Hace algunos años escribimos aquí sobre la falta de transparencia de los salarios del sistema judicial. Entre otras cosas, explicamos que la publicidad sobre escalas salariales que realizan el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa representa una engañosa transparencia por no incluir en detalle todas las bonificaciones que reciben.

A fin de contar con la información precisa, realizamos pedidos de acceso a la información pública a cada uno de esos organismos que componen el sistema judicial. Mientras que el Consejo de la Magistratura y el MPF no respondieron a la solicitud, el MPD explicitó los salarios netos efectivamente recibidos por los titulares de Defensorías ante Tribunales Orales Federales. Estos datos son muy trascendentes porque es la primera vez que se publican datos fehacientes de salarios en mano reales del sistema judicial. Es importante aclarar que los jueces, fiscales y defensores oficiales tienen equiparados los salarios por lo que estos datos revelan también los montos de los sueldos en esos organismos. En otras palabras, estos datos revelan -por primera vez- información precisa sobre los haberes de funcionarios judiciales con categoría de camarista. Debe destacarse, a la vez, como pasa también en otros pedidos de acceso a la información pública requeridos a todos los organismos del sistema judicial, que la Defensoría General de la Nación es -por mucho- el más accesible.

Tal como puede observarse de los archivos que se adjuntan a esta nota, los salarios netos (es decir, en mano) promedio de Defensores con rango de camaristas rondan en promedio los 10 millones de pesos para noviembre de 2024. Esto es casi el doble de lo que figura en la escala salarial publicada por el MPD (que es igual a la que publican el MPF y Consejo de la Magistratura). Estos funcionarios no cumplen con subrogancias en otras defensorías. En cambio, quienes sí realizan subrogancias cobran un 30% más, por lo que es de suponer que el salario neto es de alrededor de 13 millones de pesos mensuales.

La ley de acceso a la información pública, en su artículo 32, establece que los sujetos obligados deben publicar numerosos datos allí explicitados “a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible”. Entre estos se encuentran “las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados”. Pues bien, como la diferencia entre lo mostrado en la escala salarial publicada y lo que realmente cobran los funcionarios de los tribunales orales es muy evidente y elevada, la publicación es claramente inexacta y debiera corregirse.

Es de suponer que la opacidad de las publicaciones de todos los organismos judiciales tiene que ver con que el salario de las y los funcionarios judiciales es de los más altos en el Estado Nacional. Aunque tampoco hay información muy precisa —también los otros poderes incumplen con la ley de transparencia— es posible inferir que un senador cobra en mano un poco más de la mitad que un funcionario judicial de Cámara y un diputado algo más de 40% de lo que cobran las y los jueces, fiscales y defensores oficiales con ese rango. Con los datos que surgen de la diferencia entre la publicación de escalas y los salarios reales, es posible calcular que los jueces de la Corte Suprema tienen salarios en mano de entre 13 a 16 millones de pesos. En cambio, los ministros del Poder Ejecutivo cobran menos que los legisladores nacionales a partir del congelamiento dispuesto el año pasado. Una de las razones que explican el privilegio del sistema judicial es la exención del impuesto a las ganancias que según reveló hace pocos días el diario Clarín, ello le cuesta al Estado más de $760.000 millones de recaudación anual (el área de Justicia Fiscal de ACIJ viene publicando informes sobre los costos de este tipo de privilegios fiscales a costa de la reducción de subsidios a sectores desaventajados).

El punto de la nota y del esfuerzo que venimos haciendo por conseguir los datos tiene que ver la necesidad de una deliberación extensa sobre la justeza de los salarios estatales tal como están definidos y, para ello, es necesario que la sociedad civil acceda a información veraz y completa. Esto no viene ocurriendo pese a que la ley de acceso a la información pública es muy clara en cuanto a que la publicidad debe incluir cada uno de los componentes del salario. Sin duda, la desconfianza en la justicia por parte de la ciudadanía -suficientemente documentada cada vez que se se requiere su visión sobre este poder del estado- tiene que ver con muchas razones pero la falta de rendición de cuentas es una parte importante de esa circunstancia.