Las defensorías oficiales se masculinizan

por Irene Benito

Autor

Irene Benito

Publicado el

2021-11-30

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GéneroMinisterio Público de la Defensa

Según un informe presentado este año, hubo un retroceso en la distribución de los cargos de la magistratura que favorece a los hombres.


Los varones compiten más que las mujeres y, por ende, tienen mayores posibilidades de ser nombrados al frente de las defensorías oficiales que integran el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD). Esta perspectiva se verifica en la práctica, según el informe Análisis de Género en los Concursos del MPD presentado en 2021. En los últimos 12 años, los hombres fueron escalando posiciones hasta modificar la distribución de cargos de la magistratura, que son los de más alta jerarquía institucional. A finales de 2019, el 37% de aquellos puestos estaba ocupado por mujeres, cifra que representa una caída de nueve puntos respecto de la presencia de magistradas constatada a comienzos de 2008 (46%).

El estudio presenta información estadística y cualitativa acerca de las barreras que impiden la igualdad de géneros. Esta inequidad se acentúa en la cúspide de la organización. “Las mujeres conforman el 58% del total de integrantes del MPD. Sin embargo, ocupan el 37% de cargos de la magistratura, el 56% de los cargos del funcionariado y el 44% de los cargos de servicios auxiliares. De modo que, en la integración por cargo, la mayor cantidad de mujeres del organismo se agrupa en el escalafón técnico-administrativo (66%)”, indica la investigación dirigida por la Comisión sobre Temáticas de Género que lidera Raquel Asensio (ver entrevista en JusTA). Y añade: “los datos sugieren la presencia del ‘techo de cristal’ si se toma en cuenta el descenso de puntos porcentuales de integración de mujeres a medida que se avanza en la carrera. Hay 10 puntos de diferencia entre los porcentajes de mujeres en cargos administrativos y funcionarias, y de casi 20 en el ascenso de funcionarias a defensoras”.

El análisis consideró las 186 defensorías ocupadas hasta 2019 inclusive y encontró que las mujeres tienen menor presencia en fueros considerados de mayor peso político -como el fuero federal- y en materias consideradas históricamente más propias de los varones -como puestos con competencia penal- mientras que son mayoría en aquellos ámbitos asociados al cuidado. “Estos datos indican la presencia de segregación horizontal por razones de género”, refiere el informe.

En los cargos de magistradas de la Defensa General de la Nación (DGN) y en el fuero federal hay una menor cantidad de defensoras que en la jurisdicción ordinaria. “En contraposición, hay mayor cantidad de mujeres que se desempeñan en materia no penal (47% de los 32 puestos no penales), y más de la mitad son mujeres (57%) en los fueros que intervienen en representación o defensa de menores de edad, o de quienes requieren tutela o curatela (sobre un total de 33 cargos). El porcentaje de defensoras cae en puestos con competencia penal (35%). Como la cantidad de cargos con competencia penal (154) es mucho mayor que los de competencia no penal (32), los obstáculos más grandes para acceder a los primeros se reflejan en la integración final del MPD”, ilustra el documento. Y añade: “las cifras indican la necesidad de implementar mecanismos correctivos para favorecer la designación de mayor cantidad de mujeres como defensoras”.

En ocho provincias existe hegemonía masculina. En Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán no hay ninguna defensora designada, y en cuatro no hay ningún defensor: Entre Ríos, Formosa, San Luis y Santa Cruz. En el resto del país, la integración es mixta.

Una reforma que no reformó nada

El trámite de los concursos sustanciados en el MPD exhibe pistas para entender las brechas. La investigación observa que son mujeres sólo un tercio de quienes se inscriben a los procesos de preselección para la magistratura. Esta realidad revela déficits de incentivos y de representación, y determina que al final del concurso las mujeres lleguen a 8 de cada 10 ternas elevadas al Poder Ejecutivo de la Nación -las otras dos están integradas puramente por varones-.

En los 145 concursos estudiados se inscribieron 2.353 mujeres y 4.159 varones, que representan el 36% y el 64% del total de las inscripciones, respectivamente. “El análisis muestra que desde el momento de la inscripción hasta la aprobación de una terna, las mujeres representan alrededor de un tercio del total de aspirantes durante las distintas etapas. Estas cifras sugieren que el gran obstáculo para una mayor presencia de mujeres en cargos de defensoras oficiales se vincula con el bajo número de inscriptas en los concursos, lo que puede obedecer al problema conocido como ‘piso pegajoso’”, expresa el reporte.

Una leve pérdida competitiva surge de la comparación entre el inicio del trámite (donde las mujeres conforman el 36% del total de aspirantes) con la finalización de la sustanciación del concurso (donde representan el 33% del total de integrantes de las ternas). “Se pierde un punto en la cantidad de mujeres que superan la calificación de antecedentes, un punto entre quienes aprobaron el examen, y uno más al conformar las ternas (es decir, en la calificación final de oposición y antecedentes de los/as candidatos/as). [...] La calificación de antecedentes y de oposición, y la puntuación final recibida por las mujeres que aprobaron el concurso es, en promedio, inferior a la obtenida por sus pares masculinos. En el caso de los antecedentes, es notoria la diferencia a favor de los varones”, dice la investigación.

Un aspecto llamativo del estudio es que corrobora la ineficiencia o insuficiencia de las reformas reglamentarias aplicadas en 2015 para favorecer la participación femenina. “La composición de los jurados muestra evidentes sesgos de género. A lo largo de los 12 años analizados, la participación de defensoras en los jurados alcanza solo el 30% del total de defensores/as que fueron convocados/as como titulares (197 mujeres frente a 470 varones). A su vez, se detectó que el jurado se integró de forma exclusiva con varones en 41 oportunidades, lo que representa una exclusión de mujeres en el 28% de los concursos aprobados”, detalla.

Lejos de promover la diversidad de género, la brecha en la composición del jurado se intensificó en los últimos seis años: “se observa que a partir de 2015 las mujeres solo representan el 16% del total de defensores/as que integraron el jurado. De este modo, se mantuvo el predominio de varones (38 mujeres frente a 196 varones). Además, en el 59% de las veces los jurados fueron integrados de forma exclusiva por varones (esto es, en 33 de los 56 concursos realizados entre 2016 y 2019)”.

A la pregunta sobre por qué las reformas del reglamento del concurso no se tradujeron en una mayor participación femenina en los tribunales evaluadores de concursantes, el análisis responde que es probable que las mujeres no cumplan con los requisitos demandados para actuar en los jurados.

“Voluntad transformadora”

Entre 2008 y 2019, el Ministerio Público de la Defensa sustanció y aprobó 145 concursos para llenar 187 cargos. A partir de las 149 ternas elevadas, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) remitió 131 pliegos de designación para que sean aprobados por el Senado y fueron designadas 123 personas.

Los productos de los concursos organizados por el MPD entre 2008 y 2019 dan como resultado que en 8 de cada 10 casos las ternas elevadas al Poder Ejecutivo de la Nación fueron mixtas. En los otros dos supuestos los tercetos están integrados exclusivamente por varones. El informe no encontró ninguna terna integrada de forma exclusiva por mujeres.

En el plazo considerado, las mujeres fueron elegidas por el Gobierno en el 33% de los 123 cargos cubiertos: “estos datos indican la tendencia a la baja de la inclusión de mujeres a la magistratura (actualmente, conforman el 37% del total de defensores/as, sobre 186 cargos efectivamente ocupados). Esos números deslizan que no existe una política institucional de quienes intervienen en esta etapa (es decir, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación) para priorizar el acceso de las mujeres a los cargos de la magistratura, con el fin de compensar situaciones de inequidad y superar ‘el techo de cristal’”.

Los hallazgos de la investigación corroboran la existencia de una distancia significativa brecha entre el reconocimiento formal de derechos y la vida de las mujeres, según evaluó la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. “En este orden, se han constatado en la región profundas disparidades en el acceso de varones y mujeres al empleo y, en particular, a las funciones públicas (incluida la judicatura) por la persistencia de “círculos excluyentes” de poder . Si se asume que no hay cualidades inherentes a los varones (biológicas o culturales) que los hagan más calificados para esa función, cabe concluir que ese resultado es consecuencia de arreglos injustos (pasados y presentes) que perjudican a las mujeres”, observó en el mensaje de presentación de la pesquisa.

Martínez sostuvo que los datos daban cuenta de la presencia de esos procesos de discriminación por razones de género en el acceso a cargos de magistrados y magistradas en el MPD. “Allí se constató que existen obstáculos inherentes a las pautas sociales dominantes que desalientan la presentación de las mujeres a los concursos; que son elegidas como defensoras en una medida muy inferior a sus pares masculinos, y que suelen ser designadas en puestos asociados a roles considerados tradicionalmente femeninos”, resumió. La defensora general subrayó el déficit de personal de los colectivos de travestis, trans y transgénero con independencia del cargo. “Por lo tanto, para alcanzar una composición realmente equitativa, también es necesario dirigir esfuerzos para asegurar el acceso al organismo a estas personas en sintonía con lo establecido en la Ley 27.636, que establece el cupo laboral para personas trans”, agregó.

El “Análisis de Género en los Concursos del MPD” es un diagnóstico sobre posibles barreras y un punto de partida para revertirlas. La institución de Martínez anunció en la introducción del informe que este responde a una voluntad transformadora: “la finalidad última de esta indagación es identificar los núcleos problemáticos de los procesos de concursos para poder proyectar reformas internas que mejoren, en términos de equidad, el acceso a los cargos. Sólo a partir de la identificación precisa de los obstáculos es posible pensar remedios útiles”.

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