La petición aduce que, sin la decisión política de cubrir vacantes con perspectiva de género, las medidas implementadas para favorecer la participación de las postulantes en los concursos carecen de impacto en la realidad. Devolver las ternas 100% masculinas aparece como una de las posibilidades sugeridas al Gobierno de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene en sus manos la oportunidad de configurar unos Tribunales cuya composición sea más equitativa y ajustada a la regla de igualdad estipulada en la Constitución y en los tratados internacionales. Este es el punto de partida y el espíritu de la propuesta que 21 organizaciones de la sociedad civil argentina, entre ellas ACIJ [entidad editora de JusTA], acaban de presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. La iniciativa advierte que las instituciones encargadas de concursar los cargos de la Justicia Nacional y Federal, y de los ministerios públicos nacionales están tratando de favorecer la participación de las postulantes, pero que esas medidas resultan inocuas si, en la etapa política de la cobertura de vacantes, la Casa Rosada prescinde de la perspectiva de género.

Según las organizaciones no gubernamentales (ONG), las desigualdades estructurales constatadas en el sistema judicial mejorarían si el Poder Ejecutivo se autolimitara y se impusiera a sí mismo una serie de reglas al momento de escoger los pliegos que remite al Senado, finalidad que algunas concursantes intentaron en forma infructuosa por la vía de la judicialización. Esta idea no es nueva: en 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner dictó los decretos 222 y 588 aún en vigor para transparentar y estimular la participación ciudadana respecto de la potestad discrecional del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y nombrar a las cabezas de los ministerios públicos. El petitorio sostiene que ha llegado la hora de dar un paso más en esa senda, y, por medio de otro decreto, garantizar la igualdad de género en la judicatura, las fiscalías y las defensorías públicas.

El futuro acto administrativo de autolimitación debería incluir la decisión de devolver a los organismos emisores aquellas ternas que sólo contengan hombres con el razonamiento de que, al configurar una discriminación, devienen inconstitucionales y son potencialmente generadoras de responsabilidad internacional para el Estado argentino. Además, el Gobierno tendría que practicar un estudio del impacto de su designación antes de tomarla para definir cuán necesario es nombrar una mujer en aras de romper la hegemonía de los varones o mejorar el equilibrio en los órganos judiciales objeto de la cobertura.

La reglamentación podría establecer la obligatoriedad de seleccionar mujeres en el caso de vacantes de estrados colegiados -como salas de cámaras de apelaciones y tribunales orales- cuya composición fuera completamente masculina. También sería recomendable que el Poder Ejecutivo determine el porcentaje mínimo de cargos judiciales -incluida la Corte- que deban ser ocupados por mujeres, por debajo del cual se presumirá -sin admitir prueba en contrario- que existe una situación de discriminación por razones de género. El compromiso tendría que comprender un trabajo conjunto con el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa para que los procesos de preselección que aquellos llevan adelante incorporen medidas afirmativas que garanticen el acceso igualitario a los puestos de su jurisdicción. Y todo este trabajo quedaría definitivamente consolidado en una política pública si la Casa Rosada constituyera una comisión plural y participativa con la meta de elaborar un anteproyecto de ley que regule con carácter estable el compromiso de alcanzar una Justicia paritaria.

Inconstitucionalidad persistente

La propuesta se apoya, entre otros datos objetivos, en los hallazgos del Mapa de Género de la Justicia argentina y de un estudio del Ministerio Público de la Defensa que corroboran que el número de hombres aumenta en la medida en la que aumenta el poder en juego. Por el contrario, las mujeres son mayoritarias en la base -los cargos más bajos- del sistema judicial, pero su presencia disminuye según se asciende en la jerarquía. La imagen icónica de esa disparidad es la Corte actual, que quedó conformada por cuatro varones tras la renuncia de Elena Highton. Si se toma en cuenta la situación de los ministerios públicos, resulta que sólo hay una mujer en la cúspide, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

“De acuerdo con el Mapa de Género de 2021 elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte, las mujeres ocupan el 31% de los cargos de magistrados y magistradas de la Justicia Nacional y Federal”, observaron Amnistía Internacional Argentina; Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina; CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional); CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); CIDC (Centro para la Implementación de los Derechos Constitucionales); ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género); FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer); FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables); Fundación Activismo Feminista Digital; Fundación Atreuco; Fundación MxM; Fundación Poder Ciudadano; GQUAL Campaign; INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales); La Casa del Encuentro; MEI (Fundación Mujeres en Igualdad); Mujeres en la Abogacía; Asociación Civil Razonal; Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina; Xumek (Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos) y ACIJ.

Las ONG añadieron que, en algunos fueros, el porcentaje de camaristas mujeres llega a cero (como en el caso de las cámaras federales de La Plata, Mar del Plata y General Roca, y de las cámaras nacionales de Casación en lo Criminal y Correccional, en lo Criminal y Correccional Federal, y de la Cámara Nacional Electoral). “Las cifras publicadas por la Oficina de la Mujer evidencian que en el sistema de justicia persiste un ‘techo de cristal’ basado en una segregación horizontal y vertical que impide que las mujeres puedan acceder a cargos más altos en condiciones de igualdad con los varones”, advirtieron.

El Poder Ejecutivo no puede seguir contribuyendo o desconociendo su aporte a la brecha de género. Las organizaciones que firmaron el petitorio dirigido en última instancia al presidente Alberto Fernández sostienen que seguir así, como hasta el presente, supone avalar “el estado de inconstitucionalidad imperante”.