Poviña, juez federal de primera instancia de Tucumán, aparece entre los favoritos para cubrir uno de los dos cargos desocupados en la Sala II de la Cámara de Apelaciones porteña por la anulación de los traslados de Bruglia y Bertuzzi. El postulante es hijo del abogado defensor del gobernador Manzur (PJ). Bejas, el otro juez federal que había en Tucumán, dejó el cargo en 2020 para asumir en la Cámara Nacional Electoral, vacante que acentuó las dificultades de unos Tribunales diezmados.

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Así como arman estrados judiciales, las influencias y los “lobbies” políticos también los desarman. Y en este juego de yenga hay mucho movimiento para ocupar los despachos donde se dirimen las causas más sensibles para el poder.

Los Tribunales Federales porteños de Comodoro Py, la institución a cargo de procesar las denuncias de corrupción contra altos funcionarios y funcionarias de la Nación, son un catálogo de experiencias de ese tipo, y la cobertura de los cargos que, por impulso del Gobierno actual, deben liberar Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi parece que no desentonará con aquella trayectoria. Esos puestos tienen entre sus favoritos al juez federal Nº2 de Tucumán, Fernando Luis Poviña, hijo de Fernando Poviña, abogado defensor del gobernador Juan Manzur. Si la candidatura prospera, será el segundo magistrado tucumano que en menos de dos años “emigra” de esa provincia a un tribunal decisivo de la capital del país. Como contrapartida, la Justicia Federal de Tucumán pasará a ser poco más que una cáscara vacía.

El proyecto “Poviña” para la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la capital tiene un antecedente favorable reciente. El año pasado, el presidente Alberto Fernández designó al entonces juez federal Nº1 de Tucumán, Daniel Bejas, en la Cámara Nacional Electoral. En el circuito del poder atribuyen el movimiento a Manzur, uno de los grandes promotores de la unidad del actual oficialismo y de la postulación presidencial de Fernández. Bejas, un ex apoderado del Partido Justicialista, y ex abogado del grupo de empresas del ex gobernador y senador saliente José Alperovich, falló en reiteradas ocasiones en favor del oficialismo. En una de sus actuaciones con mayor trascendencia sobreseyó a Manzur, en un caso de supuesto enriquecimiento ilícito, expediente en el que el padre de Poviña llevó adelante la defensa del hoy gobernador.

Otro punto de contacto vincula al plan “Bejas” con el de Poviña. En el interregno de Cambiemos, los ascensos de ambos jueces fueron rechazados. El ex presidente Mauricio Macri descartó sucesivamente a Bejas para la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y a Poviña para la Cámara Federal de Casación Penal. Llegó Fernández y se encontró con que el juez Nº1 de Tucumán estaba ternado para la Cámara Nacional Electoral, institución que ha de controlar la renovación de las autoridades públicas electivas nacionales. Casi al mismo tiempo que el Senado daba el acuerdo a Bejas, el actual oficialismo impulsaba la revisión de los traslados de Bruglia y Bertuzzi dispuestos durante el macrismo. Esa iniciativa acabó con un recurso de “per saltum” en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde por mayoría desbarataron la alternativa del traslado y afirmaron que los cargos judiciales sólo podían ser llenados en forma definitiva previo concurso público en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Juez ineludible

Pese a que al momento de fallar en contra de Bruglia y Bertuzzi había al menos 38 autoridades federales y nacionales en la misma situación, el Consejo aceleró sólo unos pocos procedimientos atinentes a traslados. En ese conjunto muy pequeño entraron el par de vocalías de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py, que revisa la actuación de los 12 jueces y juezas de primera instancia, y el Juzgado Federal Nº1 de Jujuy, que es el que ejerce la competencia electoral en dicha provincia. Se trata de procedimientos que escaparon a la lógica de la pandemia y avanzaron con la velocidad “de un rayo”.

El 19 de agosto de 2021, la Comisión de Selección aprobó el orden de mérito que contiene los nombres para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi, dos jueces a los que el oficialismo ubica entre los hacedores del “lawfare”. Con 186,75 puntos, Fernando Luis Poviña lidera la tabla seguido de Agustina Inés Rodríguez (183,75), de Cecilia Patricia Incardona (172,85) y de los otros 19 postulantes que pasaron a la entrevista en el comité del Consejo. En este listado sobresalió la situación de Incardona, la fiscala de Lomas de Zamora que investigó la causa del espionaje ilegal durante el gobierno anterior, quien logró avanzar 17 casilleros -pasó del puesto 20 al tercero- tras conseguir la revisión de omisiones relevantes.

Pero Poviña presenta mayores nexos con el oficialismo. Y ya fue escogido por la ex presidenta Fernández de Kirchner en 2011 para el cargo de Tucumán. Poviña es un conocedor del mundillo de Comodoro Py: nacido en 1971, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán, pero, después de graduarse, se mudó a la Ciudad de Buenos Aires donde hizo carrera de funcionario en la Cámara Nacional de Casación Penal. Llegó a ser secretario de la sala que integraban los jueces Pedro Rubén David (jubilado), Alejandro Walter Slokar y Ana María Figueroa cuando juró en el Juzgado Federal Nº 2 de su provincia, que en ese momento llevaba casi cinco años en manos de un juez subrogante. Tampoco era ese un lugar desconocido para el nuevo titular puesto que su madre, Sara Inés Caporaletti, se había desempeñado como secretaria en aquella unidad.

El acceso a la magistratura obligó a Poviña a hacerse cargo también de un despacho acéfalo en Jujuy, el Nº2, donde instruyó la investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad atribuidos al industrial Carlos Pedro Blaquier. En Tucuman, consiguió mantenerse en el cargo tanto durante la gestión del ex gobernador Alperovich como del actual gobernador Manzur, aunque sin parecer tan alineado como Bejas, a quien reemplazó en la causa por presuntas violaciones de derechos humanos endilgadas al ex jefe del Ejército, César Milani: en el período de Macri, Poviña elevó la causa a juicio, pero el ex militar resultó absuelto por un Tribunal Oral en lo Criminal Federal que falló tras la victoria de la fórmula Fernández-Fernández de Kirchner en las primarias de 2019.

En paralelo a su labor como juez, Poviña se destacó por su capacidad para “exportar” miembros de su equipo a la Justicia provincial. Claudio Bonari, el primer fiscal designado por el gobernador Manzur, era secretario del juez federal en Jujuy. Otro fiscal nombrado por el mandatario, Ignacio López Bustos, dejó la Cámara de Casación y se estableció en Tucumán para trabajar al mando de su antiguo compañero en la secretaría penal del Juzgado Federal Nº2. Esos contactos con el poder político tuvieron su correlato en Jujuy donde el juez logró la designación en forma discrecional como secretaria civil de la unidad que subrogaba a María Florencia Carrillo, esposa de Mariano Miranda, fiscal de Estado del Gobierno del radical Gerardo Morales, según la Acordada 4/17 de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Más allá de estas vinculaciones, Poviña devino ineludible para el poder político tucumano cuando se fue Bejas y aquel quedó al frente de los únicos dos juzgados federales de primera instancia existentes en la provincia, incluida la unidad con competencia electoral. Eso no impidió a Fernando Poviña padre seguir litigando en el ámbito de su hijo, quien este año se apartó de una denuncia de corrupción con obras públicas hídricas por el hecho de que su progenitor se presentó como abogado del funcionario cuestionado. El poder del juez federal no se circunscribe a su jurisdicción: en el presente mantiene una relación de pareja con Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán designada por Manzur y ex fiscala de Estado de su administración. Rodríguez Campos es a la vez sobrina carnal de Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales provinciales, e histórico ministro de Gobierno y Justicia de Alperovich.

El interés de Poviña en ascender, y regresar a Buenos Aires con la venia para sentarse en la silla de Bruglia o en la de Bertuzzi preanuncia una posible parálisis de la Justicia Federal de Tucumán. Si el juez Nº2 se muda, ya no quedará nadie en la primera instancia porque el Juzgado Nº3 creado por ley en 2013 nunca fue puesto en funcionamiento. Este es otro ejemplo de cómo las ambiciones políticas y la falta de agilidad en el Consejo de la Magistratura para la realización de los concursos pueden terminar afectando el acceso a la justicia. En 2018, Macri propuso para el Nº3 al funcionario José Manuel Díaz Vélez, pero el Senado no trató el pliego y Fernández lo retiró a los pocos meses de llegar a la Casa Rosada, junto a otras 200 designaciones, entre ellas cinco más para Tucumán. El Presidente nombró a Bejas, pero no llenó la vacante susceptible de aliviar la situación de una oficina multifueros que maneja desde amparos a la salud y juicios previsionales hasta causas de lavado, contaminación ambiental, narcotráfico, trata, evasión tributaria y defraudación al Estado Nacional.

La falta de designación de jueces y juezas es endémica en la provincia de Manzur. La Cámara Federal de Apelaciones actuó con un par de subrogantes hasta que la Cámara de Casación le puso un límite y declaró nulos los interinatos extendidos más allá del plazo de la ley. Recién entonces el jefe del Poder Ejecutivo cubrió una de las dos vocalías de Apelaciones con ternas que aguardaban una definición desde hacía tres años. La mejoría fue leve porque, al poco tiempo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) con una sala única se quedó sin integrantes debido a las jubilaciones de dos vocales (Gabriel Casas y Alicia Noli) y a una licencia por enfermedad de largo tratamiento del tercero (Carlos Enrique Jiménez Montilla). El concurso para cubrir la acefalía que generó Noli lleva más de tres años de trámite en el Consejo de la Magistratura (el plazo venció en abril de 2020). Esto obliga al TOF a celebrar los juicios orales en la medida de las posibilidades de tres camaristas de otros distritos.

El vaciamiento de la Justicia Federal de Tucumán parece condenado a empeorar. Ese estado de virtual parálisis de la administración de justicia es la contracara amarga del apetito de expansión del poder. Esta ambición no reconoce límites ni colores puesto que para la cobertura de las antiguas sillas de Bertuzzi y de Bruglia está incluso servida la posibilidad de negociar la cobertura del Juzgado Federal Nº1 de Jujuy -concursado junto a los cargos de la Sala II de la Cámara de Comodoro Py- con el Gobierno de Morales, quien puede proveer el voto de una consejera afín, la senadora Silvia Giacoppo (Juntos por el Cambio), para aprobar las ternas. Tales armados desvelan por estas horas al Consejo de la Magistratura, organismo creado en 1994 para poner fin a la manipulación de la Justicia, e incrementar su profesionalismo, independencia y credibilidad.