En días en que, quienes nos preocupamos por las instituciones de nuestro país, intentamos descifrar qué nos deparará el futuro en esta materia, vale la pena examinar qué está pasando este año con uno de los organismos más importantes para la consecución de los objetivos de este sistema de gobierno. El Consejo de la Magistratura es vital para garantizar el adecuado funcionamiento de la justicia y, por ende, si está en problemas, estamos en problemas.

Incluso el análisis de esta organización eminentemente política aunque más pequeña que el Congreso puede servir para analizar las razones del manifiesto descontento de la ciudadanía con la clase política tradicional. Es decir, evaluar el funcionamiento del Consejo puede servir para generar información y herramientas análiticas para extraer conclusiones sobre fallas institucionales más generales que producen el estado de cosas en el que nos encontramos como sociedad democrática.

Ya sabemos que esta institución viene cayendo muy fuerte en los últimos años: su prestigio, productividad, transparencia, el nivel de deliberación y negociaciones, cada uno de sus rasgos es bastante peor que el que tenía hace unos años.

El contexto no ha ayudado al Consejo: a fin de 2021 la ley del Consejo fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema luego de un litigio de quince años y en 2022 los distintos estamentos que lo conforman han debido organizar sus nuevas representaciones (con elecciones directas en algunos de los casos) y definir las nuevas reglas de juego. Pese a múltiples juicios cruzados, a fin de 2022, logró conformar su integración definitiva para los próximos años con la excepción del representante por la segunda minoría en el Senado que está en disputa entre Luis Juez y Martin Doñate. Por esta razón ese año casi no tuvo actividad. Todo indicaba que 2023 debía ser un año de mejora.

Sin embargo, poco cambió en esta primera mitad del año.

Recién el 31 de mayose conformaron las nuevas comisiones y se designaron sus respectivas autoridades. Es decir, que hubo que esperar tres meses y medio después de comenzado el año para que los integrantes del cuerpo se pusieran de acuerdo en esa decisión burocrática. Ese día el Vicepresidente del Consejo, Alberto Lugones les dijo a sus colegas “trabajemos todos, mucho, ganemos tiempo perdido”.

El 26 de abril se llevó adelante uno de los tres únicos plenarios del año. En esa jornada se trataron 24 ternas pero solo se aprobaron 16 ternas del fuero civil. De los fueros en los que no se pusieron de acuerdo, destacaron los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py. En esa oportunidad, se dio un interesante intercambio entre consejeros sobre la productividad de la reunión. La consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho Universidad de Lomas de Zamora, pidió que le permitieran hacer una “reflexión” sobre lo que acababa de pasar. “La palabra que más se repitió fue negativo. Negativo, negativo, negativo, negativo. Sacar ternas es nuestro objetivo primordial y esperaba que el resultado fuera otro. Sacamos solo dos concursos. Les pido a mis colegas que reflexionemos. Acá hay concursos con más de tres años de trámite”. El juez Diego Barroetaveña estuvo en desacuerdo y le respondió: "Me parece que para una primera reunión, sacar 16 vacantes es un paso adelante”. En el tercer plenario del año se aprobaría una terna más.

También en ese plenario se debatió la caducidad de 37 denuncias contra jueces por el paso del tiempo (tres años sin que se hubiera avanzado con la investigación). El consejero Tailhade dijo que iba a excusarse de aprobar los archivos. Sostuvo que el Consejo estuvo ocho meses casi sin actividad y que ese tiempo no debería computarse. Representantes del sindicato judicial pidieron que no se archiven dos denuncias por acoso laboral y el plenario hizo lugar al pedido y volvió los expedientes a Comisión para que se analice ese planteo. Lo grave de la inacción del Consejo es que no hay ningún tipo de control sobre la judicatura. Desde JusTA habíamos advertido la preocupación por la caducidad de las denuncias y que era algo que ocurriría.

El 31 de mayo se reunió nuevamente el plenario del Consejo para tratar el proceso de destitución del juez Walter Bento, que está siendo sometido a juicio oral. Esta fue probablemente la única ocasión en la que se produjeron negociaciones relevantes entre los grandes bloques del organismo (el oficialismo se resistía a aprobarlo pero finalmente lo aceptó luego de reuniones con el presidente Rosatti).

Finalmente el 5 de julio en una reunión de 37 minutos el plenario logró aprobar una terna para dos cargos en los tribunales orales de Tucumán.

Desde su creación en 1998 y hasta hace pocos años, las comisiones se reunían por lo menos dos veces por mes para analizar los expedientes evaluados por cada integrante. En 2023 la única comisión que cumple ese ritmo es la de Administración y Financiera, que se reunió en nueve oportunidades. La de Selección (quizá la más trascendente) sólo en cuatro (menos de una reunión por mes), la de Acusación en seis, Disciplina y Reglamentación en dos cada una.

El Consejo no avanzó en los concursos más antiguos, algunos de los cuales llevan más de cinco años en trámite. El más viejo es el que busca cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de Formosa (que está abierto desde 2015) y el de seis vacantes en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires (que fue iniciado en 2017). Para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, desde 2018 está abierto el concurso para dos de sus cargos.

2023 era el año para que el Consejo tomase revancha de los dos pésimos años anteriores. Sin embargo, la grieta, la falta de compromiso, la ausencia de preocupación por la cantidad de personas que deben recorrer los pasillos de tribunales sin respuesta, sigue en escena. La segunda parte del año, con las elecciones, seguramente será peor.