La legitimidad para juzgar requiere acciones ejemplares, autolimitaciones y mensajes contundentes en favor de la participación ciudadana en la Justicia. Esta idea inspira el documento “Una agenda para el futuro de la Corte Suprema” que contiene 13 propuestas de cambios pendientes y que se propone como base para recrear el diálogo institucional. Objetivos ambiciosos de apertura y modernización conviven con cuestiones básicas que urge resolver.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene servida la oportunidad para iniciar un diálogo participativo y transformador que la fortalezca en su rol de cabeza del Poder Judicial argentino y de intérprete última de la Constitución. El temario propicio para esa conversación consta en el documento “Una agenda para el futuro de la Corte Suprema” que elaboraron ocho organizaciones no gubernamentales: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entidad editora de JusTA; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Poder Ciudadano, y la Unión de Usuarios y Consumidores. El texto incluye 13 propuestas específicas guiadas por la convicción de que la cima de la Justicia debe ser también la cima de la transparencia, de la igualdad de oportunidades, de la rendición de cuentas y de la garantía plena de los derechos.

“La Corte no sólo desempeña una función clave en términos jurisdiccionales, sino que también cumple un papel político e institucional con significativas repercusiones sobre nuestra democracia”, afirma el informe presentado al presidente Horacio Rosatti. Las ONG expresaron que las ideas que habían reunido abordaban algunos de los desafíos principales que desde hace años se vienen identificando y diagnosticando respecto del funcionamiento del máximo tribunal nacional. Según el documento, los avances en este temario de antigua data reforzarán la confianza pública que la Corte precisa para incrementar la legitimidad de sus decisiones.

La agenda consta de tres ejes: a) una nueva relación con la ciudadanía: participación, transparencia y rendición de cuentas; b) una política de acceso a la justicia centrada en las personas y c) un diseño institucional para el buen gobierno. Las proposiciones desarrolladas combinan desde antiguas deudas fundadas, por ejemplo, en el incumplimiento de leyes vigentes respecto del ingreso democrático del personal y el acceso a la información pública hasta posiciones jurídicas innovadoras, como sería reglar la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), cláusula que permite a la Corte rechazar un recurso según su discreción, bajo la mera interposición de un criterio de autoridad y con la sola invocación de esta norma por falta de agravio federal suficiente, o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.

Algunas propuestas procuran acelerar medidas de apertura a la sociedad que quedaron a mitad de camino, como la implementación de las audiencias públicas y la convocatoria a emitir opinión acerca de los casos con la modalidad de los “amigos del tribunal”. Otras iniciativas lucen perentorias por su razonabilidad, racionalidad y practicidad. En ese orden se inscriben la invitación a asegurar la publicación abierta y completa de las declaraciones juradas patrimoniales de los integrantes de la Corte; a elaborar un reglamento para el adecuado registro y publicidad de las audiencias de gestión de intereses; a impulsar el diseño de un plan de producción de estadística judicial y a garantizar plazos razonables para la resolución de las causas con base a criterios de priorización no arbitrarios a los fines de evitar la repetición de la experiencia de judicialización eterna del caso “Armas”.

Derribar barreras

En cuanto a la política de acceso a la justicia centrada en las personas, las ONG sugieren dialogar acerca del costo elevado que implica litigar en la Corte y que resulta infranqueable para ciertos grupos vulnerables que, paradójicamente, son los que más necesitan que aquel estrado se pronuncie. Una reforma profunda en ese ámbito demanda, entre otras iniciativas, la posibilidad de eximir el pago del depósito exigido -hoy $ 100.000- para interponer el recurso de queja por recurso extraordinario denegado; incorporar de manera definitiva la tramitación digital de las causas adoptada durante la emergencia sanitaria y eliminar el requisito de constitución del domicilio físico en la Ciudad de Buenos Aires; establecer pautas de informalismo en favor de quienes litigan e implementar principios específicos de acción afirmativa que tiendan a favorecer especialmente el acceso a la jurisdicción de colectivos tradicionalmente excluidos.

El eje destinado a debatir el diseño institucional para el buen gobierno incluye la recomendación de que los ministros de la Corte, que hoy son todos varones, manifiesten de forma contundente la importancia de que aquella presente una conformación igualitaria, declaración que serviría como referencia para las instituciones encargadas de practicar las designaciones, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. “Desde su primera integración (1863) hasta el presente, sólo dos mujeres fueron elegidas en democracia como ministras de la Corte (Carmen Argibay -fallecida- y Elena Highton -jubilada-). Sus nombramientos tuvieron lugar tras la entrada en vigencia del Decreto 222/03, que dispone la necesidad de que el Poder Ejecutivo, al momento de la formulación de cada propuesta de nuevas o nuevos miembros para remitir al Senado, tenga en cuenta que debe reflejar las ‘diversidades de género, especialidad y procedencia regional’. Sin embargo, desde que en 2005 fuera nombrada Argibay, las mujeres estuvieron ausentes en las últimas propuestas y designaciones: seis candidatos varones fueron propuestos desde aquella fecha, de los cuales tres resultaron efectivamente designados”, apunta el documento.

Además de aconsejar la generalización de los concursos públicos para la cobertura de los empleos judiciales, la agenda vuelve sobre el antiguo tema del impuesto a las ganancias, e insta a la Corte a asumir que todos los jueces deben tributarlo y no solamente los que ingresaron a partir de 2017. “La eximición del pago del impuesto a las ganancias al Poder Judicial no sólo afecta la garantía de igualdad ante la ley y la distribución equitativa de los impuestos públicos, sino que representa una renuncia del Estado a recaudar una cantidad relevante de recursos cuyo destino podría ser la atención de grupos vulnerabilizados. El proyecto de presupuesto para el 2022 prevé que el Estado dejará de recaudar $ 72.914 millones por esta exención”, acota el texto. Y agrega que el pago de ganancias no lesiona la intangibilidad de las remuneraciones ni perjudica la independencia judicial, una amenaza que jamás fue verificada en los hechos: “sería prudente que la Corte Suprema encabezara un proceso de abandono de este tipo de privilegios fiscales que la distancian de la ciudadanía. Ello podría darse mediante manifestaciones públicas en tal sentido; el aliento de reformas normativas igualitarias para el Poder Judicial o la decisión de asumir voluntariamente el pago de dichos tributos”.

Un aniversario, una oportunidad

El buen gobierno institucional precisa de modificaciones en la administración de los recursos del Poder Judicial, en particular hace falta reducir los márgenes de discrecionalidad y dotar de publicidad al proceso de elaboración del presupuesto; al manejo del fondo anticíclico creado en 2008, que ascendería a más de $ 30.000 millones, según cálculos extraoficiales de 2020, y a todo lo referido a los bienes secuestrados en causas penales mediante medidas cautelares o decomiso.

La última propuesta recoge un tema pendiente desde 1994, cuando la Constitución Nacional creó el Consejo de la Magistratura y le asignó funciones administrativas, además de las misiones de preseleccionar a jueces y juezas de cámara y de primera instancia, y de promover sus destituciones. ACIJ, CELS, CIPPEC, ELA, FARN, INECIP, Poder Ciudadano, y la Unión de Usuarios y Consumidores sostienen que ha llegado la hora de que la Corte entregue a ese organismo las competencias de superintendencia que conserva con excepción de las que atañen estrictamente a su ámbito, y se dedique a emitir sentencias. Dejar de lado la tramitación de licencias, sanciones, ascensos y toda clase de peticiones administrativas permitirá al máximo tribunal destinar sus energías y tiempo a los temas urgentes del derecho y la justicia donde su intervención resulta insustituible y deviene esencial.

En definitiva, la Corte dispone de una hoja de ruta para abrirse a la renovación que merece en la víspera del 40 aniversario de la restauración democrática. Es una conversación que se debe a sí misma, y, fundamentalmente, que debe a la ciudadanía que ha de servir en términos concretos y simbólicos. La oportunidad de crecer y de encabezar un movimiento de regeneración aguarda con el brazo tendido. Después de todo, una Corte que se atreve a capitalizar la crítica y a dar pasos difíciles con la mirada puesta en nuestras castigadas sociedades es la fiesta más esperanzadora que se puede ofrendar a la democracia.