta práctica en la Argentina es en la reparación del error judicial, es decir, en la indemnización de quienes sufren una investigación errónea o equivocada, o mal fundada. Me refiero a la indemnización de la persona que sufre esas pesquisas infundadas, que es el tema de la organización Innocence Project.

-Con esa experiencia que usted acumuló desde trabajar con Strassera hasta su presente como presidente de Poder Ciudadano, ¿cómo diría que fue el itinerario de juzgar a los administradores del poder público en el país? ¿Cómo ve el presente de la lucha anticorrupción?

-Yo creo que sí, que se avanzó un montón. Tal vez no al ritmo que a mí me gustaría, pero sí hubo avances. La Justicia posdictadura elaboró numerosos principios que dieron eficacia a las investigaciones y que antes no existían. Todo el régimen de protección de testigos y de arrepentidos es un ejemplo. Eso es como un germen que va naciendo en la sociedad y se hace carne, y que de a poquito se va tomando conciencia sobre la importancia que tiene hasta que llega el momento de que no lo pueden sacar. Había un testigo muy importante en el juicio de los comandantes que se llamaba Víctor Basterra. Este tipo era un periodista detenido en la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) que guardó en los zócalos las fotos de la gente que tiraban en los vuelos sobre el Río de la Plata. Ese hombre declaró en el juicio y fue el testigo más importante porque llevó las fotos de las personas muertas. Él era el que armaba las fichas de cada uno. ¿Qué pasó después de las condenas? Los militares empezaron con las asonadas de 1986 o 1987, los levantamientos de los carapintadas y Semana Santa, para acorralar al gobierno de Raúl Alfonsín. En esas circunstancias, Basterra se presentó en la fiscalía y nos preguntó “¿y ahora quién me va a proteger a mí si los militares vuelven al poder? Yo declaré contra ellos, el mundo me vio haciéndolo, y resulta que esta gente puede regresar al Gobierno”. ¿Sabés lo que teníamos nosotros para protegerlo? Un Falcon verde y el custodio de la Policía. ¿Sabés lo que hicimos? Basterra se fue a vivir a la casa de la secretaria de la fiscalía, la “Pichu” Colalongo. El testigo cocinaba en su casa. Y él estaba guardado allí con miedo de que los militares se lo llevaran.

-¡Qué increíble!

-Increíble, sí, pero pasó. Y todo eso cambió y se tomó conciencia de la importancia de que haya un sistema de protección de testigos. Se creó un programa. Todo es perfectible. No está bien que esto dependa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería tomar las riendas. No está bien que cada provincia trabaje según su criterio porque en las 24 jurisdicciones hay 17 subsistemas de protección distintos, en algunos casos a cargo del jefe de la Policía. ¿Quién va a creer en eso? ¡Nadie! Yo denuncio a un narcotraficante, ¿y voy a que me defienda el jefe de la Policía? ¡Hay mucho por mejorar! Una de las experiencias más duras que tuve al respecto fue el caso de las coimas en el Senado. Se trata de una derrota que terminó siendo un éxito. Yo fui abogado de Mario Pontaquarto, el arrepentido. Y los absolvieron a todos: al ex presidente Fernando De la Rúa y a los otros senadores. Pero eso sirvió como base para que después se sancionara la Ley del Arrepentido. Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, estaba en contra y hoy él dice “menos mal que tenemos esa norma porque, sino no existiría la causa ‘Cuadernos’”. Otra llave fundamental: el acceso a la información pública.

-¿Por qué?

-Alfonsín tuvo el Consejo para la Consolidación de la Democracia donde siempre rondaba la idea de sancionar una ley de acceso a la información pública. Nunca sucedió. No lo hizo Alfonsín ni lo hizo Carlos Menem. Recién Fernando De la Rúa dictó un decreto, que lo mantuvieron Néstor y Cristina Fernández con el decreto 1172/2003. El tema recién se convirtió en ley durante el Gobierno de Mauricio Macri: habían pasado 30 años. Se trata de uno de los pilares de la lucha anticorrupción porque garantiza el derecho a preguntar a quienes administran la cosa pública de qué manera lo hacen. Le pregunto al Presidente, por ejemplo, a quién recibe en la casa que el pueblo le dio, la Quinta de Olivos. Fijate el lío que se arma con sólo preguntar quién entra a ver al Presidente. Ese modelo, por ejemplo, aún no llegó al Poder Judicial, que sigue siendo oscurantista. Nunca podés saber con quién se junta un juez ni por qué ni dónde recibe a quienes recibe. No existe el registro de audiencia de la magistratura.

-Menem murió blindado por el Senado. ¿Le preocupa ese precedente?

-Estos son balances y equilibrios. El indulto y la amnistía son mecanismos institucionales que deben ser administrados con cierto criterio por quien ejerce el poder. Yo me considero un investigador de la corrupción y a mí no me dolió la absolución del caso de las coimas en el Senado. Esos jueces, por ejemplo, no están más (Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez). Hay encuestas que dicen que hasta el 80% de la ciudadanía cree que el hecho ocurrió, aunque los jueces no. Todo sirvió para mejorar. Los fueros pueden actuar como un blindaje, pero eso no impide que la gente sepa que Menem tenía una condena por corrupto. No fue arrestado, es verdad, pero vivió condenado: está cumplido el efecto preventivo de la pena. Es algo que puede volver a suceder, pero no horada la lucha contra la corrupción, que no solamente se gana con muchos corruptos presos.

-¿Cómo se gana también?

-Con la investigación de los casos y con la posibilidad de convencer a la sociedad de que los hechos ocurrieron. Después, si hubo una amnistía general del Congreso y se salvaron todos los corruptos, qué se le va a hacer. Es como la lógica de los juicios de la verdad en materia de derechos humanos. Lo importante es que la comunidad disponga de información para hacer su análisis crítico de la situación y sacar sus conclusiones. Lo que suceda a continuación con los acusados es otro tema vinculado a la diferencia entre la verdad judicial y la verdad real. La lucha contra la corrupción es mucho más amplia, y pasa por cambiar modelos y sistemas, por generar culturas en la sociedad. Que tengamos muchos ciudadanos denunciantes sería muy bueno. ¿El sistema judicial va a poder condenar en todos los casos? No lo sé y no creo que sea lo más importante. La lucha contra la corrupción implica crear una cultura ciudadana donde los particulares sepan cuáles son sus derechos y se animen a exponer los abusos, y, después, que el sistema lo proteja y no lo abandone. ¿Conocés el sitio “I paid a bribe”?

-No. Significa “yo pagué una coima”.

-Sí. Es una plataforma creada en la India donde toda la ciudadanía denuncia de manera anónima y se arma un mapa en tiempo real que cuenta los pedidos de soborno que recibió. Con eso arman un ranking del país y establecen cuáles son las oficinas estatales más corruptas. ¿Y sabés cuál lidera la tabla en la India? La de tránsito. Esto, obviamente, tiene que preocupar al director de tránsito y al ministro de transporte. Y ya anunciaron varias veces que harán reformas estructurales para mejorar los controles e incrementar la transparencia de los trámites que procesan. Se trata de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción donde la Justicia tiene una pequeña incidencia. Ahí lo importante fue el modelo de animarse a denunciar, de proteger a quienes lo hacen, y de presentar la información de manera clara e inteligente.

-El miedo a la represalia pareciera ir en aumento en la Argentina, donde, sobre todo en las provincias, se paga un precio alto por denunciar la corrupción, como lo demuestran algunos casos que trascendieron en el último tiempo.

-La solución ahí es la eficacia del diseño de los programas de protección. Si lograste proteger eficazmente a algunos denunciantes, esa bolilla corre y la gente toma nota. Los vecinos, por ejemplo, saben cómo se manejan los narcotraficantes: si uno denuncia y resulta que, después, le balearon la casa y le mataron a un hijo, te aseguro que nadie más abrirá la boca. Ahora, si uno denunció y resulta que a ese lo llevaron a Canadá, y manda fotos desde allá donde muestra que tuvo la posibilidad de acceder a un cambio de identidad y vive bien, entonces esa experiencia también cunde. Si los programas son buenos, habrá denuncias. Lo mismo pasa en las empresas. Yo doy cursos de compliance y a menudo pregunto a los empresarios qué están dispuestos a dar a quienes denuncian irregularidades que significan ahorros significativos, si los incentivarían con premios, aumentos de sueldo y un reconocimiento en el directorio. A veces veo que no están dispuestos a tanto. Una cosa es la protección, una obligación que el Estado debe observar, pero otra es el incentivo, que haya un premio para la denuncia. Ahí hay dos instrumentos que funcionan bien en algunos países. En los Estados Unidos están la Whistleblower Protection Act o la False Claim Act, que son dos leyes que permiten al Estado evaluar la información que le llevan los particulares y, eventualmente, apropiarse del caso y acompañar al denunciante en la gestión: si sale bien, las ganancias son compartidas. El antecedente más importante es uno justamente contra la farmacéutica Pfizer, que tuvo que pagar alrededor de U$S 2.000 millones porque un extrabajador denunció que la compañía estaba produciendo un medicamento con una contraindicación en el prospecto para los menores de 18 años y lo había ocultado. En otros lugares la protección es lo mínimo: además, hay premios. Aquí, en la Argentina, yo creo que todo está mal hecho a propósito.

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#BIO

Hugo Wortman Jofré es un abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1986. Fue socio fundador del estudio Moreno Ocampo Abogados y Consultores, y actualmente lo es de su continuadora, Wortman Jofré Isola Abogados. Fue secretario letrado de la Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, e integrante del "Centro de Estudios y Asuntos Penales" del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Representó al BCRA en la investigación de los delitos económicos que involucraron a entidades financieras de la República Argentina en las décadas del ‘80 y del ‘90. Actualmente, preside la fundación Poder Ciudadano.