Uno de los mayores promotores de la reforma del Poder Judicial en América Latina dice que la pelea por la Justicia “se endureció”. Para 2026, el procesalista arraigado en Chubut advierte que hay que mantenerse “en estado de alerta, renovar lo táctico y no dejar pasar una”. La entrevista se desarrolló el 20 de febrero, cuando muchas de las cosas que Binder anticipaba todavía no habían empezado a manifestarse.

A Alberto Binder le parece que la lucha por una Justicia íntegra y prestigiosa enfrenta una exigencia inédita y que, por ello, los antiguos métodos de combate quedaron obsoletos. Según la visión que despliega, esto no pasa sólo en la Argentina, sino en la región casi sin excepciones. “Lo que vemos en toda América Latina, incluso en lugares donde había otra fortaleza institucional, es el avance de las mafias sobre el Poder Judicial. Eso está ocurriendo en Chile, donde acaban de detener a una ex ministra de la Corte que vendía sentencias (se trata de Ángela Vivanco)”, dice el procesalista experto durante una entrevista virtual de una hora desarrollada el 20 de febrero de 2026, cuando muchas de las cosas que aquel anticipaba todavía no habían empezado a manifestarse. Luego del detalle de los antecedentes biográficos se presenta una versión de esa conversación, que ha sido editada para facilitar su lectura y difusión.

Binder es fundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Se desempeña como profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es abogado y doctor en derecho por esa misma universidad. Ha sido asesor técnico en los procesos de reforma judicial en la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y otros países de América Latina. Publicó numerosos artículos y más de una decena de libros sobre su especialidad.

También hay que rescatar en el caso de Chile que las instituciones reaccionan, y pueden investigar y condenar a las altas autoridades del Estado. ¿Ello no es algo positivo?
Sí, acá en la Argentina empezamos a tener muchas condenas de jueces federales como los casos de Mendoza, Corrientes y Mar del Plata…

¿Por qué está ocurriendo eso?
Hay un fenómeno de dinero. Antes se decía que la Justicia Federal hacía operaciones políticas o jugaba para un sector. A esto todos lo conocíamos. Pero no había tanta plata como la que aparece hoy. Hablamos de que existen negocios por doquier.

¿Qué nos depara el año 2026 en el Poder Judicial de la Argentina?
La matriz básica para entender el problema del Poder Judicial pasa por enfocar la disputa política y el juego de intereses que, de alguna manera, y subrayo eso, tiene una intensidad inédita en nuestra región y en nuestro país. Si miramos y analizamos en abstracto lo que llamamos el ciclo de la expansión de derechos y de creación de instrumentos de control del poder público que se desarrolló desde la recuperación de la democracia, y ponemos sobre la mesa todas las herramientas que tenemos, encontramos una cantidad inmensa de posibilidades. Este instrumental voluminoso sacó a la Justicia del rincón institucional en el que estaba, donde cumplía una tarea penal para una determinada clase social y un determinado tipo de delitos, y pasó a convertirse en una zona caliente. Ese cambio hizo que los intereses que pudieran ser o sentirse afectados también se movieran y, como sucede siempre, estos se movieron más rápido que los actores más débiles o con menos capacidad de adaptación. Ahora, frente a esto, hay que hacer una renovación muy fuerte del pensamiento sobre el Poder Judicial.

¿Cómo sería eso?
Doy un ejemplo. El otro día estábamos trabajando en Guatemala y tuvimos un cierto tipo de chisporroteo porque había que elegir ministros de la Corte o el fiscal general, y, entonces, sectores como el nuestro empezamos a trabajar con indicadores objetivos de idoneidad y propuestas para dar transparencia al proceso de designación. Pero ahí nos plantamos y dijimos: "miren, ya se demostró que ese tipo de metodología no produce nada porque, si es por los papelitos, si es por los posgrados, si es por los antecedentes del curriculum, esto ya está cubierto por los postulantes que forman parte de la estructura de la mafia”. La cuestión radica en que hoy necesitamos gente con un determinado nivel de coraje cívico y, para ello, debemos desarrollar metodologías para identificarla. Entonces, mi primera reflexión, para no caer en lo anecdótico, es que ha empezado una época nueva donde la pelea es mucho más dura y fuerte. Tenemos que mejorar lo táctico y poner una tenacidad enorme porque en el Poder Judicial hay niveles altos de gente mala trabajando para las mafias, de contubernios y de complicidad.

¿Puede mencionar un caso argentino?
Sí. Recientemente encuentro en una comunicación de la Universidad de Buenos Aires que había un posgrado dirigido por (el juez federal Ariel) Lijo. Estamos locos. ¿Cómo puede ocurrir esto si acabamos de desgastarnos en una campaña de meses para demostrar que era el peor del grado? (N. de la R.: se refiere a la crítica que recibió Lijo cuando el Gobierno de Javier Milei lo nombró en comisión como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decisión que finalmente fue volteada por el Senado). Veo el programa y había una cantidad de profesores que se prestaban a eso. Entonces, me dediqué a llamar a uno por uno para decirle "mirá, no podés estar ahí". Inclusive, por ejemplo, encontré abogados defensores del caso de Libra. En cuestiones así te das cuenta cómo el juego se ha vuelto muy pesado.

Hace unos días trascendió que Lijo tuvo una reunión oficial con el ministro de Justicia de Israel en Tel Aviv (Israel). No queda clara la razón ni si podía hacerlo. ¿Cree que hay que actuar al respecto?
Muchísimas cosas hay que hacer. Tenemos que volvernos intransigentes, tenaces y molestos. Entonces, para responder al título de la pregunta previa, el 2026 es un año donde hay que intensificar y volverse muy creativo y muy exigente en la pelea política del Poder Judicial, que comprende a la Justicia Federal y a los tribunales provinciales. Tenemos que ponernos en una situación de alerta, renovar lo táctico y no dejar pasar una. Por eso en Inecip nos pusimos a trabajar contra el alojamiento de presos en comisarías y las audiencias por Zoom. Aunque somos pocos los que estamos en esto, no podemos dejar pasar lo que hace la UBA. Y al Consejo de la Magistratura vamos a empezar a exponerlo porque es una caja enorme de corrupciones… Al juez federal Gaston Salmain, que está procesado por corrupción, le dieron subrogancias en dos juzgados más: el Consejo de la Magistratura ha perdido todo el rumbo. Ahí está como consejero Diego Barroetaveña, que representa un modelo de juez detestable, que ocupaba espacio en posgrados mientras integraba los órganos de la Asociación de Fútbol Argentino (N. de la R.: renunció en diciembre). Vamos a tener 1.000 casos de este tipo: a mediados de febrero,La Política Online refirió que el camarista de Casación, Carlos Mahiques, festejó su cumpleaños en la quinta de (Claudio) Tapia (presidente de la Asociación de Fútbol Argentino -AFA-)... Y resulta que es uno de los jueces que debe resolver quien investiga las irregularidades detectadas en esa quinta (N. de la R.: luego de la repercusión periodística de esta historia, Mahiques renunció a la integración del tribunal que debe tratar este tema). Es la realidad dramática que tenemos que atender.

¿Cómo se define el problema en una línea?
Estamos ante la disputa por la cooptación mafiosa del Poder Judicial. Esto se está dando en todos los países y también acá en la Argentina. Ustedes publicaron una investigación que refiere que el 60% de los miembros de los superiores tribunales de las provincias habían pasado antes por el Poder Ejecutivo. Allí se ve que esos jueces que vienen del Gobierno no tienen carrera civil, sino que participan en muchos casos de las mafias de los gobernadores. Tenemos eso, una cooptación mafiosa del Poder Judicial que en 2026 se va a intensificar, y debemos ser tenaces para no dejar nada afuera, empezando por las universidades, y siguiendo por el Consejo, la Corte Suprema y los casos concretos.

¿Por qué hay que mirar la academia?
Yo estoy a favor de que la magistratura pueda dar algunos “cursitos” orientados a la práctica. Pero veo que hay autoridades del sistema judicial que aparecen dirigiendo formaciones en todos lados, y, luego, en sus juzgados y fiscalías no hacen nada, o que, amparados en la firma digital, directamente establecieron la doctrina de que no tienen que pasar por su despacho. Me puse a buscar algunas autorizaciones para actividades académicas y encontré que, por ejemplo, a Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, la habilitaron para estar en media docena de posgrados. Yo vengo de la época donde creíamos que la universidad pública era una especie de deber cívico, donde todo era más o menos gratis, pero eso hace rato que desapareció. Y estos cursos se han vuelto un negocio de gente que además gana muchísimo dinero por la magistratura, mucho más que lo que ganamos todos nosotros. La UBA es un antro de corruptelas y las universidades de otros lados también. Yo creo que hay que ser absolutamente intransigentes con esto.

¿Cómo se hace para sostener esta lucha que se está haciendo tan pero tan difícil?
Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan de la época de la dictadura, que era exactamente así. Porque en la dictadura, vos tenías la parte brutal, pero, después, había un nivel de complicidad aterrador en el Poder Judicial, que hacía como si no pasara nada. Cuando vuelve la democracia se abren dos vías: un sector se va a la lucha contra la impunidad y otro al campo de lo que, en el lenguaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamaríamos de garantías de no repetición, que es donde yo me inserté. La idea era que no podíamos entrar a la democracia con el mismo Poder Judicial, es decir, con los que habían sido jueces de la dictadura. Hoy, después de 40 años de trabajar intensamente, me pregunto: “si tuviéramos un dictador, que no lo tenemos -tenemos un loco, pero elegido democráticamente-, ¿este Poder Judicial se plantaría?”. Entonces a esto ya lo vivimos. Hay que poner mirada de largo plazo y tenacidad porque solo no se va a reparar.

Sobre el costo personal de cuestionar

Alberto Binder sostiene que es evidente que criticar las complicidades de la mafia judicial genera cierto aislamiento. Aún así, refiere que no es admisible que el sector con conciencia de lo que sucede guarde silencio y tolere lo que hacen los mafiosos. “Es una visión del tipo de pelea que tenemos delante, donde vemos que los colegios de abogados están ausentes, y que también callan la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM)”, explica. Y agrega: “hay que dar peleas. El punto es cómo se configura el poder dentro del Poder Judicial y cómo intervenimos en ese juego de poder aunque perdamos”.

Sobre la cobertura de las vacantes en la Corte y los ministerios públicos

“Un gran pacto espurio”: esto es lo que Alberto Binder avizora respecto de los nombramientos pendientes en todas las instancias de la Justicia Federal y Nacional, pero, en particular, en sus órganos rectores: la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las cabeza de los ministerios públicos fiscal y de la Defensa. “El 2026 va a ser el año, posiblemente, de un gran pacto espurio. Tenemos que estar muy atentos. Un ejemplo es el pedido de un nuevo acuerdo para Carlos Mahiques, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal (quiere ejercer el cargo más allá del límite de los 75 años). Bueno, hay que empezar a trabajar para evitarlo. El nuevo acuerdo requiere de las mismas condiciones que un nombramiento. Tiene que haber una evaluación de su desempeño, etcétera”, precisa.

Binder advierte que se creó un paquete enorme de cargos judiciales para hacer una negociación política de alto nivel que impactará en la conformación del Poder Judicial del Federal de los próximos años. “Y es verdad que esto sucede en el medio de cambios graves en la inteligencia, en el Código Penal… Pero yo no creo en la decepción, sino en formar nuevos equipos. El hecho de dar la batalla ya es un triunfo”, dice.

Sobre la academia como regulador de la conciencia para la magistratura

El presidente de Inecip opina que la Argentina es uno de los lugares más complejos de América Latina para la búsqueda de un Poder Judicial independiente por el papel que juega el espacio académico. Al respecto, Alberto Binder opina: “los jueces que se dan cuenta de lo que pasa, que tienen cierta conciencia democrática, en vez de dar la pelea dentro del Poder Judicial se recluyen en las universidades. Entonces, la academia se convierte en una especie de regulador de la conciencia. Muchos jueces curan su culpa con la idea de que están dando clases y de que con eso es suficiente. Por eso hay que taponarles ese lugar. Es importante que los buenos jueces sufran y den la pelea interna, es decir, donde la tienen que dar”.

Sobre el impacto de la inteligencia artificial en la Justicia

Un tema de moda que no debe distraer de lo importante: con estas palabras, más o menos, Alberto Binder define el efecto de la inteligencia artificial (IA) en la administración de justicia. Según su criterio, esta tecnología quizá pueda ayudar a resolver con efectividad el problema de las causas pequeñas, que es una deuda importante del sistema. Binder incluso dice que toda entidad municipal debería tener un Poder Judicial superador del juzgado de faltas para ser una verdadera república, y que, en ese espacio, la IA podría ser útil y positiva. “Pero en el resto de las cuestiones lo veo como un tema de fuga para no ir al núcleo del problema. Y yo creo que tenemos la obligación de mantener viva la pregunta sobre si la Justicia penal va a resolver y va a enfrentar los grandes problemas estructurales vinculados al financiamiento ilegal de la política, que es lo que está atrás de la corrupción mafiosa del Estado”, observa.

Para Binder el otro punto crítico del sistema judicial es si este va o no a acompañar las luchas de los movimientos sociales por los derechos económicos, sociales y ambientales: “esos son los temas políticos. La inteligencia social no juega nada en esto. Es, digamos, una discusión de cóctel”.