Si las elecciones generales corroboran el resultado de las primarias, el oficialismo podría perder una silla decisiva en el Consejo de la Magistratura. Además, habría dificultades para votar los acuerdos a los pliegos de cargos judiciales enviados al Senado por el Poder Ejecutivo, y quedarían virtualmente sepultadas las iniciativas de reforma de los Tribunales Federales y del Ministerio Público Fiscal, y otras ideas como la creación de un estrado que filtre los casos de la Corte.

El terremoto político que produjeron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre de 2021 desató un huracán en el sistema judicial. Si las elecciones generales confirman la victoria opositora, es posible que un nuevo orden reine en el campo de las instituciones que toman decisiones sobre el diseño, la integración y la depuración de los órganos de justicia. Esta situación extinguiría de manera definitiva hasta el 2023 la aspiración del oficialismo de remodelar los Tribunales Federales -en particular, para recortar el poder de los estrados porteños de Comodoro Py-, y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la organización encargada de investigar los delitos. También podrían quedar sepultadas otras iniciativas barajadas para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellas la creación de un tribunal intermedio para resolver los recursos motivados en razones de arbitrariedad.

El Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) en principio parecía ajeno a las primarias, pero el resultado lo involucra de lleno en la contienda. Ocurre que, eventualmente, el Gobierno de Alberto Fernández podría verse forzado a entregar una silla a la oposición si el Frente de Todos pasa a ser la segunda minoría en la Cámara de Diputados. El intríngulis no es fácil de resolver. En el presente, la Cámara Baja aporta tres integrantes: Graciela Camaño, peronista enrolada en Consenso Federal; Vanesa Siley del Frente de Todos y Pablo Tonelli de PRO-Juntos por el Cambio. La ley dice que dos representantes de Diputados deben salir de la mayoría y que la tercera consejería corresponde a la primera minoría. Si el Frente de Todos consigue menos bancas que Juntos para el Cambio, en 2022 -momento en que se renueva la conformación del Consejo- habría una posibilidad de que se modifiquen las consejerías actuales a los fines de adaptarlas a la nueva configuración de la Cámara Baja (es decir, con una nueva mayoría de la oposición).

En 2018, el peronismo entonces dividido en diferentes bloques se unió para despojar a la coalición gobernante Cambiemos de una consejería por Diputados. Fue así que Camaño llegó al Consejo. En 2015, una alianza parecida, pero impulsada por la oposición, arrebató un voto a la gestión de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Un sillón más en el Consejo es suficiente para dar vuelta el esquema de poder imperante, donde el oficialismo suele conseguir siete sufragios y la oposición, seis. Para sesionar hacen falta siete votos y las decisiones se toman con la mayoría absoluta de los presentes. La aprobación de las ternas y de la acusación de la magistratura demanda dos tercios del Consejo. En la actualidad, el organismo es presidido por un académico designado en alianza con el Frente de Todos, Diego Molea. Un crecimiento de las consejerías opositoras tendría virtualmente impacto en 250 concursos en trámite, y en unas 187 denuncias de mal desempeño articuladas contra autoridades judiciales federales y de la Nación. ¿Qué hará la mayoría actual del Consejo ante esta perspectiva? Posiblemente apurar los procesos más sensibles, como el convocado para cubrir la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py que integraban Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia hasta que la Corte dejó sin efecto el mecanismo de los traslados, pero lo más probable es que, con el panorama actual, no sea fácil obtener los dos tercios requeridos para elevar las ternas al Gobierno. Las propuestas que se intuían para esos cargos seguramente serán modificadas.

La hipótesis de aceleración de designaciones estratégicas antes del juramento de los legisladores electos en este turno electoral se asienta sobre la posibilidad de que la administración de Fernández pierda también el quorum propio en el Senado. Ese escenario obligaría a la vicepresidenta Fernández de Kirchner a negociar el orden del día con senadoras y senadores de las minorías. La Cámara Alta tiene entre sus funciones el prestar acuerdo a las designaciones de jueces y juezas, fiscales y fiscalas, y defensores y defensoras de la Nación que hace el Poder Ejecutivo a partir de las ternas que respectivamente elaboran el Consejo y los ministerios públicos. ¿Qué podría suceder en estas circunstancias? Que aumente el “reparto” de cargos judiciales entre las fuerzas políticas con representación en el Senado o que haya un eventual bloqueo para los pliegos enviados por Fernández.

¿Se atreverá?

Un horizonte particularmente complicado se presenta para la batería de proyectos del Gobierno tendientes a rediseñar el sistema judicial. Dos iniciativas controvertidas, la reforma de los Tribunales Federales que busca dispersar la participación de Comodoro Py en los expedientes penales más sensibles para la política y los cambios propuestos para el Ministerio Público Fiscal, están paradas en la Cámara de Diputados, con una oposición que se niega a dar quórum para tratarlas. Esta última propuesta suprime la mayoría agravada de los dos tercios para llenar la Procuración General de la Nación y establece un mandato de cinco años para la jefatura de los fiscales, y modifica la estructura encargada de destituirlos, entre otros cambios. Es una reforma con graves retrocesos, ausencias y pocos avances, según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la organización editora de JusTA.

La remodelación tribunalicia distribuye en 46 unidades las causas que hoy manejan los 12 juzgados de primera instancia de Comodoro Py, que son los que deciden sobre la suerte de las denuncias de corrupción que involucran a altos funcionarios públicos nacionales. Esta estructura iba a ser completada con cuatro cámaras de apelaciones y 17 tribunales orales. Con 40 votos a favor y 26 en contra, el Senado dio media sanción a la reforma hace un año, aunque con cambios respecto del proyecto original. En la negociación en la Cámara Alta se pasó de los 276 puestos nuevos previstos para las provincias a más de 900.

El resultado de las primarias preanuncia que Comodoro Py seguirá como hasta ahora, y que Eduardo Casal permanecerá interinamente a cargo de la Procuración General de la Nación a menos que el Gobierno desempolve el plan de designar allí al juez federal Daniel Rafecas y obtenga el apoyo opositor que precisa para reunir los dos tercios de los votos en el Senado. El oficialismo tampoco tendría margen para hacer modificaciones en la Corte, institución que en las próximas semanas enfrentará su propia renovación interna de autoridades y que necesita recuperar legitimidad.

¿Cómo decodificará la Justicia este nuevo tablero? ¿Repetirá el patrón de comportamiento consistente en adaptar las decisiones a los designios de la mayoría surgida de las urnas? ¿Hay espacio para endurecer el procesamiento de las causas que preocupan a la administración de Fernández? Históricamente el sistema de justicia, en especial el penal, se acomodó al subibaja político. Esta desviación de la independencia judicial es una de las causas de la desconfianza que inspira la Justicia en la ciudadanía. ¿Se atreverá el Congreso a tender puentes para romper la senda de la partidización de los Tribunales? El desorden provocado por los comicios abre una oportunidad para remediar estos déficits institucionales, pero la evidencia indica que las partes en pugna son desafortunadamente más proclives a sostener el statu quo de las fallas estructurales que a revertirlas.

Todos estos posibles cambios en la Justicia luego de una elección de medio término muestran, una vez más, la excesiva partidización del esquema actual del Consejo de la Magistratura (cuya inconstitucionalidad la Corte tiene a estudio hace tiempo). La Justicia no puede tener una dependencia tan manifiesta y severa de cómo resultan los comicios pues cada vez tendremos menos independencia judicial. Los hechos y especulaciones que describimos en esta nota lo dejan en evidencia. Venimos reiterando desde distintas organizaciones de la sociedad civil que se vuelva a un esquema de equilibrio entre los estamentos que limite el poder de los legisladores pues de esta manera no solo el Gobierno se paraliza cada dos años, sino también el organismo encargado de designar y remover jueces.