La priorización de la cobertura del Juzgado Federal Nº1 jujeño junto a otras dos posiciones estratégicas para los Tribunales porteños de Comodoro Py alimenta las especulaciones acerca de una negociación entre el Gobierno Nacional y la administración del gobernador Morales (UCR). Como telón de fondo existe un nivel grave de acefalías y de carencias institucionales en un distrito clave para la persecución de la criminalidad organizada y la aplicación de la reforma procesal penal.

Se puede acceder a todo el detalle sobre la evolución de los concursos en el Consejo de la Magistratura en el sitio web de jusTA: https://justa.acij.org.ar/concursos

En 2004 el Congreso de la Nación resolvió que Jujuy necesitaba un nuevo juzgado federal para atender la conflictividad creciente de los departamentos de Valle Grande, Ledesma, Santa Bárbara y San Pedro. De esa preocupación nació la unidad con asiento en la localidad de Libertador General San Martín, en el área de influencia del río San Lorenzo y del Parque Nacional Calilegua. Con una lentitud digna de una investigación aparte, la nueva unidad fue recién cubierta por el Poder Ejecutivo de la Nación y el Senado en 2016. La sorpresa es que Esteban Hansen, el juez que debía inaugurar el despacho, nunca trabajó en Libertador General San Martín, sino que pasó de inmediato a la capital jujeña para atender primero el Juzgado Federal Nº2 que antes había encabezado provisoriamente el juez tucumano Fernando Luis Poviña. Luego y traslado mediante, Hansen desembarcó en el Nº1, que es el que todos los políticos provinciales apetecen -más- por su competencia electoral.

Ya estamos en 2021 y el juzgado de San Martín sigue existiendo para la ley que la creó, la 25.927, pero no para la ciudadanía que debía beneficiarse de ella porque nunca fue habilitado. Y si ello sucediese ahora -algo que depende de manera casi exclusiva de la administración de fondos confiada al Consejo de la Magistratura de la Nación (CM)-, el despacho abriría sus puertas en un estado de acefalía. ¿Por qué? Porque Hansen, el juez hoy a cargo de toda la primera instancia judicial federal de Jujuy, fue trasladado de su cargo original por el propio Consejo y, a raíz del fallo “Bertuzzi y Bruglia”, concursa para ocupar definitivamente el Juzgado Nº1 con chapa de favorito para ese puesto.

Selectividad

Al momento de la emisión de la sentencia “Bertuzzi y Bruglia” por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Hansen había pasado por dos posiciones que no eran las que le correspondían por el concurso que derivó en su designación. Pero no era el único: según cálculos extraoficiales, había otros 37 en la misma situación, incluidos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes durante el Gobierno de Mauricio Macri habían recalado en la Sala II de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Federales porteños (Comodoro Py). Incluso hay quienes postulan que la decisión de la Corte debe alcanzar al despacho de María Servini de Cubría, jueza federal electoral de Comodoro Py trasladada por el ex presidente Carlos Menem a comienzos de los años 90.

Sin embargo, el Consejo decidió convocar únicamente los concursos de las vocalías de Bertuzzi y Bruglia, y del Juzgado Nº1 de Jujuy, de acuerdo a la respuesta de la Oficina de Prensa-Unidad de Consejo Abierto y Participación Ciudadana de ese organismo, dio a un pedido de acceso a la información pública formulado por JusTA. En esa nota, la secretaria del Consejo, Ingrid Jorgensen, informó que las restantes vacantes que debían concursarse en función del fallo “Bertuzzi y Bruglia” estaban siendo “objeto de análisis y de consideración” por parte de los consejeros y de las consejeras.

¿Por qué en el universo de posibilidades de trasladados que, según el propio Consejo, aún faltaba determinar, las autoridades resolvieron iniciar los procedimientos de adecuación a la sentencia de la Corte por los dos cargos de Comodoro Py y del Nº1 de Jujuy? La discrecionalidad aplicada alentó las sospechas. ¿Qué justificaba el apuro para estos tres casos cuando, por ejemplo, había tribunales orales y otros despachos en teoría más sensibles en la misma situación, como el del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena? En definitiva, ¿por qué el Consejo había resuelto acelerar selectivamente las coberturas derivadas de la anulación de los traslados?

Los concursos 461 (vocalías de la Sala II de Comodoro Py) y 466 (Juzgado Nº1 de Jujuy) avanzaron a un ritmo parecido, y una respuesta posible a las dudas que había generado la actuación del Consejo surgió cuando trascendió que el juez federal Nº2 de Tucumán, Poviña, encabezaba el orden de mérito confeccionado para cubrir los cargos de Bertuzzi y de Bruglia, y que otra de las aspirantes, la fiscala Cecilia Patricia Incardona, había conseguido avanzar 17 puestos tras impugnar sus calificaciones y conseguir que se revisaran omisiones relevantes. Las crónicas periodísticas advirtieron entonces que el oficialismo estaría dispuesto a ofrecer el Juzgado jujeño como “moneda de cambio” para aprobar las ternas correspondientes a la Sala II, donde Poviña, que es hijo de Fernando Poviña, abogado defensor del gobernador tucumano y socio político del presidente Alberto Fernández, Juan Manzur, luce como el favorito para quedarse con uno de los sillones estratégicos de Comodoro Py, movimiento susceptible de dejar a la Justicia Federal de Tucumán en estado de inanición (ver publicación específica en JusTA).

Pandemia sí, pandemia no

La cobertura del Juzgado de Jujuy incumbe en particular a la senadora y consejera Silvia Giacoppo, dirigente de Juntos para el Cambio alineada al gobernador Morales. Y, según las versiones periodísticas, es su voto el que el Gobierno Nacional está buscando para dar vuelta la página de Bertuzzi y Bruglia, dos magistrados a los que un ala del oficialismo considera promotores del “lawfare”. ¿Qué ganaría el oficialismo provincial? La posibilidad de que, si ingresa a la terna, Hansen, a quien en su provincia ven como un juez afín a los intereses de los que mandan, conserve la competencia electoral que hoy ejerce de manera provisoria.
Ya de por sí resulta llamativo que un juez federal de primera instancia de Jujuy busque otro cargo del mismo rango en la misma provincia, con la diferencia de que la primera nominación entraña el poder de arbitrar las elecciones nacionales en ese territorio. Esto no está prohibido, pero aleja cada vez más la posibilidad de poner en marcha el juzgado de Libertador General San Martín, supuestamente muy necesario para el Congreso Nacional.

La postulación de Hansen refleja la tendencia a reducir a expresiones mínimas los Tribunales Federales del resto del país. Este fenómeno atenta contra otra decisión del Congreso avalada por el Poder Ejecutivo de la Nación para que el nuevo Código Procesal Penal, que instaura el esquema acusatorio, empiece a ser aplicado por el Norte, específicamente por Salta y Jujuy. Esa reforma exige más autoridades judiciales, fiscales, y defensores y defensoras en condiciones de oralizar los trámites. Escenarios como el jujeño y el tucumano tornan inviable la transformación del vapuleado fuero penal que debe encargarse de perseguir y sancionar la criminalidad organizada. Se trata de una debilidad que favorece a las bandas del crimen organizado que se mueven a sus anchas y a quienes en general desvían fondos del Estado Nacional en aquellas jurisdicciones.

En cuanto al Consejo, todavía resta saber qué hará con la vacante de Libertador General San Martín. Ocurre que en otro giro peculiar, los consejeros y las consejeras dieron por hecho que Hansen no volvería, y resolvieron el 25 de septiembre de 2019 abrir otro concurso para el juzgado inhabilitado. Pero, a diferencia de la velocidad impresa a los procedimientos 461 y 466 íntegramente sustanciados durante la pandemia, el certamen de Libertador General San Martín sí sufrió las dilaciones motivadas por el coronavirus. Finalmente el 19 de febrero de este año, la Comisión de Selección dispuso la suspensión del concurso con el argumento de que era necesario reservar el puesto a Hansen por imperio del fallo “Bertuzzi y Bruglia” y del principio de “inamovilidad de los jueces”.