Una serie de datos publicados en la aplicación Tableau, que las actuales autoridades del Consejo de la Magistratura dicen desconocer, da cuenta que no hay relación entre la cantidad de trabajadores judiciales y el volumen de causas ingresadas. El Consejo de la Magistratura de la Nación desconoció el informe y dijo que no posee los datos.

Una serie de datos de acceso público disponibles en la plataforma Tableau incrementa las dudas acerca de los criterios aplicados para distribuir los recursos en la Justicia Nacional y Federal. Los datos de “Demanda del Servicio de Justicia 2017” exponen la desigualdad existente entre los fueros, y cómo los más poderosos y sensibles para el poder político exhiben mayor cantidad de personal, sin importar el volumen de causas que han de procesar. Esta situación es especialmente evidente en la situación de dos tribunales: la Cámara Nacional Electoral tiene el “staff” más grande, pese a que el número de procesos es el más pequeño, mientras que la Cámara Federal de la Seguridad Social está en los polos opuestos. El Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), órgano encargado de la administración de estas instituciones y de la estadística, desconoció el informe y dijo que carece de los datos allí presentados.

El estudio del Tableau fue publicado por única vez en la cuenta del usuario Poder Judicial de la Nación - Dirección de Estadísticas Judiciales con sede en la capital del país. Esta información sólo puede ser consultada para 2017. Además del despliegue para la demanda del servicio de Justicia hay otros niveles de análisis relativos a la dinámica y al funcionamiento, siempre en el período indicado, de los Tribunales de la Argentina.

El entrecruzamiento de los porcentajes de causas ingresadas y de recursos humanos hace una primera distinción entre la Justicia Federal y la Nacional. La primera recibió el 76,4% de los expedientes y exhibe poco más de la mitad del personal total (56,2%). A la Justicia de la Nación entraron el 23,6% de las causas de 2017, pese a que cuenta con el 43,8% de los trabajadores judiciales. El punto medio entre cantidad de causas nuevas y de recursos humanos está representado por la Justicia Federal de Salta, que siempre en el lapso considerado, inició 26.184 procesos y poseía 331 cargos. La mediana de causas en todas las jurisdicciones es 28.574 y de personal, 358.

En el ámbito de la Justicia Federal, el escenario más inequitativo está, como ya se anticipó, en la Seguridad Social, un fuero históricamente atiborrado de pleitos contra el Estado por conflictos derivados de la liquidación de las jubilaciones, entre otros asuntos de primera magnitud para sectores vulnerables de la población. Se trata de un ámbito donde la velocidad de resolución es crítica no sólo por el carácter alimentario de los montos en disputa, sino también por la edad avanzada y las dificultades de salud de las y los demandantes. En 2017 entraron casi 140.000 litigios a las dependencias de la Cámara de la Seguridad Social, donde en ese momento en total había 551 trabajadores, siempre según el Tableau. Ello implica que había 249 juicios nuevos por cada integrante del “staff”.

En el otro extremo del cuadrante, la Cámara Nacional Electoral registró seis procesos ingresados (12.169 en total) por cada uno de sus 1.904 trabajadores. Esa institución se ocupa de fiscalizar los comicios de renovación de los cargos electivos federales en todo el país mediante una estructura compuesta de un tribunal para tres vocalías y secretarías específicas dispuestas en juzgados federales de las 24 jurisdicciones. El fuero electoral tiene un trabajo intenso cada dos años, es decir, cada vez que hay votaciones: el resto del tiempo lleva adelante labores de control relativas a los partidos políticos, al padrón y a la tramitación de planteos propios de su competencia material. La estadística del Tableau toma en cuenta un año donde, al igual que el período en curso, hubo elecciones (primarias y generales) para el recambio parcial del Congreso de la Nación.

Sólo la Justicia Federal de Corrientes (10.311), y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (10.059) tuvieron menos demanda de trabajo nuevo que la Cámara Nacional Electoral. Pero entre estos tribunales existe una diferencia abismal de personal: el equipo de Corrientes estaba integrado por 207 puestos mientras que, hace cuatro años, había 359 cargos cubiertos en el del estrado en lo Civil y Comercial.

Otras instituciones judiciales que sobresalen por la cantidad de personal son la Cámara Correccional y Criminal Federal (939) y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (576). El primer supuesto engloba lo que la jerga periodística y coloquial denomina “Comodoro Py”. Allí están radicadas las investigaciones penales de las denuncias de casos de corrupción que interesan e involucran a las autoridades nacionales. Según la visualización del Tableau, en 2017 ingresaron en este ámbito 22 causas (20.941 en total) por cada trabajador. El fuero en lo Contencioso Administrativo se ocupa de los juicios atinentes a la Administración Pública Nacional, otra área de máxima relevancia para los que ejercen el poder estatal. A esa esfera judicial entraron 89.735 procesos, 155 por cada uno de los integrantes de ese ámbito.

Un posible patrón

En la Justicia Nacional ocurre que hubo cuatro trabajadores por cada causa nueva en lo Penal Económico, incluso menos que la proporción detectada para la Cámara Nacional Electoral. Los 497 integrantes de este fuero también muy sensible -porque resuelve los conflictos aduaneros y tributarios- abrieron 2.016 expedientes cuatro años atrás.
La Justicia de la Nación se caracteriza por la abundancia de recursos. Esto se aprecia en el escenario general, donde el tribunal que más expedientes puso en marcha, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, tramitó 40 juicios (95.473 en total) por cada miembro del “staff” (2.390). En cuanto a volumen de tarea incorporada le sigue la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (82.080 pleitos), donde hubo 51 procesos por cada uno de los 1.611 integrantes de la plantilla.

¿Qué dijo respecto de esta información el Consejo de la Magistratura? En la respuesta dada a un pedido de acceso a la información pública que formuló JusTA, el responsable de la Oficina de Estadísticas manifestó que en esta página estaban todos los datos aportados por los tribunales nacionales y federales en cumplimiento de lo dispuesto por la Acordada Nº 33/92 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En cuanto al Tableau, contestó: “respecto de las visualizaciones que se observan en el sitio, no se ha identificado fuente de datos o autoría, ni fueron generadas por esta dependencia. Por lo expuesto, la información solicitada no obra en nuestro poder en los términos del artículo 10 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública”. Una fuente que pidió reserva de su identidad explicó que la estadística habría sido confeccionada efectivamente por el Consejo de la Magistratura durante una gestión previa, pero, luego, hubo una contramarcha y no se siguió adelante con el proyecto, aunque la publicación permanece en línea.

Si bien la Oficina de Estadísticas no validó o autenticó los datos del Tableau, y rechazó la posibilidad de proporcionarlos, la consulta a las cifras oficiales determinó una correspondencia con el número de causas ingresadas en 2017 considerado en el programa de acceso libre. La información que difunde el CM no permite conocer con rigor técnico la productividad de las oficinas y dependencias judiciales. Hay fueros, por ejemplo, sobre los que no se informa nada desde 2012, según el artículo “La verdad estadística permanece vacía”.

El nombramiento y la distribución del personal tampoco siguen un parámetro uniforme explícito en la Justicia Federal y Nacional. Este artículo, “Pertenecer sigue siendo un privilegio”, explica cómo subsiste la discrecionalidad, pese a que el ingreso democrático está vigente desde 2013. Algunos ámbitos, como la Justicia Nacional del Trabajo, celebran concursos desde mucho antes y los defienden a rajatabla, según cuenta la magistrada Liliana Fernández Rodríguez en esta entrevista. A partir de los datos del Tableau es posible inferir que la dotación del personal tendría un patrón fundado en la influencia de las materias confiadas a la magistratura y no en las necesidades del servicio que tanto se citan como fundamento de las resoluciones de nombramiento.